Alias ‘Paraca loca’, a pagar 22 años de cárcel por crimen de lideresa que conmovió a Colombia

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación (UEI), emitió sentencia condenatoria en contra de María Angélica Gómez Isidro, alias Paraca Loca o Yesenia, implicada en el homicidio de la defensora de derechos humanos María del Pilar Hurtado, cometido el 21 de junio de 2019 en el barrio Nueve de Agosto de Tierralta (Córdoba).

Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Montería (Córdoba), con función de conocimiento, le impuso a la mujer una pena de 22 años, 7 meses y 20 días de prisión, como responsable de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

En la investigación se evidenció que Gómez Isidro era integrante de la subestructura Javier Yépez Cantero del Clan del Golfo y fue la encargada de suministrar la ubicación de la lideresa a los autores materiales del homicidio. Según lo establecido, la líder comunitaria, de 34 años de edad, trabajaba en defensa de los desplazados y había recibido amenazas de esa organización criminal, por la labor social que ejercía. Alias Paraca Loca fue capturada en julio de 2020 por la Policía Nacional en Montería (Córdoba) y desde entonces está recluida en centro carcelario. La sentencia es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

La vida en Tierralta no es sencilla y no solo por la pobreza. Este municipio del sur de Córdoba, parte del antiguo epicentro del paramilitarismo, no conoce qué es la paz, a pesar del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y, una década después, el acuerdo de paz con las Farc. Y el panorama parece empeorar cada vez más. Allí en la mañana de este viernes, a sangre fría, ante dos de sus hijos, fue asesinada al frente de su vivienda en Tierralta (Córdoba) María del Pilar Hurtado. Ella laboraba en un aserradero de piezas de madera para fabricar guacales para transportar papayas, pero, al igual que su pareja, también se dedicó a la recolección de elementos para reciclar.

Sus hijos eran cuatro, todos varones, un pequeño de 5 años, otro de 14 y dos mellizos de 12 años. La familia de María del Pilar llegó a Córdoba desde Puerto Tejada (Cauca) hace seis años huyendo de las complejas condiciones de pobreza y orden público que allí vivieron. Rossy Pérez, integrante de la Mesa departamental de víctimas del Cauca, dice que María del Pilar sí ejerció algún liderazgo en su municipio y debió huir de las amenazas de las pandillas que allí operan. Su compañero, Manuel Berrío, es oriundo de Tierralta y por ello terminaron allí. Arribaron al sector La Esperanza, del barrio Nueve de agosto, una antigua invasión que fue legalizada en junio 2017 y considerada hasta entonces, por sus 46 hectáreas y sus 17.000 habitantes, las más grande de Latinoamérica.

Manuel es padre del menor de los niños, pese a que no tiene sus apellidos. Al mayor, de otro papá, le sucede igual. Los mellizos, de diferente progenitor, sí los llevan. Los tres más grandes ayudaban con las labores reciclaje y por ello fueron objeto de un trabajo de “fortalecimiento familiar” por parte del ICBF, que los halló en situación de trabajo infantil.

Los tres más grandes ayudaban con las labores reciclaje y por ello fueron objeto de un trabajo de “fortalecimiento familiar” por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que los halló en situación de trabajo infantil. Una vida muy complicada para una lideresa social que terminó asesinada en función de sus labores y cuya condena se anunció este martes. 28 de septiembre.