Algo huele mal en el cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado de Bogotá, esta es la denuncia

En la última semana, se evidenció que la Contraloría Distrital tiene la lupa puesta sobre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y anunció posibles irregularidades que se estarían presentando en la entidad: 12 hallazgos con incidencia fiscal por 16.804 millones de pesos, al igual que 36 administrativos y 12 con presunta incidencia disciplinaria.

El contralor Julián Ruiz indicó que el mayor hallazgo supera la cifra de los 7.000 millones de pesos y está relacionado con las Plantas de Tratamiento Salitre, Canoas y Estación Elevadora Canoas. Megaobras que hacen parte del sistema de alcantarillado de Aguas Residuales del Distrito y que van encaminadas a descontaminar el río Bogotá, según sentencia del Consejo de Estado en 2014.

El Acueducto, por su parte, aclaró que la ampliación de la Planta de Tratamiento Salitre no formó parte del informe de la Contraloría y que el contrato de optimización de ella está a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Sin embargo, si no era su responsabilidad, no se entiende por qué firmó un contrato de auditoría para recibir los cerca de 7.000 millones de pesos y revisar si el contratista de la planta está cumpliendo. Ese dinero se estaría cobrando a los usuarios en tarifas de cargos desglosados, que pasan desapercibidos, por el servicio de alcantarillado.

La ampliación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR Salitre Fase II, es un contrato que se firmó entre la CAR y el consorcio expansión PTAR Salitre (Ceps) por un valor de 1,5 billones de pesos. Fue financiado por la banca internacional y se paga con los aportes del impuesto predial que tiene una tasa ambiental. Para su ejecución, solicitaron un gerente de proyecto que hace las veces de interventor: Consorcio IVK, una entidad conformada por las empresas K2 Ingeniería, Inymsa y Vaico, por ese contrato de interventoría ya se paga alrededor de 55.000 millones de pesos.

La labor de la EAAB, según la orden del Consejo de Estado, es operar, mantener y administrar la planta a medida que avanza su implementación. Del cumplimiento del contrato se encargan las otras empresas ya nombradas, con supervisión de entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que certifican si el proceso de descontaminación y tratamiento se está cumpliendo según el calendario y los parámetros establecidos.

Ante la Contraloría fue denunciada la Empresa de Acueducto por gastar recursos, al parecer, innecesarios en un contrato de auditoría sin ser su responsabilidad y más cuando ya alguien estaba supliendo esa función. SEMANA investigó cómo se adjudicó este contrato y llama la atención que antes del 9 de septiembre de 2021, cuando fue citada una inspección por parte de la magistrada que lleva el proceso de descontaminación del río Bogotá, quien iba a verificar si la planta estaba en funcionamiento con parámetros de calidad de agua y podían pasar a la siguiente fase, en la que entraría el acueducto a operar, este último ya estaba diciendo, el 27 de agosto, que se encontraban falencias y justificando la necesidad del contrato.

Natalia Escobar, gerente de la empresa, envió solicitud de un trámite de contratación a Rodrigo Ríos, su director de contratación y compras, indicando decisiones que supuestamente había tomado la magistrada Nelly Villamizar “el pasado 9, 10 y 13 de septiembre de 2021”.

¿Cómo iba a saber la gerente qué decisión iba a tomar la togada si todavía faltaban casi dos semanas para que se hiciera la inspección? En la página cinco de ese mismo documento dicen que el 15 de septiembre encontraron equipos con cubrimientos insuficientes, que el 17 hallaron bacterias; el 26, inundaciones y en octubre, derrame inadecuado de residuos, entre otras fallas, pese a que la Anla certificó el 12 de septiembre que, efectivamente, se estaba cumpliendo el objetivo y que ya se podía avanzar.

La EAAB instauró un recurso de reposición. El resultado de esa medida se conocería el 19 de noviembre de 2021. Un día antes, el 18 de noviembre, el acueducto evaluó en un solo día idoneidad, presupuesto y documentos pertinentes para adjudicar el contrato directamente al consorcio NHB- PTAR Salitre II, suscrito el 23 de noviembre.

El argumento que entrega la empresa es que ellos tienen que recibir la planta en óptimas condiciones, pero legalmente la que puede recibirla es la CAR, titular de ella. Juez y parteLa firma contratada por la EAAB es un consorcio que tiene entre sus integrantes a HMV, Brigard Urrutia y Nippon Kori, esta última también forma parte de las compañías que hicieron el diseño básico referencial del proyecto para la CAR. ¿Acaso eso no generaría una inhabilidad por ser juez y parte?

No solo en ese contrato se estarían afectando las finanzas de los habitantes de Bogotá, sino también porque habría cobros por una cantidad de agua residual tratada que no correspondería a la realidad.

La Junta directiva del Acueducto firmó el pasado 21 de diciembre el acuerdo 093, que habla de modificar costos de referencia para el servicio de alcantarillado por la incorporación de los costos de operación y mantenimiento de la Fase II de la PTAR Salitre, en el costo medio de operación y se adoptaron tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.

En enero se publicó otro acuerdo (094-2022) que habla de indexar dichos costos con un alza de la tarifa, según mediciones internas por uso de químicos, suministro de personal y mantenimiento de equipos, valores que se ven reflejados en los recibos, según los metros cúbicos consumidos y sin mayor detalle o descripción. Pero, al parecer, el cumplimiento de la EAAB ha sido parcial. Sin embargo, sí está cobrando la tarifa a los usuarios al ciento por ciento.

El sustento que dio la empresa a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico es que los costos de tratamiento de aguas residuales se incrementaron por la operación de la planta y se pueden recuperar mediante la tarifa de servicio. Pero en medio de audiencias judiciales se cuestiona que el acueducto no ha cubierto los costos de mantenimiento ni operación en su totalidad, pues estos los sigue cubriendo el contratista, al que le adeudan más de 150.000 millones de pesos.

Hay alrededor de 300 máquinas que se están usando por encima del tiempo requerido para el mantenimiento preventivo porque el Acueducto, aunque ha formado parte de la operación, no ha asumido del todo su responsabilidad en ella y estas máquinas podrían dañarse, afectando su garantía.

La planta antigua, conocida como fase I, trata un caudal de cuatro metros cúbicos por segundo, y la responsabilidad recae solo en la EAAB, pero con la implementación de la Fase II, de la cual son responsables la CAR y Ceps, el flujo se repartió, pasando de ser un tratamiento primario a uno con mejores condiciones. Así fue cambiando según el paso del tiempo la cantidad de agua tratada. En junio de 2020, la EAAB trató el ciento por ciento y la CAR y Ceps, 0 por ciento.

En enero de 2021, los papeles se invirtieron, la CAR y Ceps trataron el 70 por ciento y la EAAB el 30 por ciento, ese fue el comportamiento hasta agosto. En septiembre, el acueducto solo estaba tratando el 2 por ciento del caudal y el restante la CAR y Ceps. Pero en ese periodo no se ve cambio a la baja en las tarifas de los usuarios, pese a que el acueducto no estaría realizando esa función.

El proyecto entró a operar supuestamente al ciento por ciento en diciembre, cuando sí se ve reflejada la solicitud de alza de tarifas. En los recibos, la información no es clara de cuánto aumenta, algo que deberían regular las autoridades competentes, las mismas que serán las encargadas de investigar si hay o no irregularidades en los hechos denunciados que afectarían directamente a los usuarios del Acueducto.

En medio de las disputas judiciales se conoció que la gran inversión realizada está en riesgo de arruinarse por falta de mantenimiento. Pareciera ser la papa caliente que nadie quiere recibir, mientras algunos pescan en río revuelto.