Alias Ómar, el gran capo de la mafia en Antioquia, habría pagado 120 millones de pesos para ser trasladado a la cárcel de Itagüí; ¿qué buscaba?

En noviembre pasado, José Ómar Henao Acevedo, alias Ómar, señalado de ser un gran capo de la mafia en Antioquia y de comandar la tenebrosa banda de Los Pachelly, cayó en una narcofiesta en el municipio de Doradal. Las autoridades le seguían los pasos hasta que ‘dio papaya’ en una finca donde celebraba su cumpleaños. Allí, rodeado de prepagos, trago y droga, las autoridades lo sorprendieron y lo capturaron.

A Los Pachelly le figuran una larga cadena de delitos: homicidios, sicariatos, tráfico de armas, narcotráfico, extorsiones, desplazamientos, secuestros y hasta el servicio de una oficina de cobro. El poder de la estructura se consolidó en los años noventa, cuando nació como un brazo armado del sanguinario cartel de Medellín, del extinto Pablo Escobar. El capo de capos les había encomendado a Los Pachelly acabar con el cartel de Cali, con el que sostenía una guerra a muerte.

Henao Acevedo estaba preso en una URI de Medellín, pero, según fuentes consultadas por SEMANA, las autoridades descubrieron una información delicada: le habría pagado a un abogado hasta 120 millones de pesos para ser trasladado a la cárcel de Itagüí. Sin embargo, ya estaba “perfilado” para ser recluido en La Picota, en Bogotá, dijo una alta fuente del Inpec. Por eso, su plan falló y puso en evidencia una primera movida corrupta para obtener beneficios. Los Pachelly ha manifestado públicamente su voluntad de formar parte de la ‘paz total’ de Petro.

Este fue el narco que pagó un millón de dólares para colarse en la paz total del presidente Petro, pero fue extraditado y prendería el ventilador

Un sofisticado, oscuro y millonario plan amenaza la paz total del presidente Gustavo Petro. SEMANA conoció en exclusiva que algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta un millón de dólares a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. La situación más crítica se vive en las cárceles de Antioquia y en La Picota, en Bogotá. La escandalosa trampa tiene las alarmas encendidas en la Casa de Nariño, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Inpec.

El negocio sucio empezó a gestarse en la pasada campaña presidencial, cuando estalló la polémica por las visitas a las cárceles de Piedad Córdoba y Juan Fernando Petro, hermano del hoy presidente Gustavo Petro. En ese entonces se habló de un “perdón social” que incluiría a corruptos, asesinos y narcotraficantes. En el caso de Córdoba, se denunciaron supuestos ofrecimientos a los extraditables para no ser enviados a Estados Unidos si Petro ganaba las elecciones. Ninguna autoridad investigó el tema y el candidato apartó a Córdoba de su equipo. Desde entonces, un cartel de abogados, muy oportunista, puso en marcha la macabra estrategia que hoy destapa SEMANA.

Varios abogados consultados por este medio dieron fe, bajo reserva, de lo que está ocurriendo en las cárceles donde están recluidos los narcos. “A mi cliente le contaron que con ese pago se garantiza la no extradición, mientras, al mismo tiempo, era posible apuntar a unos beneficios. El tema surgió y se conversó. La información circuló entre varios abogados. Algunos aseguran que tienen audios y chats que confirman las exigencias de dinero”, sostuvo una abogada que defiende a varios capos.

Y agregó: “Incluso se conoce el caso de un narco extraditado, con el nombre o el alias de Álex, que hizo un pago de un millón de dólares a una ONG que le aseguró que ese trámite quedaría congelado, pero no le cumplieron y seguramente estará denunciando ese pago ante las autoridades de Estados Unidos”.

Sobre las pruebas, otra fuente indicó: “Hay un abogado que tiene todas las grabaciones con las exigencias de dinero de dos reconocidos personajes a los narcos para incluirlos en la paz total. Pero tiene miedo de entregarlas”.

Ante estas graves denuncias, el comisionado de paz, Danilo Rueda, expresó que su oficina está al tanto de los hechos: “Hemos tenido información e indicios de que está sucediendo una operación irregular e ilegal, en donde quizás algunos clientes están siendo engañados al recibir ofrecimientos para ser gestores de paz”.

El comisionado Rueda explicó a este medio que muchos narcos se han acercado a su oficina a través de abogados y él mismo, acompañado de sus funcionarios de confianza, los ha atendido en audiencias presenciales y, en dos ocasiones, virtuales. “Ningún acercamiento de estos está asegurando que se va a asignar una gestoría o que haya una impunidad frente a los procesos que están en curso”, explicó Rueda.

