Alexander Vega, un registrador acorralado de cuestionamientos

El registrador nacional Alexander Vega ha acaparado los titulares de prensa desde su llegada al cargo, en octubre de 2019, pero no precisamente por grandes reformas que haya promovido en la entidad, sino por cuenta de escándalos y cuestionamientos que le han llegado desde todos los sectores.

Vega ha logrado algo que muy pocos han podido conseguir: poner de acuerdo al uribismo y al petrismo, que han coincidido en criticarlo.

La gota que rebosó la copa se dio tras su declaración según la cual los votos que se embolataron en el preconteo y que aparecieron en el escrutinio en las elecciones legislativas de marzo pasado fueron más de un millón, lo que causó inquietud en todos los sectores. Hay desconfianza.

El asunto ha llegado a tal punto que este jueves, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una acción popular que busca suspender provisionalmente a Alexander Vega Rocha de su cargo como registrador nacional del Estado Civil. En el auto se le da cinco días al organismo electoral para que emita su respectivo concepto frente a las pretensiones de la acción.

Los accionantes consideran que Vega Rocha incurrió en constantes y sistemáticas irregularidades durante los comicios del 13 de marzo en el que se iba a definir el Nuevo Congreso de la República y tres consultas internas de coaliciones para la elección de los candidatos presidenciales. Debido a esto, se indica que con su actuar se afectó el derecho colectivo a la moralidad administrativa, por lo que se reclama sea resarcido y se tomen las acciones para que no se repita nuevamente.

Igualmente, se cuestionó su improvisación a la hora de presentar la propuesta para que se realizara un reconteo, desconociendo por completo que esta labor la debía adelantar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por esto, y para evitar que una situación similar tenga lugar en la primera vuelta presidencial que se adelantará el 29 de mayo, los accionantes pidieron una medida cautelar para que Vega sea separado del cargo.

Por estos mismos hechos, las posibles irregularidades en las elecciones del 13 de marzo, Vega Rocha tiene abierta una investigación preliminar en la Procuraduría.

En respuesta a las denuncias por lo ocurrido en las elecciones legislativas, el registrador anunció que ya no solo serán excluidos los jurados de más de 5.000 mesas en las que se concentraron las irregularidades en la transmisión de los datos de las elecciones legislativas, tal como se había anunciado, sino que habrá una rotación total de las demás mesas. Además habrá doble verificación del preconteo. Pero el daño a la credibilidad del sistema electoral ya está hecho.

Reforma al código electoral

Para completar la ‘mala hora’ que vive el registrador, este jueves la Corte Constitucional tumbó la reforma al Código Electoral, una iniciativa que se había convertido en la principal bandera de Vega y de la que alcanzó a sacar pecho en su momento.

A pesar de que esta reforma contenía disposiciones importantes para renovar un código que está vigente desde 1986, es decir, es más antiguo que la Constitución Política, la Corte señaló que como consecuencia del análisis al proceso de debate y aprobación del proyecto de ley estatutaria sobre el nuevo Código Electoral, se incurrió en vicios de procedimiento que, examinados en conjunto, llevan a la declaración de inconstitucionalidad del proyecto.

Básicamente, el alto tribunal recordó que, tal y como estaba advertido, una ley estatutaria, como la que contenía esta reforma, no podía ser aprobada en sesiones extraordinarias del Congreso, como efectivamente ocurrió. Un error infantil si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional ha emitido 52 pronunciamientos en los que indica que las normas estatutarias solo pueden aprobarse en sesiones ordinarias.

Pero las polémicas del registrador no vienen solo de este año, el año pasado, cuando dijo que en Colombia habitaban 55 millones de personas, y no 50 millones como lo había certificado el Dane en el censo poblacional de 2018, varios sectores políticos encendieron las alarmas ante un posible fraude, orquestado desde la entidad “garante de la democracia”. Luego, ambas entidades se pusieron de acuerdo en las cifras.

Las controversias de Vega vienen prácticamente desde antes de su elección como registrador. En su escogencia incidieron las nuevas reglas de juego, definidas antes del concurso, en las que la entrevista de conocimientos pasó a tener mayor valor porcentual que los años de experiencia en la evaluación final. Vega saltó del quinto al segundo lugar entre los candidatos mejor calificados.

La elección tuvo sombras por los rumores de viajes y regalos con los que Vega, presuntamente, había ‘cortejado’ a los magistrados. Las presidentas Gloria Ortiz (Corte Constitucional) y Lucy Jeannette Bermúdez, (Consejo de Estado); y Álvaro García (Corte Suprema de Justicia) redactaron un comunicado conjunto rechazando los señalamientos.

Vega se posesionó en diciembre de ese año, cargando la acusación pública del uribista Andrés Guerra Hoyos (hijo del cacique liberal Bernardo Guerra Serna), quien lo señaló de haberle pedido más de mil millones de pesos para revisar unos escrutinios. Según Guerra Hoyos, Vega fue emisario del entonces magistrado del CNE Marco Emilio Hincapié. Vega negó las acusaciones, aunque admitió que habían buscado sus servicios de abogado.