Alcalde de Medellín pierde tutela contra Uribe, pero sostiene que él y su familia fueron calumniados

La tutela contra el expresidente Álvaro Uribe y sus declaraciones, fue interpuesta por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, para exigirle al exmandatario que rectifique las declaraciones en Twitter y que señalaba a la Alcaldía de Medellín como corrupta, apoyada por los “combos violentos” y deshonesta. La tutela fue negada en primera instancia y ahora una autoridad superior confirmó la decisión.

En la tutela el alcalde Quintero le pide al expresidente y al juzgado que ordene rectificar las declaraciones, que no es cierto, ni le consta que este sea un “…ladrón o un corrupto, ni que recibe sobornos, ni que lo ayudaron a elegir los combos violentos, ni que tiene el compromiso de obtener rentas corruptas a través de la contratación del municipio, ni que vendió, a través de la contratación pública, las secretarías de despacho y toda la estructura de la Administración Municipal, ni que pone a su esposa en búsqueda de dineros corruptos…”, reza en la tutela.

En la misma solicitud el alcalde insta al expresidente a hacer las rectificaciones por el mismo medio que utilizó en las afirmaciones que calificó de deshonrosas y contrarias a la verdad, además de prohibirle al exmandatario retirarlas de la red social, eso sí, eliminando las publicaciones que hizo y que motivaron la acción de tutela.

“Finalmente, el actor depreca que se conmine al sujeto querellado a que en el futuro se abstenga de repetir las conductas cuestionadas a través de este remedio constitucional, a través de los medios masivos de comunicación, entre ellos internet”, señala la decisión de segunda instancia que nuevamente dejó por fuera de la discusión al alcalde de Medellín, que buscaba una rectificación del expresidente.

El alcalde Quintero enumeró una serie de publicaciones en medios de comunicación donde nuevamente y a su criterio, el expresidente Álvaro Uribe arremetió en su contra con falsas imputaciones que deben ser rectificadas al no tener el sustento probatorio para hacerlas públicas y de la forma en que se expusieron.

“Mucho menos es cierto que, en mi calidad de Alcalde, haya vendido, a través de la contratación pública, las secretarías de despacho y toda la estructura de la Administración Municipal. Finalmente, no es cierto que ponga a mi esposa en búsqueda de dineros…”, dijo el alcalde en la tutela que radicó y que nuevamente fue negada por improcedente.

Para la juez resulta improcedente la acción de tutela tras considerar que los dos, tanto el alcalde Quintero, como el expresidente Uribe, son actores políticos y en repetidas oportunidades han cruzado comentarios que a su consideración no transgreden la legislación constitucional vigente y por tanto no procede la tutela.

“Dichas prerrogativas y su debate hace parte de un entorno político que a juicio de este despacho no raya con los límites que ha fijado la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación al buen nombre y la honra del Alcalde de Medellín”, señaló la decisión de primera instancia.

Esa interpretación del juzgado fue analizada por la segunda instancia al resolver y confirmar que la acción de tutela no procedía en este caso puntual, por cuanto hay algunos derechos fundamentales como la libertad de expresión, que se debe garantizar, incluso en escenarios de confrontación política.

“Adicional a esto, no puede desconocerse que la parte accionante actualmente ostenta un cargo público (Alcalde de Medellín), y por tal motivo, tal y como ha sido enfatizado por el Alto Tribunal Constitucional, su quehacer está sometido al escrutinio público y a la posibilidad de que sus actos sean criticados tanto por parte de los ciudadanos, como por sus contendores políticos”, señaló el juzgado

Para el juez los comentarios hechos por el expresidente Uribe ocurren por la gestión pública y la calidad de alcalde que ostenta Daniel Quintero, misma que debe ceder paso a la libertad de expresión, sobre todo cuando está claro que los dos ostentan una notoriedad pública que para el juzgado resulta evidente, se trata de una discusión en el marco de un discurso político.