Según él, hay un examen exhaustivo de los documentos que sustentan el deseo de los narcos de participar en la ‘paz total’. No cualquiera cabe allí. De ocho solicitudes de traslado para colaborar “en labores de paz urbana en diferentes lugares del territorio colombiano”, solo cuatro están vigentes. Todas ellas, justamente, de capos recluidos en Buenaventura y en la cárcel de Itagüí, a donde quería llegar de manera tramposa alias Ómar, jefe de Los Pachelly. Todos los informes presentados se cotejan con quien lleva el proceso penal del narcotraficante.

Los traslados son parte del proceso para que los condenados sean llevados a un solo centro penitenciario que facilite las gestiones de paz frente a aquellos que siguen activos en las calles, dedicados al tráfico de drogas. Sin embargo, aún falta el marco jurídico que permita que formalmente estas personas puedan ser reconocidas como gestoras de paz, y ese trámite, inevitablemente, tiene que darse en el Congreso.

También hay un filtro de la comisión de investigación del Inpec que tiene que expedir una especie de certificado de buena conducta del detenido. Muchos abogados nunca regresan a la Oficina del Comisionado de Paz después del primer contacto. “Uno no sabe lo que pasa después”, dijo el comisionado Rueda, quien sostuvo que, básicamente, están estafando o tumbando a los narcos con falsas promesas. “Ser gestor de paz no tiene precio. Las gestorías solamente se otorgan con condiciones en la medida en que haya un proceso de construcción hacia la paz. Esto no es ni una boleta que se compra, ni tampoco algo que se rifa. Hay unos protocolos rigurosos para que pueda entregarse o designarse a alguien con esa categoría. Si se hace de otra manera, eso es corrupción”, advirtió el comisionado Rueda. ¿Es un delito? “Sí, es un delito”, dijo el funcionario.

Fuentes del Gobierno confirmaron que hace unos días un abogado que dijo venir de Cali en nombre de narcotraficantes, con conexiones con grupos armados ilegales en zonas rurales, se presentó ante el comisionado Rueda, quien lo escuchó y le dejó claros los requisitos. Al terminar el encuentro, el funcionario fue alertado de que esta persona estaba exigiéndoles dinero a los narcos con la promesa de que los convertiría en gestores de paz. Sus peticiones fueron descartadas de manera inmediata.

En libertad, una reconocida narcotraficante de Santa Marta, ligada a Los Pachenca, también estaría gestionando su ingreso a la ‘paz total’ a cualquier precio.

Los abogados, en reserva, revelaron el modus operandi del cartel.

“Lo que conocemos es que algunas fundaciones u ONG están llegando a La Picota a ofrecer esos servicios. Son unas abogadas que se conocen como ‘Las Prepago’ de La Picota y que garantizan la posibilidad de evitar la extradición a través del proceso de ‘paz total’.

“Entre los privados de la libertad, la versión se regó y muchos estuvieron preguntando con el propósito de ser incluidos”.

Otro abogado, sin aportar pruebas definitivas, se fue de frente contra uno de sus colegas. “El abogado Pedro Niño cobraba primero, prometiéndoles a los extraditables que no serían enviados a Estados Unidos. Lo que me han referido algunos presos por narcotráfico es que ahora les estaría pidiendo altas sumas de dinero para, supuestamente, entrar a la ‘paz total’”.

SEMANA contactó a Niño, quien ha sido abogado del exgobernador de La Guajira Kiko Gómez, para conocer su versión frente a estos señalamientos. “Yo trabajo con total honestidad, ni siquiera a mis clientes les cobro. No soy un hombre de dinero. Si hay investigaciones, que se investigue, porque eso perjudica un proceso de ‘paz total’, trabajamos es en tender puentes, me dedico a una labor humanitaria. En estos temas hay enemigos que pueden dañar los nombres. Tengo una organización de derechos humanos con excombatientes, mujeres cabeza de hogar, empresarios en busca de una paz”, dijo.

Los narcos que pagan para ser nombrados gestores de paz lo estarían haciendo directamente en dólares al cartel de abogados. Es una medida desesperada de ellos para intentar salir de la cárcel y evitar una prisión en Estados Unidos.

En las denuncias que hicieron varios abogados a este medio fue mencionado, con cierta regularidad y temor, el nombre de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. “En este momento he estado alejado de eso, porque me ha traído muchos problemas”, dijo.

El comisionado Rueda fue enfático en que él no tiene ningún cargo en el Gobierno, ni autorización alguna para hablar y hacer gestiones en materia de paz total. “Ninguna persona está autorizada a nombre del presidente Petro o de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Soy el único que tiene las facultades delegadas por el presidente para estas posibilidades de traslados o de lo que podría ser un gestor de paz. Nadie que esté obrando a nombre de la oficina cobrando recursos está autorizado ni legitimado para eso”, señaló Rueda. Asimismo, agregó que en la oficina “reposan documentos de las únicas personas que pueden participar como facilitadores en los acercamientos. Pero son unas únicas personas certificadas, las cuales están siendo monitoreadas y tienen que entregar informes permanentes a la Oficina de Paz”.

