Alcaldes locales, al paredón por contratación

Bajo la lupa quedaron las 20 Alcaldías locales de Bogotá, luego de que miembros de la Fiscalía iniciaron la revisión de la contratación de estas dependencias en toda la ciudad. Los resultados que arrojaron las pesquisas fueron escandalosos, pues en 18 de las 20 alcaldías hubo presuntas irregularidades en la celebración de contratos.

Específicamente, se trató de negocios firmados entre las alcaldías y fundaciones en los que estas últimas recibían recursos estatales a cambio de desarrollar programas de interés general en las comunidades. Esto se hacía a través de la figura de convenio de asociación en el que, por decreto, el Estado puede participar como asociado de una fundación sin ánimo de lucro para desarrollar un programa del ente privado.

Hasta ahí no hay nada extraño. Sin embargo, cuando iniciaron las pesquisas de la Fiscalía, hubo elementos que llamaron la atención. Entre ellos que aunque las fundaciones que contrataban las alcaldías registraban en el papel un amplio objeto social, a la hora de la verdad no contaban con los requisitos para cumplir lo pactado con el Estado.

Así lo explicaron fuentes del ente acusador a Semana.com: “Todas las localidades de Bogotá comenzaron a hacer convenios de asociación con todo el mundo. Se empezó a generar una cantidad enorme de fundaciones sin ánimo de lucro. Y pudimos encontrar que no tenían ni sede, ni planta de personal, ni proyectos”.

“Se escogía a dedo un contratista para entregarle bienes del Estado, teniendo una frasecita de batalla que decía ‘aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros’. Con esa premisa construían un convenio de asociación para lograr diferentes temas que nada tenían que ver con los de interés común”, dijeron esas fuentes a este portal.

Y agregaron: “Eran unos temas que por lo general no tienen relevancia, ni ningún interés común para la sociedad. Sencillamente se les entregaban unas platas a unos personajes, no se sabe con qué intención, para desarrollar unos programas que no cumplían los requisitos del decreto”.

Por estos hechos ya han sido imputados 13 alcaldes locales. Se trata de Julieta Naranjo, de la localidad de Usaquén; Ernesto Rincón, de Los Mártires; Diana Calderón, de Bosa; Marisol Perilla, de Suba; Jesús Antonio Mateus, de Kennedy; Diego Ricardo Piñeros; Andrea Castro, de Fontibón; Diana Mábel Montoya, de la localidad Rafael Uribe Uribe; Juan Carlos Amaya, Ciudad Bolívar; César Henry Moreno, Puente Aranda; Leonardo Andrés Salgado, Usme; Luis Fernando Escobar Franco, y William Santoyo, de Sumapaz.

Hasta el momento, ellos están siendo procesados por estos señalamientos. Pero para la Fiscalía continúa la batalla, pues hizo la solicitud para imputarles cargos a cinco alcaldes locales más.

Según conoció este portal, los funcionarios que faltan por comparecer ante la justicia por las presuntas irregularidades son Carlos Mauricio Naranjo, de la localidad de Engativá; Carlos Rodolfo Borja, de Santa Fe; Edilberto Guerrero, de La Candelaria; Giovanni Alexánder Monroy, de Antonio Nariño, y Sandra Milena Rodríguez, de Tunjuelito.

Todos ellos responderán por la presunta comisión del delito de celebración de contratos sin requisitos legales, que tiene una pena de 64 a 216 meses de prisión.

Por ahora, la Fiscalía se ha enfocado en los funcionarios de la alcaldía de Gustavo Petro. Sin embargo, no se descartan investigaciones en las alcaldías menores de otras administraciones.