Alejandro Lyons, el primer condenado por el cartel de la toga

La Corte Suprema de Justicia acaba de legalizar el preacuerdo al que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons llegó con la justicia. El alto tribunal lo sentenció a pagar 5 años y 3 meses de prisión, más 4.000 millones de pesos de reparación por el delito de concierto para delinquir simple. 

Ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Lyons aceptó este cargo con agravante y pidió a los magistrados que garanticen la seguridad de él y de su familia cuando retornen al país. Otros dos delitos -peculado por apropiación y celebración de contratos- se negocian a través de un principio de oportunidad que incluye la colaboración que el exgobernador está dando para destapar la corrupción de Córdoba. 

“Queda claro que el señor Alejandro Lyons acepta su responsabilidad como autor del delito de concierto para delinquir agravado, Y a cambio de ello se hará merecedor a la pena que corresponde para el delito de concierto para delinquir simple con la circunstancia genérica de mayor y menor punibilidad prevista en los artículos, por lo que se le impondrá la pena que ha sido ya corregida en el transcurso de esta audiencia de 5 años 3 meses de prisión", dijo el magistrado Fernando Castro.

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Lyons en colaboración con la DEA desató una hecatombe judicial al haberle puesto un anzuelo al exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Desde Estados Unidos, el exgobernador entregó información clave sobre las presiones que venía recibiendo para pagar una millonaria suma a cambio de tener información confidencial de las investigaciones en su contra.

El caso, que desató un escándalo judicial sin precedentes, llevó a las capturas del exfiscal Gustavo Moreno y del abogado Leonardo Pinilla, quienes en Estados Unidos recibieron una suma cercana a los 10.000 dólares como parte de ese soborno. A raíz de esa colaboración, se generó un efecto dominó sobre otros casos de corrupción en Colombia que incluyen magistrados, congresistas, gobernadores y demás altos representantes políticos y judiciales. 

En lo que concierne a Córdoba, Lyons admitió haberse concertado para cometer delitos en contra de la administración pública con Mara Bechara, de la Universidad de Sinú; Maximiliano García Basanta, experto que estructuró los proyectos; y Jesús Henao Sarmiento, excontratista de la Gobernación de Córdoba.

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Según la Fiscalía, cada uno de ellos aportó a los hechos delictivos desde su propio qué hacer o desbordando sus funciones. El ente investigador precisó que los hechos de corrupción se enmarcan en cinco convenios interadministrativos con cargo al fondo de ciencia y tecnología del sistema general de regalías, que sumados alcanzaron más de 80.000 millones de pesos, de los cuales se llegó a un pacto ilegal para desviar el 30 por ciento de estos.

En una reunión realizada en Isla Fuerte para febrero de 2014 se habrían designado a los encargados de entregar los millonarios recursos que habrían ido a parar a las finanzas de Lyons y sus aliados.  

En comienzo fue Jairo Zapa el que como director de regalías estuvo a cargo de entregar 5.000 millones de pesos en efectivo con destino a Jesús Henao. Meses después Zapa fue reportado como desaparecido así que se llegó a un nuevo acuerdo de pago en marzo de 2014 para los restantes 3.900 millones. En total, el peculado de Lyons fue calculado en 8.900 millones de pesos.  

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El exgobernador amplió sus declaraciones alrededor de cómo parte de los dineros de la Gobernación terminaron en manos del senador Musa Besaile, quien lo impulsó en su carrera a la gobernación. Ya declaró que 600 millones de pesos de estos recursos habrían sido para pagar el soborno a la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, el costo político de llegar a ese cargo habría sido mucho mayor.

También es uno de los testigos principales en el caso contra el suspendido gobernador de Córdoba Edwin Besaile, a quien un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá le definirá su situación jurídica en los próximos días.