Alcalde en Tolima podría ir a la cárcel, ¿de quién se trata?

Desde el año 2008 el alcalde del municipio de Chaparral en el departamento de Tolima, Hugo Fernando Arce Hernández, viene librando una batalla judicial que parece haber llegado a su fin y que, al parecer, lo pondría tras las rejas, dejando más de un año al municipio sin alcalde.

El mandatario municipal es señalado del delito de falsedad en documento privado cuando como fundador y socio de una cooperativa registrada como Cootservisur Ltda, falsificó la firma del representante legal para crear una orden de pago por 4.500.000 que posteriormente retiró en una entidad bancaria.

Para ese momento el representante legal de la entidad era un hombre identificado como, Fredy Carvajal Duque.

Según los datos de la investigación en contra del ahora alcalde de esa municipalidad del sur de Tolima, en el año 2019 ya se había tomado la decisión en su contra y fue confirmada en 2021 por el Tribunal Superior de Ibagué.

Sin embargo, interpuso un último recurso que le fue negado la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, y la condena por el delito es de 16 meses privado de la libertad.

“El 11 de octubre de 2008, HUGO FERNANDO ARCE HERNÁNDEZ falsificó la firma del representante legal de la Cooperativa Cootservisur Ltda., en un recibo denominado ‘orden de pago No. 8445862′, por un valor de $4.500.000, que posteriormente utilizó para retirar dicha suma de la sucursal de Bancolombia en el municipio de Chaparral (Tolima)”, dice el documento de la decisión de la Corte.

Destituyen e inhabilitan por 17 años a un alcalde

Hace menos de una semana, los habitantes del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, padecían por el problema de salud pública e higiene causado por la mezcla entre aguas residuales y aguas de consumo, lo que ocasionó que varias personas se enfermaran y muchas otras no contaran con el suministro por más de 24 horas. Ahora, otra problemática aqueja al sector. Esta vez se trata de la destitución del alcalde.

Carlos Julio Socha, quien se desempañaba en el despacho central de la administración desde 2020, venía siendo investigado por la Procuraduría General de la Nación por algunos hechos cometidos en la vez anterior que ocupó el mismo cargo, de 2012 a 2015.

En esa ocasión, se produjeron irregularidades en la firma de un contrato para el recaudo de las fotomultas. Asimismo, el acuerdo afectaba también otras operaciones de tránsito del municipio.

De esta manera, el órgano de control determinó que el contrato fue firmado por medio de la modalidad de contratación directa. No obstante, esto no era lo propio, ya que se requería que la administración convocara una licitación pública, la cual permitiera que varios oferentes participaran y se escogiera en consenso.

Por otra parte, llamó la atención de las autoridades que el firmante fuera una sociedad de economía mixta, de la cual el Estado solo poseía el 20 %. En tanto, lo que la ley establece es que la participación estatal debe ser por lo menos superior al 50 %.

“Ni los contratos interadministrativos, ni la constitución de sociedades de economía mixta, se puede convertir en atajos para saltarse una licitación pública y limitar la participación de pluralidad de oferentes, máxime cuando el contrato no tenía una correlación entre las obligaciones y la remuneración”, confirmó el Ministerio Público.

Asimismo, no fue solo el proceso de contratación lo que ocasionó consecuencias legales para Socha. Por otra parte, la Procuraduría notó que los estudios que se hacen antes de la firma del documento no fueron hechos con los cuidados suficientes. El organismo supervisor detalló que no se realizó un análisis del modelo financiero, el cual pudiese validar la viabilidad del contrato.

El acuerdo finalmente fue adjudicado a la sociedad de economía mixta Empresa de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario S.A.S. -ETTVR-, por un periodo de 30 años, de acuerdo a lo que puntualizó la entidad.