Alerta por un preacuerdo con alias El Zarco que podría generar impunidad; se trata de uno de los principales reclutadores de víctimas de falsos positivos

Un despiadado hombre que engañaba a jóvenes pobres ofreciéndoles trabajo y que finalmente los servía en bandeja para acribillarlos y presentarlos como bajas en combate, ese es Luis John Castro, más conocido con el alias del Zarco, un exintegrante del ELN considerado el más grande reclutador de víctimas de falsos positivos en el país y quien está a punto de lograr un preacuerdo para obtener beneficios judiciales. Pero las víctimas y hasta la Procuraduría critican la mano de seda que ha tenido la Fiscalía con este criminal.

SEMANA conoció en exclusiva el preacuerdo entre el Zarco y la Fiscalía. En el documento de 14 páginas, el delincuente, quien incluso se les voló a las autoridades y estuvo prófugo de la justicia en Europa por años hasta que fue capturado en España y extraditado, se compromete a reconocer apenas cuatro casos, de los muchos que cometió, y como letra de cambio obtener una condena mínima.

La historia de terror que está dispuesto a cargar sobre sus hombros el Zarco, claramente quedándose corto, se empezó a escribir hace 15 años, el 6 de noviembre de 2007, cuando engañó a tres jóvenes que terminaron convertidos en falsos positivos, asesinados por quienes tenían la obligación de protegerlos. Ese día, los jóvenes Gustavo González Daza, John Éider Corrales Chala y Víctor Hugo Mosquera se desplazaron hasta un lugar deshabitado ubicado en la Avenida Ciudad de Cali, en el sur de Bogotá. Los tres habían recibido una propuesta de trabajo que no podían rechazar.

En ese punto se encontraron con Luis John Castro. En un taxi se movilizaron hasta el cementerio de La Aurora, donde los estaban esperando dos motocicletas que los llevaron hasta el corregimiento Villa Carmelo, cerca a Cali.Desconcertados y cansados por el viaje, se bajaron de las motos y siguieron su camino a pie en compañía del Zarco, quien les dio la orden de parar. Les entregó uniformes de la Policía mientras se ponía un camuflado del Ejército.

En ese momento –según revela el cuestionado preacuerdo– apareció un hombre que se identificó como el teniente Pérez, los obligó a acostarse boca abajo y taparse las cabezas con las camisas del uniforme. Un grupo de soldados apareció en la escena para levantar, a la fuerza y a punta de madrazos, a los jóvenes para llevarlos a diferentes puntos de la carretera. Ya ubicados les dispararon a quemarropa, acabando inmediatamente con sus vidas. En el informe oficial, los militares registraron la baja de tres guerrilleros abatidos en un feroz combate.

Se podría dar como un triunfo que luego de los despiadados crímenes, de haberse volado a Europa y de un complejo proceso de extradición que casi no culmina, el Zarco esté respondiendo ante la justicia. Sin embargo, el asunto no es así de fácil.

Luis John Castro, un delincuente de marca mayor, involucrado presuntamente en muchos más falsos positivos, se expondría a una pena cercana a los 45 años de prisión, pero con el preacuerdo recibiría una rebaja de hasta 332 meses, es decir, la mitad, un tufillo de impunidad que sintió la Procuraduría y por lo cual se atravesará.Considera que el Zarco no está contando toda la verdad y no tiene un compromiso para reparar a los familiares de las víctimas, decenas de personas ajenas al conflicto que fueron presentadas como los peores delincuentes. El rompecabezas está incompleto.

El Zarco nunca hace mención a los altos mandos del Ejército y de la Policía que tuvieron conocimiento claro y hasta ordenaron las ejecuciones, ni del dinero que recibió, tampoco habla de sus cómplices civiles que formaron parte de este plan criminal. En el preacuerdo se fijan varias modificaciones a los delitos imputados: el homicidio en persona protegida pasará a calidad de cómplice “en concurso heterogéneo, en calidad de autor de concierto para delinquir con fines de homicidio”, lo que representa una considerable reducción en la sentencia.

El otro gran “pero” tiene que ver con la ínfima multa de 47 salarios mínimos legales vigentes, es decir, un poco más de 47 millones de pesos. En el documento firmado se estableció la “pena mínima de multa por cada homicidio”.La Procuraduría pedirá modificar el acápite del preacuerdo que señala que “existen personas que no han sido vinculadas, que son militares y que él dará cuenta de lo que le consta”. Esto con el fin de que sea más preciso y entregue información sobre las personas que se vincularán en cada uno de los casos.

Y es que es claro que el Zarco sabe más de lo que cuenta. La Fiscalía tiene evidencia que indica que este hombre recibía instrucciones precisas y directas de militares y agentes del DAS, para llevar a un punto exacto a los jóvenes reclutados con mentiras y aprovechándose de sus necesidades económicas. Con esto, la gran pregunta que queda, y cuya respuesta está lejos de resolverse con el preacuerdo, es quién lo contactaba y cómo llegó a tener esta relación de cercanía con los agentes de la fuerza pública, quienes le dieron esta misión de reclutamiento.

El Zarco plasmó en la parte final del documento que se arrepiente de los hechos en los que fue parte activa y fundamental. Curiosamente, también dejó por escrito que desde 2010 tocó las puertas de la Fiscalía General para manifestar su intención de colaborar para esclarecer estos hechos, pero nunca fue escuchado. Por su colaboración, aseguró, ha recibido amenazas, dice que siente temor por su vida y que integrantes de su familia han sufrido atentados y seguimientos. Por eso, espera que sus “aportes sirvan para que se haga justicia”. Sin embargo, no existe evidencia ni de lo primero ni de lo segundo. Lo que sí es comprobable es que por años esquivó la justicia y se presentó solo con la condición de recibir beneficios dando una verdad a medias.

En el preacuerdo, el Zarco reconoció que él tenía constante comunicación con los comandantes de los batallones de Alta Montaña de Santiago de Cali, principalmente con el sargento Rubiel Bustos Escárraga, “quienes establecieron un modelo de capacitación de las víctimas y sus perfiles”.

Sin embargo, este nombre ya se había ventilado en la audiencia de imputación, hecho por el cual la Procuraduría y las víctimas esperan que se nombre a nuevas personas. En el Tolima, la relación era en el batallón Jaime Rooke, con el teniente Cristhian Camilo Niño. Daba instrucciones precisas para que buscaran personas pobres, con antecedentes judiciales o “perfiles criminales o similares”. Tras la ubicación de las potenciales víctimas, Castro les hacía las ofertas laborales para “llevarlos a los sitios previamente concertados con los militares, donde eran esperados por los miembros del Ejército, y sin que existiera combate se daba la muerte a las personas previamente reclutadas”.

Pese a que todos eran conscientes del sinsentido de esta práctica, la siguieron ejecutando durante meses con el único fin de demostrar resultados operacionales. Según el documento, llevó y ubicó a las víctimas para que fueran ejecutadas por parte del Ejército “sin que mediara combate o resistencia y sin que las víctimas pertenecieran a un grupo al margen de la ley o participaran en hostilidades”.

Mientras espera que el preacuerdo sea presentado ante un juez especializado, el Zarco también tocó las puertas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que conozca su expediente y así acogerse a los beneficios que tiene esta justicia transicional. En septiembre pasado, la Sala de Reconocimiento de la JEP le pidió más claridad. La puerta, por ahora, sigue cerrada.

Mientras esto ocurre, las víctimas esperan que al Zarco, quien se encuentra en la cárcel La Picota, de Bogotá, se le refresque la memoria y cuente cada uno de los macabros hechos de los que fue partícipe y testigo directo.