Alcalde de Samaná, Caldas, no acepta cargos por supuesta vinculación con red de Las Marionetas

Alfredo Odacid Valencia Dovale, actual alcalde del municipio de Samaná, al oriente de Caldas, fue enviado a la cárcel por su presunta vinculación con la red de corrupción liderada por el senador Mario Alberto Castaño Pérez, la cual habría direccionado la contratación pública en varios departamentos y municipios del país.

Al mandatario, que fue capturado en Bogotá mientras hacía algunas diligencias en Paloquemao, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer.

Aunque los cargos no fueron aceptados por el hoy procesado, un juez de Control de Garantías, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

De acuerdo con la Fiscalía, el alcalde de Samaná estaría involucrado en cuatro eventos distintos que tendrían que ver con Las Marionetas. En tres de estos, al parecer, intervino para que procesos contractuales quedaran en manos de personas referenciadas por el congresista Mario Castaño, quien sería el articulador de la citada red de corrupción.

Los casos a los que hacen referencia tienen relación con el presunto ajuste de las condiciones de dos contratos que tenían como objetivo realizar los estudios previos y la consultoría en igual número de proyectos.

Los mismos tenían un valor de 24 millones de pesos para la construcción de canchas sintéticas de fútbol. Adicional a esto, presuntamente pidió anular un contrato suscrito por la Secretaría de Agricultura porque el proponente seleccionado no haría parte del entramado criminal.

La Fiscalía dio a conocer además que pudieron establecer que el alcalde le ofreció un millón de pesos a un concejal del municipio para que votara a favor de una persona que aspiraba ocupar la secretaría de la corporación.

Valencia Dovale es médico cirujano de profesión y en su primera incursión en el mundo de la política alcanzó la Alcaldía de Samaná con 5.951 votos, es decir, el 60,22 % de los sufragios, gracias a la coalición Juntos Hagamos Historia - Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA).

Este es el cuarto alcalde de Caldas que termina tras las rejas por vínculos con la red de corrupción liderada por el senador Mario Alberto Castaño Pérez, quien recientemente aceptó 19 delitos ante el despacho del magistrado Misael Rodríguez en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.

Los otros mandatarios caldenses envueltos en este tremendo lío judicial son Jhonattan Manuel Vásquez, de La Merced; Diego Fernando González, de Aguadas, y Andrés Felipe Aristizábal Parra, de Villamaría, quienes renunciaron posteriormente a sus cargos.

Con relación al senador Mario Alberto Castaño Pérez, oriundo de Pácora, al norte de Caldas, en las últimas horas la Fiscalía realizó la ocupación de nueve bienes con fines de extinción de dominio en la ciudad de Manizales, afectando el patrimonio de esta organización que se encargaba de alterar la celebración de contratos en todo el país para apoderarse de los recursos públicos.

De acuerdo con la directora especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Liliana Patricia Donado Sierra, se trata de un inmueble urbano, un establecimiento de comercio y siete vehículos que también se encontraban circulando en la capital caldense, los cuales fueron adquiridos por el líder político Mario Castaño, y luego registrados a nombre de una empresa de transportes, presuntamente con el objetivo de no ser detectados por las autoridades en los controles.

Este operativo se enmarca en una segunda etapa de investigaciones que busca esclarecer el patrimonio que logró alcanzar Mario Castaño durante sus actuaciones, en el que una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso a los activos avaluados en 12.000 millones de pesos las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.