Alcaldes en crisis: alerta por amenazas de grupos al margen de la ley contra mandatarios locales

El más reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que al menos una decena de alcaldes han tenido que desempeñar sus funciones desde otros municipios debido a las amenazas de grupos armados ilegales. El organismo pidió que se adopten medidas urgentes para protegerlos.

En los últimos días el alcalde del municipio de la Playa de Belén, ubicado en el departamento del Norte de Santander, se sumó a los mandatarios locales que han tenido que salir de su territorio por amenazas contra su vida e integridad, por parte de organizaciones al margen de la ley.

“Hacemos un llamado a las autoridades sobre la imperiosa necesidad de proteger y garantizar la labor que cumplen los funcionarios públicos y brindar las condiciones de seguridad para las elecciones locales que se aproximan. Estamos en un momento crítico en el que no podemos permitir que los violentos influyan con las armas en nuestra democracia”, manifestó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El funcionario reiteró su rechazo a las amenazas e intimidaciones de las que fue víctima Ider Álvarez García, alcalde del municipio de la Playa de Belén en Norte de Santander.

“Es lamentable que ante las reiteradas amenazas por parte de grupos armados ilegales que delinquen en la zona, el alcalde haya renunciado a su cargo y salido del país”, señaló Camargo Assis.

Desde que se conocieron las primeras situaciones de riesgo para la vida e integridad del alcalde, la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional Ocaña, puso en conocimiento la situación de vulneración de derechos humanos en consejos de seguridad, activó rutas de atención y solicitó a la autoridad competente medidas adicionales para su protección y para poder ejercer la labor en el municipio.

En un encuentro realizado recientemente con alrededor de 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), el Defensor del Pueblo indicó que para poder enfrentar a los grupos de crimen organizado y grupos armados ilegales, se requieren gobiernos regionales fortalecidos y un gobierno nacional comprometido con la seguridad en los territorios y la protección de las comunidades más vulnerables.

De la misma forma, el organismo de defensa de derechos humanos manifestó que, además del alcalde de Playa de Belén, han tenido que salir de sus territorios por amenazas contra su vida e integridad los alcaldes de Tibú, en Norte de Santander; Bagadó, Sipí, Lloró y San José del Palmar en Chocó y el de Cartagena del Chairá en el departamento del Caquetá.

“Debemos poner la lupa sobre estos hechos, pues estamos en un momento definitivo en el que tenemos que impedir que actores armados ilegales tomen el control y sigan amenazando a los mandatarios locales, por el contrario deben dar todas las medidas para que ejerzan su labor sin ningún temor. No podemos seguir permitiendo que pasen situaciones como la del alcalde de Playa que tuvo que dejar su hogar, su familia y su país por el miedo de repercusiones a su vida e integridad por el hecho de estar haciendo su trabajo”, concluyó el Defensor, Carlos Camargo.

Municipios en alto riesgo

La Defensoría del Pueblo dio a conocer que son 75 municipios los que están en un nivel de riesgo alto para el ejercicio de los alcaldes. Entre estos se encuentran: Cartagena del Chairá (Caquetá) y Puerto Guzmán (Putumayo), que se vieron obligados a despachar desde las capitales de los dos departamentos, mientras que Santa Bárbara (Nariño), San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Asís (Putumayo) están trabajando bajo amenazas.

Por esta razón, la entidad destacó la importancia de continuar con la dinámica de vigilancia, en articulación con los alcaldes, a la crítica situación de vulneración a los derechos humanos por las acciones de los grupos armados ilegales en todo el territorio nacional.

“Las crueles acciones de estos grupos nos afectan a todos, pero, sobre todo, a las comunidades. A la estigmatización, las extorsiones, los confinamientos, la trata de personas, el establecimiento ilícito de ‘manuales de convivencia’, entre otros actos delictivos, hay que ponerles freno”, afirmó el defensor Carlos Camargo.