Este jueves se espera una nueva y amplia jornada de movilización estudiantil en varias ciudades del país, si bien el epicentro será la Universidad Distrital de Bogotá. “Será una verdadera maratón. El objetivo de esta marcha es el más noble que puede haber y es que futuras generaciones tengan derecho a la educación superior. La invitación es a acompañar pacíficamente la movilización y hacemos un llamado público para que la respeten”, explicó Jennifer Pedraza, una de las principales líderes del movimiento.

Aunque el llamado de los estudiantes es a una jornada pacífica, la Policía advirtió este miércoles que hay grupos interesados en causar desorden. Según el general Óscar Atehortúa, director de la Policía, hay 20 marchas y 9 concentraciones programadas en 14 departamentos. “Hemos conocido la pretensión de algunos grupos recalcitrantes y extremistas como los autodenominados JM19 quienes quieren infiltrar partes de las marchas de estudiantes en algunas universidades para causar caos y desorden”.

El llamado que hizo el general es a que los mismos estudiantes medien para que las protestas sean pacíficas. “Nosotros estamos ofreciéndoles el acompañamiento para que hagan uso del derecho de la protesta pacífica, pero no queremos desórdenes. No obstante esperaríamos que los estudiantes mismos ejerzan un control interno y separen de estas protestas a las personas que quieren causar el caos y el terror”.

Las marchas que se adelantarán este jueves tienen tres motivos principales: exigir el cumplimento de los acuerdos suscritos con el Gobierno en el punto de la financiación de Colciencias por 1,2 billones; defender el derecho a la protesta y en contra de la corrupción de las universidades tanto públicas como privadas.

Pero qué hay detrás de esos grupos sobre los que advierte la Policía. SEMANA publicó un amplio informe a mediados de este año que revela detalles sobre el funcionamiento de los infiltrados.

Los infiltrados: así operan los grupos clandestinos en las universidades

Con el desarme de las Farc, el país esperaba que la influencia de los grupos clandestinos disminuyera en las universidades. Pero las autoridades han notado en los últimos meses que se han reactivado esos componentes, a los que vuelven a catalogar como una amenaza. Los más grandes, dedicados sobre todo a la propaganda y las acciones violentas, están vinculados al ELN y a una estructura autodenominada JM-19 (J por Juventudes), que retoma el discurso de la guerrilla desaparecida en 1990. Aunque esos grupos existen desde hace años, en los últimos meses han hecho sonar las alertas.

La estructura más activa desde el año pasado es precisamente el JM-19. Fuentes de inteligencia consultadas por SEMANA sostienen que esa organización estaría trabajando para consolidar un modelo de “coordinadora nacional clandestina”. Con este buscarían conectarse con los grupos alineados con el ELN e incluso con las células universitarias afines a las disidencias de las Farc. Los investigadores tienen identificados al menos a 12 de sus supuestos miembros.

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El JM-19, sin embargo, no es el primero que se arropa con esa afinidad a la extinta guerrilla en las universidades. De hecho, las autoridades tienen noticia desde 2009 de estructuras que han querido recoger las mismas banderas. La más activa tiene el nombre del fundador del M-19, Jaime Bateman. También ha habido otras como el Kolektivo Sur, el Kolektivo Alma del 68, el Movimiento IRA y el Colectivo Carlos Pizarro.

Foto: Desde hace diez años hay noticia de grupos identificados con el M-19 en universidades. Pero esta nueva estructura alertó a la Fiscalía por su poder de articularse en todo el país y por las alianzas que estaría buscando con otras estructuras, como el ELN.

Comunicaciones interceptadas por la Fiscalía habían advertido diferencias internas entre estas. “Usted ve la organización golpeada, sin cabeza, sin dirección, aventurera, militarista... nosotros, por el contrario, la vemos fuerte. ¿Que nuestra infraestructura fue aniquilada? ¡Y la reconstruimos! ¿Que no nos queda dinero? Habrá que conseguirlo”, dice una carta de sus miembros que cayó en poder de las autoridades.

