Alcalde de Líbano, Tolima, habría alterado pruebas para comprar barato un lote que estaba en remate

En el municipio de Líbano, al norte del Tolima, hay revuelo por la imputación hecha por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de su alcalde, Jesús Antonio Giraldo Vega, quien habría realizado algunas maniobras irregulares para la compra de un lote a un precio muy favorable para sus intereses.

De acuerdo con la investigación, el 16 de septiembre del año 2013 se alcanzó un acuerdo entre Giraldo Vega, quien también era alcalde en ese entonces, el exasesor jurídico de la administración, Jaime Berján Rodríguez, y Jairo Arango Castaño, quien era el representante legal del Club de Tejo Tayrona, en el cual buscaron la manera para que no se llevara a cabo el embargo y posterior remate de un predio localizado en la cabecera municipal de Líbano.

Sobre este lote se adelantaba un proceso coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda del municipio, que pertenece al departamento del Tolima, por un dinero pendiente de pago, el cual, fue finalmente archivado para que después se procediera con la renovación de la personería jurídica del Club de Tejo Tayrona. Luego, su presidente vendió el terreno por 108 millones de pesos y en las escrituras como nuevos propietarios aparecieron el asesor jurídico de la administración municipal y dos hijas del alcalde de Líbano.

También se logró establecer que se indujo al error a la inspección de Policía de Líbano y a la Gobernación del Tolima, al aportar pruebas falsas para desalojar a un tercero que estaba ocupando ese predio, por lo que desde la administración departamental se emitió una resolución en la que se brindaba plena aceptación y reconocimiento al nuevo presidente del Club Tayrona, lo cual dejó el camino libre para la adquisición del lote bajo unas condiciones ampliamente favorables para el alcalde de ese entonces, que repite mandato en el periodo actual 2020‐2023.

Este mismo año, el mandatario resultó involucrado en los hallazgos que hizo la Contraloría del Tolima según los cuales se habla de un presunto daño patrimonial por más de 171 millones de pesos, porque no se realizaron de manera oportuna los cobros de los impuestos predial y de industria y comercio, durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.

Otro alcalde tolimense que resultó enredado en líos de corrupción fue Medardo Ortega Fonseca, quien estaba al frente de la administración municipal de Armero–Guayabal y quien fue capturado en su casa del barrio Carolina por su presunta vinculación con la red de Las Marionetas, que era dirigida por el senador caldense Mario Alberto Castaño Pérez y la cual se apoderó de multimillonarios contratos del Estado.

Nova Lorena Cañón Reyes, quien era la relacionista pública del parlamentario caldense, confesó que este le entregó 50 millones de pesos por gestionar la construcción de un centro Sacúdete en Armero–Guayabal; mientras que la ingeniera Ruth Piedad Echavarría Campuzano, a quien le adjudicaron el contrato y había hecho algunas obras con la Alcaldía de Ibagué, le dio 20 millones más como pago por el favor.

A propósito de la lucha contra la corrupción en territorio tolimense, la Fiscalía General de la Nación aplicó a inicios de este mes la medida cautelar de embargo y extinción de dominio a un bien inmueble ubicado en el municipio de Melgar por haber sido adquirido con dinero de procedencia ilícita; este corrió la misma suerte que otras viviendas, locales comerciales, sociedades, vehículos y cuentas bancarias en 30 poblaciones de 14 departamentos.

El inmueble se encuentra en la lista donde aparecen 184 propiedades, las cuales están avaluadas en más de 69.000 millones de pesos, que fueron ocupadas por personal del grupo de Finanzas Criminales de la Fiscalía con apoyo del CTI y el Ejército Nacional, ante su vinculación con casos de corrupción relacionados con el Plan de Alimentación Escolar en varias regiones del país, SaludCoop y el denominado Carrusel de las Pensiones.