¿Por qué Alejandro Ordóñez sigue en la Procuraduría?

El fallo del Consejo de Estado sobre Alejandro Ordóñez pudo ser una de las noticias políticas y jurídicas más importantes este mes. Toda la agenda informativa se volcó frente a una de las sentencias más debatidas en tiempos recientes: más de tres años duró el proceso. Sin embargo, todos los trámites y enredos que caracterizaron ese expediente judicial se han trasladado ahora a su cumplimiento. En este momento, el procurador sigue en su silla y no porque él quiera, sino porque en el Consejo de Estado su sentencia no se considera ejecutoriada y en el Senado no le han aceptado la renuncia.

La posición en que se encuentra hoy Ordóñez tiene algo de surreal. El procurador está en una especie de limbo jurídico. Desde hace varios días ha dicho que espera poder salir de su cargo para "hablar con libertad", pero la verdad es que nadie ha hablado con más libertad en los últimos meses que él.

En una reciente entrevista con CNN, durante una gira por Estados Unidos, aseguró que el Consejo de Estado cambió la jurisprudencia para poder retirarlo del cargo y que la misma Corte Suprema había asegurado que lo había ternado conforme a la ley. Repitió que su salida había sido planeada desde la Habana y le lanzó duros dardos al presidente Juan Manuel Santos. Al final dijo: “Aún soy el procurador general de los colombianos; pedí al Congreso que me acepte la renuncia”.

¿Por qué sigue Ordóñez en su silla? Cuando el procurador se apareció en el capitolio para presentarle al Senado su carta de renuncia, parecía que se trataba de una nuevo impacto mediático. Se pensaba que él quería dar un golpe de opinión pues su salida de la Procuraduría era un inminente al existir un fallo en su contra. Pero no fue así.

Ordóñez asistió al Congreso un día después de que el Consejo de Estado anuló su reelección por haber violado la prohibición del “yo te elijo, tú me eliges”. Horas antes, el procurador se había despedido de su cargo, había dado lo que se creía que eran sus últimas declaraciones como alto funcionario, y se había marchado entre aplausos y abrazos de sus subalternos. No se entendía muy bien el sentido de su carta de renuncia, la misma que tiene enredado al Senado, que no sabe cómo debe proceder.

En esa última rueda de prensa, Ordóñez dijo que no interpondría ningún recurso contra la sentencia, entre otras porque no la admite. Aclaró que respetaba la decisión y se retiraría. El Consejo de Estado ya notificó su sentencia, pero contra el fallo existe una aclaración y una nulidad (no interpuestas por Ordóñez, sino por terceros), y por eso se considera que no está en firme. En otras palabras, Alejandro Ordóñez, jurídicamente, sigue siendo el procurador general.

Pero el asunto de la carta de renuncia no es sencillo. La senadora Claudia López, de Alianza Verde, sostiene la tesis que el Senado no debe ni siquiera estudiarla, pues la reelección del procurador fue anulada y por esa decisión debe salir del cargo. Para ella, no es lo mismo salir por una nulidad que por la "puerta de honor" de una renuncia.

No es la única postura. El senador Manuel Enríquez Rosero, del partido de la U, es de la tesis de que la plenaria del Senado sí debe estudiar la renuncia de Ordóñez, y argumenta complejas razones jurídicas.

“Si no se acepta la renuncia antes de que la sentencia esté ejecutoriada, perfectamente, cualquiera de las partes en el proceso, hasta los abogados, podrían pedir una aclaración de la sentencia del Consejo de Estado, o incluso la nulidad, y el Consejo de Estado estaría obligado a pronunciarse”, explica Enríquez

De suceder eso, el procurador no se podría ir antes de que se agote el procedimiento. “Entre otras cosas porque el procurador no puede dejar el cargo porque en teoría estaría incurriendo en abandono del cargo, y tendría que esperarse hasta que el Consejo de estado defina”, agrega Enríquez, quien considera que solo aceptando la renuncia, Ordóñez “quedaría jurídicamente por fuera de la Procuraduría”.

Otro sector en el Senado considera que hasta que el Consejo de Estado no tenga la sentencia en firme, no se debería estudiar la renuncia. Sin embargo, existe un término de 30 días, que corrieron desde el pasado 7 de septiembre, para que la plenaria lo decida.

La renuncia de Ordóñez ya completa dos días deambulando en el orden del día de la plenaria. Y como tampoco se ha solucionado el tema en el Consejo de Estado, Ordóñez quedó congelado para inscribirse como promotor del No en el plebiscito. Las inscripciones fueron hasta el lunes. Y no se ve una solución pronta a su situación.