Alerta por asedio de disidencias de las Farc en Jamundí: retenciones, extorsiones y trabajos forzados tienen en jaque a la población

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 005 de 2024 debido a los riesgos que corre la población de Jamundí, municipio ubicado a una hora de Cali, en el Valle del Cauca. Precisamente, hace unos días, varios ciclistas fueron interceptados en un retén ilegal de la guerrilla y el Ejército desmontó pancartas de las disidencias de las Farc, según la entidad.

“Estos son solo dos hechos violentos que comprueban la necesidad de que los entes gubernamentales y las fuerzas de seguridad del Estado implementen acciones urgentes, excepcionales y prioritarias para proteger a los ciudadanos del Frente Jaime Martínez, del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc”, expresó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El accionar indiscriminado de los disidentes que integran la columna Jaime Martínez están afectando principalmente a habitantes de la zona rural de Jamundí. A los indígenas de los resguardos Pueblo Nuevo y Kwes Kiwe Nasa; también a las familias campesinas residentes en los sitios conocidos como Villa Colombia, Ampudia, La Liberia, La Meseta, San Antonio, San Vicente y Puente Vélez; así mismo, a quienes habitan los corregimientos Timba, Potrerito, entre otros.

La ATI de la Defensoría indica el aumento en las violaciones a los derechos humanos por retenciones, secuestros, homicidios, restricciones a la movilidad, imposición de horarios, retenes ilegales, hurto, extorsión, presuntamente reclutamiento forzado, entre otras conductas.

De acuerdo con la Defensoría, el grupo armado ilegal está buscando tener un control social a través de la instalación regular de retenes imprevistos sobre diversas vías terciarias, en donde exigen a las personas el carné de las juntas de acción comunal que los acredita como vecinos de la región.

“Tenemos conocimiento de casos en los que, si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente, las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, indicó el defensor Camargo.

Además de estos delitos, se tiene conocimiento de homicidios y atentados con artefactos explosivos que pueden violar los principios de proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario (DIH), por los efectos indiscriminados y desmedidos que pueden generar en la población civil.

El delito que más se comete en la cabecera municipal, según la entidad, es el de las exigencias extorsivas que, en caso de ser ignoradas, apelan a retaliaciones, como ataques con granadas de fragmentación en locales comerciales.

“Además de retomar el control de las vías, hemos pedido a las autoridades que sea reforzada la seguridad en Jamundí y, como hemos visto en otras regiones, que también haya una labor social. Es importante trabajar de manera coordinada en campañas de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, para que las estrategias y programas sean ejecutados de manera rápida, armónica, a tiempo, a propósito de los riesgos advertidos en nuestra Alerta Temprana”, concluyó el defensor del Pueblo.