Soacha
Alcalde de Soacha denunció amenazas de muerte en su contra por expropiación de un terreno ocupado ilegalmente
El mandatario local aseguró que han intentado acabar con su vida en dos oportunidades.
El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, denunció que recibió nuevas amenazas de muerte de parte de los conocidos Tierreros, los cuales, al parecer, han intentado acabar con su vida en dos oportunidades, esto debido a la necesidad de expropiar 300 hectáreas que pueden llegar a costar billones de pesos y albergar a más de 50.000 familias de forma ilegal.
El mandatario señaló que la necesidad de controlar y expropiar este sector es prioridad del gobierno de la ciudad para continuar trabajando por el desarrollo y el avance de la Comuna 4. Un sector que lleva 40 años en el olvido, y en el cual podría albergar a más de 50.000 familias si no se realiza un control.
“No me va a temblar la mano para firmar la expropiación de 300 hectáreas en la Comuna 4. Mi conciencia y mis principios no se venden. Han intentado quitarme la vida en dos intentos, pero no va a haber nadie que pueda permitir o extorsionarme porque esa tierra es la de nuestros hijos en el futuro”, anunció el alcalde.
Saldarriaga afirmó que esta extensión de tierra será utilizada para un parque ambiental que beneficiará a todos los soachunos y al medio ambiente.
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“Esta tierra será una herencia de un parque ambiental para nuestros hijos. Una muestra de que las condiciones de vida son diferentes, con la esperanza y la ilusión de que pueden vivir sin barro, aguas residuales y las calles dañadas”, puntualizó el mandatario.
Igualmente, solicitó a la Policía Metropolitana de Soacha tener en cuenta las denuncias públicas realizadas por él mismo en contra de su vida y del beneficio de la comunidad.
Por otro lado, Saldarriaga afirmó que las acusaciones que realiza la Procuraduría General de la Nación ante una supuesta desviación de mercados en la pandemia por la covid-19 es sin fundamento.
Lo que se desconoce, y según explicó el mandatario, es que la polémica se desata por un total de 20 mercados que no fueron comprados con recursos públicos sino entregado por donaciones, las cuales fueron recibidas por personas que requerían esta ayuda humanitaria.
“En época de pandemia doné tres meses de mi salario y con la estrategia del trapo rojo logramos entregar un millón de ayudas alimenticias. Si me toca que me saquen por 20 mercados, estoy listo para irme y entregar el cargo del alcalde con la frente en alto; pero les aseguro que antes dejo firmada la expropiación de esa tierra”, finalizó el alcalde.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al alcalde de Soacha, Cundinamarca, Juan Carlos Saldarriaga Gaviria; a la secretaria ejecutiva del despacho de la planta de personal, Sor María Alarcón Alba, y al concejal del municipio Hernán Darío Soto Varón, por presuntamente entregar mercados durante la emergencia por covid-19 a personas relacionadas con la Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA).
La Procuraduría Provincial de Instrucción Fusagasugá señaló que los funcionarios “habrían omitido garantizar la distribución equitativa de bienes a las personas necesitadas, al priorizar a miembros del partido político que apoyó su candidatura electoral”.
En este caso, la investigación encontró que al avalar Saldarriaga Gaviria la compra de mercados para atender las necesidades de la ciudadanía, pero destinarlos a miembros de su colectividad, pudo incurrir en una actuación irregular por omitir los deberes propios de su cargo, con la que se habría apartado de las normas que gobiernan el ejercicio de la actividad pública.
Cabe recordar que en mayo, la Contraloría Distrital dio apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en contra de 15 alcaldes locales de Bogotá por irregularidades en el contrato que los Fondos de Desarrollo Local firmaron con la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca para entregar kits de alimentación y aseo a las familias más pobres de la ciudad durante el inicio de la pandemia de la covid-19.
De acuerdo con el órgano de control, personas muertas e inexistentes, forman parte de la radiografía del posible detrimento patrimonial en Bogotá con los kits en pandemia.