Con el surgimiento de la denominación JM-19, los investigadores ven el comienzo de una nueva estrategia de esas estructuras para consolidar su avance. El mismo grupo lo ha hecho manifiesto en sus comunicaciones públicas: “Dejamos de ser una organización clandestina universitaria del distrito, para empezar a construirnos como una Organización Juvenil Popular Clandestina de carácter nacional... de poder popular a través del trabajo con comunidades del Distrito Rebelde (Bogotá), la Comuna de Resistencia (Cali), el fortín Cívico (Pereira), y la ciudad Comunera (Bucaramanga)”.

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Los organismos de inteligencia creen que los grupos más grandes del JM-19 están en las universidades públicas de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Cali y Popayán. En la capital caucana, de hecho, la Fiscalía capturó la semana pasada a tres supuestos miembros, a quienes señaló de participar en desmanes. Sin embargo, un juez de garantías los dejó libres, pues consideró que el ente investigador no presentó pruebas suficientes para respaldar sus acusaciones.

El mismo fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se refirió al tema: “En este nuevo grupo clandestino que opera en las universidades participan estudiantes y docentes. Aparecen encapuchados y sabemos que están articulados en todo el país. Nuestra labor es desencapuchar a estas semillas de terrorismo que se están insertando en la universidad pública”. El fiscal los señaló por algunos de los actos violentos ocurridos en el paro estudiantil de 2018 en Bogotá y en Popayán, y por la explosión que dejó un muerto y varios heridos en la Universidad del Valle este año.

Algunos directivos de las instituciones educativas se manifestaron. Omar Mejía, rector de la Universidad del Tolima, dijo ser “respetuoso de la Fiscalía y esta investigación que adelantan. No tenemos pruebas de que las acciones que afectan a las universidades provengan de algún grupo armado. Solo hemos evidenciado panfletos que dejan estos grupos que están en la universidad alterando el orden interno”.

Élmer Gaviria Rivera, vicerrector de la Universidad de Antioquia, aseguró que “Solo podemos decir que en las universidades aparecen personas encapuchadas que desarrollan actividades violentas, pero no podemos decir si son estudiantes o docentes. Esa labor les corresponde a la Fiscalía y a la Policía”.

SEMANA consultó a algunos líderes estudiantiles y docentes que prefirieron mantener su nombre en reserva. “Sabemos que existen, pero no su identidad. Todo el mundo cree que los ocultamos, pero no, no sabemos. En conversaciones con otros estudiantes, llegamos a inferir que pueden ser infiltrados de la Sijín o de grupos armados”. Otro más aseguró: “Sé que hace unos meses, los del JM-19 amenazaron con salir de la clandestinidad e iniciar un accionar más directo si los estudiantes de la Universidad de Pamplona seguían perseguidos por las directivas si apoyaban el paro estudiantil”.

El JM-19 ha llamado la atención de las autoridades por esos movimientos, pero los grupos más fuertes y peligrosos con arraigo en las universidades están más vinculados al ELN. Su fortaleza radica en que se articulan con una estructura mucho más poderosa y de mayor alcance: el frente de guerra urbano.

Los encapuchados elenos

En los últimos 15 años, el país ha padecido el auge del frente de guerra urbano del ELN, una estructura relativamente nueva al compararla con el resto de la organización, que asumió la estrategia de “elenizar las ciudades”, como la misma guerrilla lo definió. Una muestra de esa ofensiva es el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que cobró la vida de 22 estudiantes de la institución. Pero no se trata de un hecho aislado. Responde a dinámicas que han ido fortaleciendo en 10 ciudades escogidas por esa guerrilla, que incluyen las capitales principales.

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Las autoridades han establecido los movimientos del ELN en los municipios a partir de la información recopilada en los operativos contra el frente urbano. Una de las más importantes, la Operación Tormenta, dejó documentos claves en poder de los investigadores. El accionar de esa guerrilla tiene tres cuerpos esenciales en los centros urbanos: las células radicales, encargadas de ejecutar los ataques y hacer propaganda; los equipos de inteligencia estructural urbana y los talleres de armamento popular.

Foto: Las estructuras más fuertes en las universidades están ligadas al ELN. Son claves en el funcionamiento del frente de guerra urbano de esa guerrilla, que ha llevado sus acciones fuera de esas instituciones para ejecutar ataques terroristas en las ciudades.

