Nación
Alerta en Córdoba por acciones del Clan del Golfo: expansión del narcotráfico y disputas territoriales dejan a la población en medio
Hay homicidios selectivos, aumentó la extorsión y persiste el temor a represalias contra quienes denuncian lo que está pasando.
Los municipios cordobeses de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento se encuentran en una grave situación de riesgo por el accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.
El riesgo para la población civil, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se debe a la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial entre miembros del Clan del Golfo y grupos locales de delincuencia común organizada, así como retaliaciones entre grupos de “limpieza social”. Por eso, la entidad emitió la Alerta Temprana 011 de 2024.
“También la emitimos por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario, debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Estas poblaciones conforman el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba, con vínculos ancestrales a lazos étnicos, culturales, económicos y de familiaridad con otros municipios sucreños, donde también se han identificado situaciones de riesgo para la población.
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“Sus habitantes están vinculados ancestralmente a lazos de carácter étnico, cultural, económico y de familiaridad con los moradores de San Antonio de Palmitos, Sincelejo, Sampués, San Benito Abad, El Roble, La Unión y San Marcos, municipios sucreños donde, asimismo, han sido identificadas situaciones de riesgo para la población”, señaló Camargo Assis.
El control poblacional y territorial del ‘Frente Javier Yepes Cantero’ del Clan del Golfo, que avanza violentamente desde Montería, Cereté y Planeta Rica hacia espacios del Medio Sinú y Sabanas, busca crear “zonas seguras” y de obtención de rentas criminales en nuevos corredores de movilidad que unan ese territorio con el Bajo Cauca antioqueño y La Mojana con el golfo de Morrosquillo, según la Defensoría. Esto ha generado un escenario de disputa asimétrica entre el ‘Frente Javier Yepes’ y el ‘Frente Manuel José Gaitán’, en alianza con grupos ilegales que ofertan seguridad, contra grupos de delincuencia común organizada con presencia histórica en la zona.
Esta situación ha aumentado los riesgos para las comunidades, colectivos socialmente estigmatizados, líderes comunales, víctimas y presuntos colaboradores de los bandos rivales, así como restricciones a la movilidad y agresiones a misiones médicas, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El defensor del Pueblo advirtió sobre homicidios selectivos, expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias como parte de las acciones que están ocurriendo en la región.
“Advertimos que el contexto de amenaza se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”, manifestó el defensor del Pueblo.
Defensoría formuló 17 recomendaciones
Según la entidad, los siete municipios cuentan con instituciones en capacidad de atender las demandas de la población, “pero la poca articulación entre entidades y autoridades étnicas, las rupturas del gobierno propio del pueblo Zenú, entre otras, reducen la capacidad para atender la creciente percepción de inseguridad”.
“Emitimos, en consecuencia, 17 recomendaciones, para el Gobierno nacional y autoridades locales, que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el efectivo acceso a la administración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral; adicionalmente, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos”, enfatizó Camargo Assis.
