“Los Correa de Andreis no nos consolamos y no nos consolaremos jamás”

“Los Correa de Andreis no nos consolamos y no nos vamos a consolar jamás. Las disculpas públicas no las aceptamos, ni las rechazamos, simplemente las escuchamos porque el nombre de Alfredo jamás estuvo enlodado. Los que lo conocimos, sabemos que mi hermano era un hombre pulcro”.

Las palabras del periodista Raúl Correa de Andreis erizaron la piel. Las pronunció en nombre de su familia durante el acto de reconocimiento de responsabilidad organizado por el Estado, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, para pedir perdón por el homicidio y la afectación al buen nombre, la dignidad y la honra del sociólogo Alfredo Correa.

En Barranquilla se realizaron dos ceremonias este martes en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado que en noviembre del año pasado condenó a la Nación por la detención injusta de Correa, quien justo hoy hace 15 años fue asesinado junto con su escolta Edelberto Ochoa por parte de sicarios al servicio del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Además del ofrecimiento de perdón, se ordenó la instalación de placas conmemorativas en lugares visibles de las universidades Simón Bolívar y del Norte, para enaltecer la memoria de Correa y su dignidad humana como miembro de la sociedad y defensor de los derechos humanos.

“Debido a las falsas acusaciones que se le hicieran a través del extinto DAS –Seccional Magdalena, como presunto integrante del grupo insurgente de las Farc en hechos que tuvieron lugar en el año 2004”, dispuso la sentencia.

Los actos de perdón se llevaron a cabo en las dos instituciones educativas, el primero en la mañana y el segundo en la tarde. En ambas, la víctima era reconocida y estimada por sus calidades como profesor e investigador social.

Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia de Defensa Jurídica, fue esta vez el encargado de ofrecer las disculpas. En 2013 lo había hecho Ricardo Giraldo Villegas, director del ya desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que en ese momento estaba en proceso de supresión.

“Tiene razón, doctor Torres: no tengo nada que ver con esto, pero lo hago con total humildad. Ojalá no tuviéramos que pedir disculpas por actos que no se deben volver a repetir. El Estado reconoce que ha producido un profundo dolor a sus familiares, amigos y estudiantes”, dijo Gómez dirigiéndose al abogado José Humberto Torres, representante de la familia Correa de Andreis.
 
Pista en JEP

^{Cortesía Zona Cero}

Torres dio a conocer que el exagente del DAS, Javier Alfredo Valle Anaya, pidió pista ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual ya le asignó un abogado para estudiar si su caso cumple con los requisitos de elegibilidad.

Valle fue el detective del DAS que materializó el montaje a Correa, por medio de testimonios “ensamblados” de exguerrilleros que aseguraron que lo conocían por el apodo de Eulogio, un ideólogo del frente Caribe de las Farc y promotor de manifestaciones estudiantiles. En septiembre de 2017, un juzgado especializado de Bogotá lo condenó a 40 años de prisión por homicidio en persona protegida, homicidio agravado, peculado y concierto para delinquir.

“Lo capturaron en octubre del año pasado en Estados Unidos, sigue en un correccional de Nueva Jersey y no ha habido poder humano que lo pueda deportar a Colombia. En el Consulado de Colombia en Nueva Jersey nos dijeron que el Gobierno poco o nada puede hacer para que regrese al país”, denunció el abogado. “Si lo logran traer a Colombia, esperamos que cuente la verdad real de lo que ocurrió en este caso, aquí hay muchos responsables por capturar”.

De acuerdo con la sentencia de noviembre anterior, las pruebas allegadas al proceso demostraron que el DAS se alió con el Bloque Norte de las AUC, a través del frente José Pablo Díaz, para hacer ver a Correa como un subversivo y después proceder a ejecutarlo.

“Es incontrovertible que el profesor fue objeto de seguimientos y tomas fotográficas ilegales desde el mes de agosto de 2003, por parte del investigador de la Dirección seccional del DAS de Valledupar, Javier Alfredo Valle Amaya”, quien “a su vez tenía vínculos con el comandante paramilitar, alias don Antonio, personaje que finalmente ordenó la muerte del catedrático”, concluyó el Consejo de Estado.
 
