NACIÓN
Alerta en Colombia: Nicaragua incluyó porciones del Mar Caribe colombiano como suyo
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le envió una nota de protesta a Nicaragua al calificar este hecho como violatorio del derecho internacional.
La Cancillería reveló que les envió una fuerte protesta a las autoridades de Nicaragua por la decisión que adoptó la Asamblea Nacional de ese país centroamericano de aprobar una normativa en la cual establece unilateralmente la llamada “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la alerta está prendida por esa situación, al explicar que bajo esa figura Nicaragua está incluyendo y calificando porciones del mar Caribe que serían de Colombia como si fueran parte de su territorio.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno nacional, informa que hoy presentó ante Nicaragua su enérgica protesta frente a la ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional de ese país, mediante la cual se establece unilateralmente la llamada Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”, dice uno de los apartes del documento de la Cancillería.
Agregó que “Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental”.
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Así mismo, la Cancillería, por medio de un comunicado de prensa, indicó que la postura que se conoció por parte de Nicaragua es unilateral, desconociendo la proyección ambiental.
“Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y los logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco”, dice el gobierno colombiano.
También dice en su nota de protesta: “Colombia rechaza que, bajo el pretexto de una medida de protección ambiental y en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”.
La Cancillería va más allá y advierte que “la declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medioambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”.
No obstante, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que la decisión emanada por la Asamblea Nacional de Nicaragua al aprobar esa ley es una medida interna de dicho país, que no es oponible a terceros estados como Colombia.
Finalmente, el gobierno de Colombia afirmó:
- Que no ahorrará esfuerzo alguno en la defensa ante instancias internacionales de los más altos intereses de la nación, incluidos los derechos de los colombianos, entre ellos los de la población raizal y de todos los habitantes del Archipiélago.
- Su disposición de adelantar un diálogo abierto con los estados del Caribe suroccidental en aras de continuar adoptando los mejores estándares de protección y conservación de los espacios marítimos y los recursos de la Reserva de Biósfera Seaflower establecida en el marco de la Unesco.
No es la primera pelea diplomática con Nicaragua
Hace varios años, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya falló en el pleito entre Colombia y Nicaragua sobre la delimitación marítima, la soberanía del archipiélago de San Andrés y la vigencia del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.
En ese momento, el organismo internacional determinó, en ese entonces, que el archipiélago pertenece a Colombia, pero que la delimitación marítima no estaba definida. Pasó a trazarla, con una línea que para Colombia, en comparación con sus pretensiones históricas, significó una pérdida de 70.000 kilómetros cuadrados.
En esa determinación, que fue calificada como muy dura con Colombia, no fue un punto final en la disputa. Nicaragua puso dos demandas adicionales y Colombia, en su momento, interpuso cuatro contra Nicaragua, de las cuales la corte aceptó dos.