Alcaldía buscará opciones jurídicas para emitir el POT por decreto, pero incluyendo recomendaciones

Luego de que el Concejo de Bogotá no hizo un pronunciamiento de fondo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) dentro del plazo de 90 días que establecía la Ley y el cual venció este 8 de diciembre, la alcaldesa Claudia López y su equipo de gobierno están pensando en emitirlo por decreto, pero con algunas modificaciones, teniendo en cuenta las sugerencias que recibió la iniciativa desde los diferentes sectores.

“Debemos analizar qué alternativas jurídicas nos quedan luego de que el Concejo no tomó una decisión de fondo sobre el POT. Vamos a analizar con mucho cuidado cómo podemos hacer que Bogotá tenga un POT, pero en el que se incorporen también muchas de las sugerencias muy oportunas de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los concejales en el POT urgente que necesita Bogotá para pagar la deuda social y ambiental”, aseguró la alcaldesa Claudia López.

No obstante, la mandataria local señaló que la decisión de emitir el POT por decreto aún no es una decisión tomada y que ese estudio jurídico podría tardar varias semanas.

“Vamos a hacer un análisis riguroso, no tenemos una decisión todavía, no tenemos un pronunciamiento, solo vamos a hacer un estudio de qué alternativas jurídicas hay”, complementó López, quien agregó que “desde hoy ya tengo reuniones con el equipo jurídico de la Alcaldía. El análisis lo vamos a hacer con mucha tranquilidad para no tomar ninguna decisión apresurada”.

A pesar de que la Alcaldía radicó el POT ante el Concejo de Bogotá desde el pasado 10 de septiembre, el proyecto no alcanzó a ser aprobado ni discutido ni siquiera en primer debate en la Comisión del Plan, producto de las innumerables recusaciones e impedimentos que se presentaron en el trámite.

Vencido el plazo de 90 días, la Ley faculta a la alcaldesa Claudia López para emitir el POT por decreto, pero las dudas recaen sobre el hecho de que no hay antecedentes jurídicos para que el POT que se emita por decreto sea diferente al que se radicó inicialmente ante el Cabildo.

De hecho, hace poco en una carta enviada a la alcaldesa López, 15 concejales le advirtieron que se abstuviera de emitir el POT por decreto con las modificaciones acordadas con los concejales ponentes porque, de hacerlo así, la norma sería objeto de múltiples demandas desde el primer día de su publicación.

“Hacer cambios al proyecto presentado a partir de lo que establezcan las ponencias o un pliego de modificaciones concertado, aunque solucionaría muchos de los inconvenientes de la propuesta inicial, abre la puerta a que la norma sea luego demandada”, comentaron los concejales en la carta.

Agregaron, además, que “no existe antecedente jurisprudencial que respalde la tesis de expedir por decreto un texto diferente al radicado” en un principio.

Entidades, como Camacol, ProBogotá e incluso la ANDI le han pedido a la alcaldesa que no emita el POT por decreto, sino que, por el contrario, recoja todas las recomendaciones que se han recibido y que lo presente nuevamente el próximo año ante el Concejo.

“Para seguir edificando las condiciones para que Bogotá sea una ciudad competitiva, jalonadora de la reactivación económica del país y generadora de empleos se necesita un POT cuya concertación tenga como principal objetivo el bienestar de los ciudadanos”, aseguró el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.

Recientemente el gerente de Camacol Bogotá, Alejandro Callejas, aseguró en una misiva enviada a Claudia López que si emite el POT por decreto, todos en la ciudad van a perder.

“La suerte de este proyecto está en manos de la alcaldesa, una decisión para la que existe una pirinola de opciones. Por un lado, podría decretar el proyecto que ella radicó en el Concejo. Desde nuestro punto de vista esta opción es aquella en la que todos pierden, pues se trata de un documento incompleto, débilmente estructurado, con propuestas incoherentes que no reflejan los objetivos ampliamente defendidos por la propia alcaldesa en los últimos meses”, dijo Callejas.

El gerente de Camacol precisó que si la mandataria decide decretarlo finalmente, la mejor opción sería que el POT que salga decretado sea aquel que se logró concertar con los concejales ponentes, pero el propio Callejas reconoce que jurídicamente es opción no es tan viable.

“Hay voces que reclaman que se adopte el documento conjunto que resultó de concertaciones con concejales ponentes. Esta opción es claramente mejor que la anterior, pues se reconocen y corrigen errores del primer documento y se incluyen ajustes producto de escuchar otros sectores y propuestas. Sin embargo, según expertos abogados y asesores es una propuesta débil jurídicamente por presentar vicios de forma”, comentó.

Las cartas ya fueron puestas sobre la mesa y será la alcaldesa Claudia López y su equipo jurídico los que tengan la última palabra sobre este controversial tema.