La ‘paz total’ ha sacudido a tal nivel las cárceles del país que el Inpec le ha pedido a la Oficina del Alto Comisionado que fije una metodología y dé lineamientos claros ante la avalancha de solicitudes de presos que quieren sumarse a esa iniciativa del Gobierno. Está confirmado que ha habido reuniones de alto nivel entre las dos oficinas para tratar de frenar las trampas de los narcos.

Esmeralda Echeverry, de la Fundación Cárceles al Desnudo, sostuvo: “Son relatos de los propios internos que estaban buscando incluirse en estos procesos. Algunos personajes con perfil alto (narcos) han hecho algunos pagos a personas que son ajenas al Gobierno, pero que en las conversaciones indican que son cercanos al proceso de ‘paz total’”.

“Nos informaron puntualmente que unos abogados estaban intermediando para convertirlos (a los privados de la libertad) en gestores de paz. Se presentan como allegados al Gobierno y garantizan la inclusión a cambio de un pago con cifras elevadas”, reveló Echeverry. “Nos comunicamos con la dirección del Inpec para advertir y se generaron las alertas sobre el tema. Informamos al alto comisionado para la paz y le pedimos revisar el procedimiento, tener una línea clara para evitar malas interpretaciones”, agregó.

El presidente Petro sabe que con los narcos hay que tener mucho cuidado. En el pasado han demostrado que son expertos en buscar rendijas para colarse en los procesos de paz, como ocurrió en los diálogos de Ralito con los paramilitares. Por ejemplo, Miguel Ángel Mejía Múnera, líder del Clan de los Mellizos, terminó pagándoles a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para que le vendieran el bloque Vencedores de Arauca. De esta manera, el narco buscaba evitar su extradición. En el caso de los diálogos con las Farc, durante el Gobierno Duque, se conoció un episodio en el que intervino el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Todo por cuenta de que seis supuestos narcos estaban siendo cobijados con los beneficios otorgados a quienes se desmovilizaron en nombre de las Farc. En el 2019, tras la advertencia de la embajada, el Gobierno Duque los retiró de la lista.

La abogada Angélica Sánchez, de la mesa de diálogo para la ‘paz total’ en La Picota, dijo que han detectado que se están creando “submesas” que prometen la inclusión en la paz total por medio de ONG o fundaciones que estarían aprovechando la coyuntura para hacer “exigencias de dinero”.

Mientras los narcos intentan colarse como gestores de paz con el pago de millonarias sumas de dinero por medio de un cartel de abogados, en el país crece la preocupación por la falta de operativos contundentes de la fuerza pública contra el narcotráfico.

Las cifras más recientes de la Fiscalía, con corte al 27 de enero de este año, revelan que, después de que el presidente Petro decretó el cese al fuego bilateral, el 31 de diciembre, en lo corrido de 2023 solo han sido destruidos 11 laboratorios de procesamiento de droga. En enero de 2022 esa cifra fue de 213. Por su parte, mientras en enero de 2022 se incautaron 33 toneladas de cocaína, en enero de este año apenas fueron 10.

El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, es testigo de excepción de la preocupación de Estados Unidos por la suerte que está corriendo la lucha antinarcóticos. En ese país también hay alarma porque el Gobierno Petro intentó solicitar que se levantaran las órdenes de captura a cinco narcotraficantes pedidos en extradición y que forman parte del Clan del Golfo y Los Pachenca.

Finalmente, el comisionado Rueda advirtió que el Gobierno no permitirá, bajo ninguna circunstancia, que el cartel de abogados y los narcos se salgan con la suya en la ‘paz total’. “El Gobierno ni vende cupos ni los ofrece. Nosotros con estos indicios, y luego de cotejar una información, vamos a solicitar a la Fiscalía una investigación. Aquí hay una comisión de múltiples delitos”, sostuvo.

El país está avisado, al igual que los abogados corruptos y los narcotraficantes. “Yo no me imaginaba que la paz tenía tantos negociantes. Y negociantes que pretenden sacar provecho de una circunstancia, de un valor profundo como es la paz, con negocios indebidos, haciendo trampas, y eso afecta, pero al igual creo que también nos fortalece en mantener el rigor en los escenarios dialógicos que se establezcan”, sostuvo el comisionado Rueda, quien dijo que todo lo que se haga en las cárceles “va a ser transparente y no de espaldas a nadie”.

SEMANA confirmó que por lo menos dos abogados cercanos al Gobierno Petro, en medio de las denuncias, se tuvieron que marginar de la estrategia de la ‘paz total’.