Las células operacionales son generalmente grupos creados en las universidades, encargados de fomentar las típicas protestas violentas o tropeles, pero que también llevan sus acciones fuera de ellas. En los últimos años, varias de esas organizaciones se han hecho conocidas con nombres como Barricada 4-M, Llamarada o el mismo Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), que perpetró el ataque contra el centro comercial Andino en el que murieron tres mujeres en 2017.

Estos grupos operan bajo tres principios para subsistir ocultos: la clandestinidad, la conspiración y la compartimentación. Este último implica que los mismos integrantes de una célula están subdivididos por funciones, de manera que, aunque hagan parte de las mismas operaciones, muchas veces ni siquiera se conocen entre ellos. Asimismo, las células deben especializarse en las cuatro áreas de sus actividades, que, según sus propios documentos internos, son salud y primeros auxilios, combate callejero, preparación de armamento popular y propaganda.

Frente al combate callejero, uno de los documentos incautados dice: “La confrontación en acciones de ofensiva exige de niveles graduales que permitan su despliegue acertado, de manera que la asimetría que le es inherente, implique momentos de arremetida, golpes de desequilibrio y acciones que sorprendan y despisten al enemigo (...). Deberán conocer muy bien los territorios en los que actúan, las rutas de acceso y escape de los mismos, las técnicas de movimiento, el manejo del material explosivo y del armamento popular, y los mecanismos de reacción enemiga”.

Ese trabajo urbano no se limita a acciones violentas, sino también a llevar la propaganda, incluso, a los colegios. En uno de los paquetes de información intervenida, una de esas células se refería a instituciones de la localidad de San Cristobal y el barrio 20 de Julio. Allá los integrantes llegaron a guiar reuniones con estudiantes de bachillerato y, además, adelantaban actividades como talleres de estampado en tela para acercarse a los jóvenes.

En esas comunicaciones reportaban esas actividades. Advertían mucha vigilancia, “efectivos de civil” en esos barrios, y por eso era casi imposible que algún grupo entrara directamente. “Ahí la necesidad de tener un marco institucional para poder desarrollar un trabajo tranquilo, y que no haya seguimientos o persecuciones. Se llame iglesia, o salón comunal, o un respaldo fuerte como es la casa de derechos que son los menos comprometedores”.

También hablaban sobre las dificultades en esas labores. “Los problemas más frecuentes son con los profesores y rectores que delimitan mucho los tiempos y esto hace que los pelados no tengan una continuidad en las sesiones (...). Si en dado caso hay algunos jóvenes interesados, fomentar la politización de lo que se conforme”. Lo decía un miembro de una de esas células, que a su vez estudiaba en una universidad bogotana.

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Las otras unidades claves en el trabajo urbano del ELN son los equipos de inteligencia estructural urbana, como los denominan. Estos se encargan de entender el funcionamiento de las fuerzas de seguridad en las ciudades. “Es de relevancia conocer y tener un manejo claro de como están constituidos los planes de defensa del enemigo en las ciudades, cómo es todo el entorno operacional de las fuerzas militares y enemigas y sobre qué estructuras se soportan”.

Estas estructuras no les responden a las unidades de sus ciudades, sino directamente al comando central y a la dirección nacional del ELN. “Son secretos, compartimentados al interior de nuestra organización, de manera que los frentes urbanos y demás estructuras del ELN presentes en la ciudad, no saben de su existencia y de su funcionamiento”, dice un documento. Más adelante se lee: “Son dependencias directas de organismos superiores, y solo estos organismos deciden sobre el manejo de la información relativa a la existencia, planes y composición de estas estructuras”.

Finalmente, el accionar eleno en áreas urbanas se soporta en los talleres de armamento popular, que suelen ser locales ocultos y acondicionados para fabricar explosivos. Las directrices del frente de guerra urbano apuntan a que cada una de sus estructuras debe ser autosuficiente en esa labores, además de tener reservas garantizadas en sus caletas. “Por cada tiro disparado, 10 kilos de R1 detonados”, dicen los documentos en poder de la Fiscalía. Estos talleres están ligados con los denominados comandos móviles de zapadores, que ejecutan los ataques con explosivos en las ciudades.

Esa estructuración da cuenta de que buena parte de la estrategia elena en las urbes pasa por las universidades. También es claro que, en los claustros, la mayoría de alumnos y profesores rechazan las acciones y los métodos violentos. Sin embargo, las aulas y los pasillos siguen siendo un territorio en disputa.