Alcalde de Cartagena revisa acuerdo para definir fecha de demolición del edificio Aquarela

La múltiples veces anunciada, pero hasta ahora no ejecutada demolición del cuestionado edificio Aquarela en Cartagena parece que esta vez sí se podría llevar a acabo.

Este lunes, el alcalde de Cartagena, William Dau, anunció que el convenio interadministrativo que daría fin a la polémica por la construcción y posterior restitución de 619 metros cuadrados del espacio público, en la zona de influencia del Castillo San Felipe, ya fue recibido en su despacho y se encuentra bajo revisión final.

Dicho convenio, en el que participan la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre –con cargo al fondo de Fiduprevisora S.A.–, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Cartagena, busca “aunar esfuerzos institucionales, técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para implementar la demolición de la obra, ordenada en octubre de 2018 por la inspectora de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2 del Distrito de Cartagena, con el propósito de garantizar la integridad urbanística y la protección del espacio público”.

Luego de la presentación del convenio por parte de la UNGRD, la Alcaldía y el MinCultura se comprometieron a revisarlo para avanzar en la consolidación del documento final.

“Les quiero hablar de la demolición del edificio Aquarela, la cual pensamos hacer dentro de la legalidad, siguiendo todos los pasos necesarios. La semana pasada recibimos de la UNGRD la hoja de ruta para la demolición del mismo. Ellos mandaron su hoja de ruta para la demolición y aquí el equipo jurídico y demás del Distrito lo han estado revisando; ya hicieron modificaciones y ahora el siguiente paso es devolver el documento para sus comentarios”, precisó el mandatario.

La jefa de la Oficina Jurídica de Cartagena, Myrna Martínez Mayorga, dijo que lo que se busca es dar “una pronta solución a una de las problemáticas más importantes de la ciudad, en salvaguarda de los derechos e interés colectivos”.

Mil enredos

El caso del edificio Aquarela ha dado para mil enredos y múltiples declaraciones en los últimos tres años, desde que la Unesco anunció que la construcción podría poner en riesgo el Plan Especial de Manejo y Protección de monumentos que son patrimonio –que ese organismo de Naciones Unidas venía exigiéndole a Colombia desde 1984– al haberse levantado en la la parte posterior del Castillo de San Felipe.

Debido a esto, en 2017 el Ministerio de Cultura instauró una acción popular contra el Distrito de Cartagena por haber aprobado la licencia de construcción al Aquarela, una torre de 30 pisos de la promotora Calle 47 S.A.S.

Desde ese momento la Alcaldía y la constructora iniciaron un proceso legal, hasta que en 2018 fue ordenada la demolición; sin embargo, esta no se ha podido llevar a cabo.

A la discusión se sumaron este año, entre otros, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, inspectores de policía, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, curadurías urbanas y Procuraduría General de la Nación, siendo esta última una de las de mayor protagonismo, al surgir un enfrentamiento directo entre el alcalde Dau y el saliente procurador general, Fernando Carrillo.