La batalla decisiva para Alejandro Ordóñez

El miércoles por la noche fue uno de los días más difíciles en el Consejo de Estado en los últimos años. Había un ambiente de tensión subido de tono y la discusión estuvo tan acalorada que se fueron varias veces a los gritos. Lo curioso es que no se estaba tomando ninguna decisión judicial de gran envergadura. La pelea fue por los nombramientos de nuevos magistrados. El tema se ha convertido en la manzana de la discordia de esa alta corte, sobre todo porque cada voto cuenta en la demanda que busca anular la elección del procurador.

Los magistrados habían prometido concentrarse en la sala plena exclusivamente a llenar las vacantes. Entre otras, porque ya se están quedando sin mayorías para tomar las decisiones. Sin embargo no lograron esa meta. Después de dos días de debates apenas eligieron a uno de los nueve que faltan. Se trata de Carmelo Perdomo, quien fue nombrado en la sección segunda como reemplazo de Bertha Lucía Ramírez. Su designación fue bien vista pues sería el único afrodescendiente miembro de ese alto tribunal.

No obstante, lo que llamó la atención no fue que quedara él, sino que dejaran por fuera a María Eugenia Carreño. La procuradora es la mano derecha de Ordóñez y por eso, la designación de Perdomo fue interpretada como un duro golpe al procurador. Como se sabe, él tiene una fuerte cercanía con el Consejo de Estado, pues fue magistrado y presidente de esa corporación, y ayudó a elegir a algunos de los miembros actuales. Ese es precisamente uno de los cargos que sustentan la demanda que busca anular su nombramiento con el argumento de que la Constitución prohíbe el ‘yo te elijo, tú me eliges’.

La no elección de Carreño dejó ver dos cosas. La primera, que el procurador no la tiene fácil. El organismo que una vez fue su principal aliado lo está comenzando a desconocer. Además, muchos de quienes fueron sus compañeros terminaron recientemente su periodo. Eso explica en parte su fuerte arremetida de la semana pasada cuando acusó al Consejo de Estado, y en especial a Stella Conto, la magistrada que tiene su caso, de hacer parte de un complot con las Farc y con el gobierno para sacarlo del cargo.

Lo segundo que dejó ver es que lo que se viene será una de las peleas más espectaculares de la Justicia. La guerra por los ocho cupos que quedan será a muerte. Algo de eso se evidenció el pasado miércoles en la discusión que se desató para elegir a los magistrados de la sección quinta. El tema es urgente pues son cuatro y faltan dos. Uno de los cupos está vacante desde mayo de 2013. Es bastante difícil de elegir pues en ese momento el quórum para esa decisión era las dos terceras partes de los miembros, es decir 21 votos.

La pelea estaba entre dos candidatos: la catedrática Rocío Araújo y el procurador delegado Francisco Salazar. Los magistrados no pudieron ponerse de acuerdo con ninguno, aunque Araújo alcanzó a tener 19 votos. Ahí surgió un tercero, Fernando Mayorga. En la sala había cierto afán de elegir, pues los togados asumieron ese compromiso ante la opinión pública. Sin embargo, Mayorga no alcanzó a tener la mayoría pues un grupo de magistrados se opuso a él ya que consideran que no cumple con el perfil que se necesita para elevar el prestigio de las altas cortes. La discusión se prolongó por horas, pero como se necesitaban 21 votos, no hubo humo blanco. En el otro cupo de la sección quinta, el candidato favorito es el profesor de Los Andes Rodolfo Arango, pero este tampoco alcanzó las mayorías. La semana entrante seguirán con el proceso electoral de las ocho vacantes.

A pesar de la polémica que abrió el procurador, no es tan cierto que en el Consejo de Estado se esté cocinando rápidamente su salida. Su proceso es uno de los más enredados de la Justicia y lleva un año en vericuetos procesales. Se espera que ese alto tribunal primero elija algunos miembros, y eso puede tardar meses. Después, se tiene que resolver una nulidad que presentaron contra la decisión que niega la recusación del anterior ponente, Alberto Yepes. Luego se tendrán que resolver las recusaciones de todos los que tienen familiares en la Procuraduría y luego sí estudiarán el fondo del asunto. La pelea va para largo y será muy dura.