NACIÓN
Alertan sobre posibles retrasos en contrato de Centros Digitales por $1 billón
El ente de control evidenció retrasos en varias de las metas del proyecto y se solicitó explicación por el posible riesgo en el cumplimiento.
La Procuraduría General de la Nación advirtió recientemente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) y les pidió realizar las acciones necesarias para garantizar la instalación y puesta en marcha los Centros Digitales ubicados en 17 departamentos del país.
El llamado busca que ambas entidades cumplan con las obligaciones contractuales que se firmó con Comcel por $1,06 billones y que llevará internet gratuito a los departamentos de Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés.
El organismo de control advirtió que, si bien el ministerio y la interventoría han señalado que los Centros Digitales de los Grupos 1A y 1B se encuentran en operación (aprobados remotamente), respecto del Grupo 1B el cumplimiento de la Meta relacionada con la “Aprobación por parte de la Interventoría de la instalación y puesta en servicio del Grupo 1B correspondiente al 16,25 % de los Centros Digitales” presenta varios meses de retraso, de acuerdo con el cronograma de trabajo establecido.
Respecto a la Meta 10 relacionada con el “Reporte de la instalación y puesta en servicio del Grupo 2 correspondiente al 32,5 % de los Centros Digitales”, se encontró que el contratista para el Grupo 2 no ha reportado ni siquiera el 10 % de los Centros Digitales de esta entrega, pactados contractualmente.
Finalmente, de acuerdo con la Procuraduría, en desarrollo de la vigilancia preventiva adelantada a este proyecto, se solicitó informar en qué consiste el riesgo concreto manifestado por el contratista, en relación con el cumplimiento de esta última Meta (Reporte de la instalación y puesta en servicio), las acciones que se han adelantado para mitigar o superar el riesgo, o si el mismo se encuentra latente y si se dio cumplimiento a la misma.
Lupa de la Procuraduría sobre la concesión del nuevo operador de Baloto
Baloto es uno de los juegos de azar más importantes de Colombia, que actualmente cuenta con un acumulado de más de 10 mil millones de pesos en su versión tradicional, mientras que el Revancha ya abarca un acumulado de 16.500.000.000 de pesos.
Sin embargo, en días recientes, más que el dinero que se podría llevar un colombiano con suerte, el nombre de Baloto ha sido tema de conversación en el país en medio de las autoridades debido a un proceso de licitación que se lleva a cabo con el fin de conocer el nombre del nuevo operador de este concurso.
La licitación pública se adelanta actualmente por Coljuegos, entidad responsable de los juegos y apuestas en el país, misma que ya ha sido revisada por la Procuraduría General de la Nación y de la cual ya ha expresado algunas consideraciones.
Una de las más importantes es que Coljuegos explique de manera clara y precisa el modelo de negocio que se utilizará para la nueva etapa de Baloto y cuyo objetivo es que se mantenga por un período de cinco años; un proceso que se viene adelantando cada quinquenio desde que el juego de azar llegó a Colombia.
“El órgano de control solicitó precisiones sobre el modelo de negocio, basado en unos ingresos brutos garantizados de 251.000 millones de pesos, exigidos por la Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar, y unos beneficios colaterales de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, detalló el Ministerio Público por medio de un pronunciamiento oficial.
En relación con esto, la Procuraduría exigió a Coljuegos que pueda explicar las formas contempladas por la entidad para reconocer las amenazas que puede traer este modelo de negocio a los derechos de explotación que en la legislación colombiana son los que garantizan las rentas para la salud. Asimismo, se debe detallar “qué riesgos han sido identificados frente a un posible incumplimiento del concesionario, respecto de los ingresos mínimos esperados”.