Alcalde de Cali fue denunciado ante el Comité de Estupefacientes de la ONU

Por considerar que no se tomaron las medidas necesarias para evitar los bloqueos de vías durante el pasado el paro nacional, fue denunciado ante el Comité de Estupefacientes de la ONU el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

De acuerdo con Gustavo Orozco, el único latinoamericano invitado a hablar ante ese organismo como representante de la sociedad civil, el mandatario de la capital vallecaucana no tomó las acciones administrativas y de gobierno para evitar los bloqueos que afectaron a los ciudadanos y que incluso derivaron en acciones delincuenciales afectando a la ciudadanía.

La denuncia, que fue presentada en el marco de la reunión de la 64ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND), hace énfasis en que “la negligencia de Ospina contribuyó a la generación de violencia y criminalidad en la ciudad que tuvo los más altos índices de destrucción en el país”.

De acuerdo con el denunciante, se debe investigar y vigilar el incumplimiento de las funciones por parte del alcalde Ospina al no tomar acción alguna como primera autoridad en el orden público de su ciudad contra los bloqueos, lo que podría hasta implicar la comisión de prevaricato por omisión.

Para el politólogo “su conducta, (la del alcalde Ospina) prolongó la vulneración de los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos, fortaleció el crimen organizado, y sacrificó el control de la fuerza pública en Cali. Hoy, esa omisión continua al no tomar decisiones contundentes para frenar el auge de la criminalidad en nuestra ciudad”.

Orozco fue invitado a esta reunión de las Naciones Unidas por su trabajo constante y la lucha contra la delincuencia en la capital del Valle del Cauca y es el primer latinoamericano presente en estos debates.

Como se recuerda, fue el vocero y promotor de la Marcha del Silencio, que convocó a más de 10.000 caleños a una manifestación pacífica, que pedía la terminación de los bloqueos en su ciudad.

Es politólogo de Davidson College y tiene una maestría en seguridad de Georgetown University y ha sido asesor en temas de seguridad del gobierno nacional, de autoridades locales y de empresas privadas.

Actualmente, lidera la Fundación Objetivo Cero que se dedica a hacer frente al crimen y violencia del Pacífico colombiano.

Procuraduría investiga al alcalde de Cali por polémica contratación de miembros de la primera línea

A finales de septiembre, la Procuraduría abrió investigación contra el alcalde de Cali, por haber decidido contratar a miembros de la llamada primera línea en su administración: “PRIMERO: ABRIR INDAGACIÓN PRELIMINAR en contra de Jorge Iván Ospina Gómez en su calidad de alcalde distrital de Santiago de Cali, por las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir al decidir vincular a integrantes de la primera línea a la alcaldía distrital”, dice el auto de la Procuraduría.

Algunos de estos grupos pusieron en jaque a Cali durante dos meses de paro y varios de ellos fueron detenidos y vinculados a investigaciones por delitos graves.

El organismo de control disciplinario le dio diez días a la Alcaldía de Cali para que entregue varios documentos, entre ellos: “Certificación en la que conste las razones de hecho y de derecho que originaron la decisión de contratar o vincular a la administración miembros de la primera línea a la alcaldía”, dice la Procuraduría en el documento conocido por SEMANA.

Agrega otros requerimientos: “Certificación en la que conste la forma en que se piensa vincular o se han vinculado los miembros de la primera línea a la alcaldía. Adjuntar estudios de necesidad y conveniencia si los hubiere”.

El alcalde Jorge Iván Ospina ha explicado en los medios de comunicación que se trata de una medida para ayudar a los jóvenes, independientemente de que pertenezcan a la primera línea. Estas personas, por lo menos 40, se encargarán del mejoramiento de la red de semáforos de la ciudad y la demarcación vial.

La medida del alcalde Ospina generó una lluvia de críticas en su contra puesto que la Primera Línea puso en jaque la ciudad por más de dos meses durante el paro que empezó el 28 de abril. Varios de los integrantes de este grupo fueron judicializados y vinculados a crímenes como homicidio, asonada, terrorismo y tortura.

Las investigaciones de la Procuraduría apenas empiezan y deberán concluir si el mandatario cometió irregularidades o no.