Alerta en Procuraduría por contratos, por más de un billón de pesos, que firmó la UNGRD para emergencias por lluvias en 2022

La información no está consolidada. Esa fue la principal conclusión que dejo la inspección que adelantó la Procuraduría en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el occidente de Bogotá, para verificar la contratación y designación del presupuesto para atender los estragos que dejaron las lluvias en 2022, mediante el decreto de desastre nacional.

El procurador delegado para la función pública, Marcio Melgosa, reconoció en medio de la diligencia que “salimos con la preocupación de no tener la información completa, debido a que la misma entidad, la UNGRD, no tiene una información consolidada sobre todo lo que tiene que ver con el escándalo de la contratación que se da dentro del decreto 2113 de 2022 que es la emergencia nacional”.

La diligencia de la Procuraduría en la UNGRD tardó más de siete horas, y aunque fueron atendidos por varios asesores y exprertos sobre la contratación que se ha venido adelantando en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, las explicaciones no fueron suficientes para argumentar cómo es que se está llevando a cabo el proceso de contratación para atender emergencias en Colombia.

El procurador Marcio Melgosa también explicó que “apenas se tiene información de una subcuenta de Colombiavital. En este sentido, se estima, de acuerdo a la información verbal que se ha suministrado, que hay más de 200 contratos y al menos 20 convenios, por un presupuesto que supera el billón de pesos; y para la Procuraduría es preocupante que en estos momentos, ni siquiera la entidad tenga una información consolidada”.

Y es que en medio del escándalo de corrupción que se armó con la compra de los carrotanques para suministrar agua potable en las regiones más vulnerables en La Guajira, la Procuraduría también le puso la lupa a otros contratos de esa entidad como la construcción del dique “Caregato”, en La Mojana sucreña, para determinar otros focos de corrupción.

Pero esta nueva lupa se centra en los millonarios contratos que la Unidad de Gestión del Riesgo entregó en el año 2022, por medio del decreto que firmó el presidente Petro para atender las emergencias que provocaran las lluvias causas por el fenómeno de La Niña en el país.

La inspección de la Procuraduría a la UNGRD, se dio en medio de la llegada de dos investigadores de la Corte Suprema de Justicia a la entidad, para empezar a recolectar contratos, documentos y todo tipo de pruebas que le empiecen a dar forma a la indagación que se abrió en ese tribunal contra el presidente del Senado, Iván Name; y de la Cámara, Andrés Calle, mencionados en el escándalo de los carrotanques.

Los investigadores de la Suprema llegaron hasta la Unidad para tratar de determinar la veracidad de las serias denuncias que hizo en SEMANA Sneyder Pinilla, el exsubdirector de esa entidad, argumentando que del contrato para comprar los carrotanques en La Guajira, salieron más de 4 mil millones de pesos que se habrían destinado para el presidente del Senado, Iván Name; y el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Esas declaraciones también dejaron en entredicho a un puñado de altos funcionarios cercanos al gobierno Petro, que terminaron siendo llamados a declarar por la Corte Suprema de Justicia para que aclaren su situación en este caso. Como el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón Gonzáles; y la exconsejera para la Presidencia en las Regiones, Sandra Ortíz, quien salió del Gobierno Petro tras ser señalada por Pinilla de ser la “mensajera” para llevarle miles de millones de pesos.