Exfiscal señalado, hoy magistrado

El representante de la familia Correa de Andreis también cuestionó que Demóstenes Camargo de Ávila, el fiscal 33 de Cartagena que en 2004 “se prestó para ordenar la captura” de Correa, sea en la actualidad magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

“Quien firmó esa orden de captura está aquí, a un kilómetro de distancia, administrando justicia. Los perpetradores gozan de buen nombre, buena familia, buena salud y la familia ni siquiera ha recibido la reparación administrativa”, ironizó.

A nombre de la familia, Torres solicitó:
 
1.       Que el Gobierno debe comprometerse a exigir al Gobierno de Estados Unidos hacer efectiva la deportación de Valle Anaya. Por eso, es bueno que el Gobierno se comprometa hoy públicamente a traer a este señor a Colombia.

2.       Que la Fiscalía avance en las investigaciones contra Rómulo Betancourt, quien después de ser jefe de seguridad de Enilse López, alias la Gata, fue nombrado jefe de Fiscalía en Bolívar. Betancourt fue quien pagó los viáticos para los testigos falsos. También contra Giancarlo Auque de Silvestri, exdirector de Inteligencia del DAS.

3.       Que se inicie una demanda de repetición contra el magistrado Demóstenes Camargo. “No es justo que el Estado responda por la demanda, cuando este señor está devengando millones de pesos”.

4.       Que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica auspicie el desarrollo y la culminación de un proyecto de investigación cuyo eje temático verse sobre la defensa de los derechos humanos y, además, se imprima una segunda edición actualizada de ‘Patrimonio y personalidad jurídica de los desplazados del Distrito de Barranquilla’, uno de los trabajos académicos que lideró la víctima antes de su asesinato.

“Correa de Andreis era sociólogo y profesor de las universidades del Norte y Simón Bolívar de Barranquilla, y se destacaba por desarrollar un intenso trabajo académico y social con población en situación de desplazamiento en los departamentos del Atlántico y Bolívar, labor que le originó el señalamiento inescrupuloso de ser ideólogo de las FARC”, aclaró el Consejo de Estado en la condena a la Nación.

Ruta de una afrenta

Días antes de su asesinato, Correa de Andreis había presentado una investigación sobre  los desplazados de Bolívar y Atlántico, financiada por Usaid, la agencia estadounidense para el desarrollo, en donde evidenciaba desviaciones indebidas de fondos del Plan Colombia y documentaba el despojo de tierra a cientos de desplazados, algunos de ellos en Ciénaga (Magdalena), de donde era oriundo.

El 17 de junio de 2004 fue detenido en su residencia de Barranquilla y trasladado a la medianoche a las instalaciones del DAS en Cartagena. Sin embargo, en el proceso en su contra logró demostrar el entramado de pruebas falsas que había armado el DAS, en cabeza del detective Javier Alfredo Valle Anaya, quien llevó la investigación en su contra. De allí que la justicia declarara su inocencia, al desestimar las pruebas presentadas por la Fiscalía y el DAS al haber sido falsificadas y obtenidas de manera irregular.

No obstante, las persecuciones y las amenazas en su contra continuaron. Tres meses más tarde, el 17 de septiembre de 2004, fue asesinado por un sicario mientras caminaba en la calle en compañía de su escolta. Del crimen fueron señalados grupos paramilitares en cooperación con miembros del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Luego de varios procesos judiciales, la justicia estableció que el asesinato del sociólogo respondió a una confabulación del DAS y las AUC. De acuerdo con el tribunal, en el homicidio se confirmó la responsabilidad del exdirector del DAS, Jorge Noguera, y del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, quienes estuvieron involucrados en el crimen del investigador y defensor de los Derechos Humanos.

Por estos hechos la justicia condenó a Jorge Noguera a 25 años de prisión, así como a Jorge 40 y a Édgar Ignacio Fierro Flórez (don Antonio), jefe militar del frente José Pablo Díaz y quien ordenó la ejecución. Tambien fueron penados Juan Carlos Rodríguez de León, alias el Gato, uno de los autores materiales, y Javier Alfredo Valle Anaya, el funcionario del DAS que fabricó el montaje.