Alquiler de sicarios: así es el temido negocio de matones en todo el país cometiendo asesinatos de alto impacto

Cada semana en Colombia ocurren decenas de casos de sicariato, muchos de ellos en las principales ciudades, y a plena luz del día. El mercado de armas ilegales toma más fuerza ante una criminalidad disparada. Bogotá, Cali y Barranquilla hoy sufren con un panorama aterrador de asesinatos, robos y secuestros. En todo ese andamiaje criminal hay un factor sorpresivo.

SEMANA revela detalles del mercado de sicarios que amenaza la seguridad del país: cientos de millones de pesos circulan entre mafias para acabar con la vida de una persona o despojarla de los objetos valiosos.

Según datos de la Policía Nacional, 10.416 ciudadanos murieron en 2023 por cuenta de atentados con armas de fuego y 88.285 más denunciaron ser víctimas de los ladrones, quienes los intimidaron con pistolas para que cedieran sus pertenencias. Los hechos ocurrieron de día y de noche, entre multitudes y en privado.

Un informe de la Dirección de Investigación Criminal alerta que en las ciudades principales hay un negocio entre delincuentes para alquilar armamento por minutos. El precio depende de la complejidad de la misión, del tipo de elemento que se requiere para aniquilar a la víctima y de los riesgos que pueden correr los maleantes. Es un pacto de sangre. El valor básico por una unidad oscila entre 300.000 y 500.000 pesos. Detrás del arrendamiento hay una operación milimétrica para no ser descubiertos por las autoridades y, de quedar en evidencia, la jugada complica las tareas de los detectives para judicializarlos por los acontecimientos.

El general José Luis Ramírez, jefe del Servicio Nacional de la Policía, informó que este tipo de transacciones tienen cinco momentos: los implicados llegan al sector donde piensan ejecutar el plan, se comunican con un particular para que les lleve la pistola, él la entrega, se hace la misión y, tres cuadras más adelante, devuelven el objeto.

“Si en algún instante son requeridos por la autoridad, con base en las características que hayan dado los ciudadanos afectados, el policía lo que va a encontrar es a dos sujetos que no tenían arma de fuego y eso dificulta el proceso de investigación”, manifestó el alto mando de la institución en entrevista con SEMANA.

Lo contado hasta aquí solo está relacionado con el alquiler de pistolas, los “servicios” de homicidios y atracos masivos están en otro paquete que, por lo general, lo ofrecen las mismas bandas a precios superiores. Estas aterradoras negociaciones se están dando, en su mayoría, en las zonas urbanas.

La Fiscalía respondió que, conforme a sus indagaciones, en Colombia no hay un promedio unificado de las exigencias económicas que hacen los criminales para atentar contra una persona. Sin embargo, tiene la certeza de que hay una evaluación exhaustiva de riesgos y los disparos no se dan por menos de un millón de pesos.

Para calcular el precio, según el ente de acusación, los asesinos tienen presentes los siguientes aspectos: ¿quién es la víctima?, ¿cuáles son las condiciones del sector donde está el sujeto?, y ¿cuál es el factor por el que se ordenó su fallecimiento?, entre otros aspectos que definen la ruta logística del crimen.

El origen de las armas

El mercado ilegal de las armas de fuego en Colombia se nutre con el material de guerra que llega del extranjero. Las investigaciones de la Policía y el Ejército demuestran que, en el territorio nacional, de momento, no hay espacios donde se construyan pistolas desde cero, pero sí las modifican manualmente.

Estos elementos ingresan por las trochas fronterizas que se comparten con Ecuador, Venezuela y Panamá, regularmente, coordinados por el ELN y las disidencias de las Farc. Otros arriesgan sus vidas para trasladarlos vía marítima y los abandonan en las playas del Caribe y el Urabá antioqueño, el fortín del Clan del Golfo.

El armamento incautado en 2023 por la fuerza pública indica que los principales proveedores están en Estados Unidos, Italia, Turquía, Israel, Alemania y Brasil. Sin embargo, los detectives creen que hay un subregistro y datos desconocidos porque los sicarios están eliminando el serial, lo que permite la identificación y el rastreo.

Los costos logísticos del tráfico de fusiles, revólveres y pistolas se están asumiendo con las ganancias que deja el narcotráfico. Desde el mar salen lanchas con toneladas de drogas y, al otro lado del mundo, regresan contenedores repletos de elementos militares que sirven de combustible para el conflicto urbano y rural.

Las bandas locales usan con frecuencia el revólver porque tiene mayor precisión y no deja vainilla tras el disparo que, en medio de una investigación, puede ser un elemento material probatorio. Mientras que los grupos armados optan por el fusil por la capacidad de generar fuego y acabar con el enemigo. Hoy no se sabe cuál es el sector de Colombia donde hay más pistolas, pero hay una hipótesis que cobra relevancia entre las autoridades: “No tenemos definido un porcentaje para cada uno de los territorios, pero, obviamente, los grupos que sean más numerosos son los que más armas en su poder tienen”, dijo el general Ramírez.

El terror en las ciudades

En Bogotá, por ejemplo, los criminales ya no solo están haciendo de las suyas en las calles y en estaciones o buses de TransMilenio, sino que ahora están entrando como Pedro por su casa a restaurantes y gastrobares a atracar a sus anchas, sin temor alguno. Aterrorizan con pistolas traumáticas o armas de fuego para lograr su objetivo. En todos los casos, han podido huir con un millonario botín.

Salir a comer en familia o en pareja o compartir unas cervezas con amigos se volvió una ‘operación peligro’ en la ciudad. Así ha quedado en evidencia este año con al menos diez casos mediáticos de hurtos masivos en sitios como la panadería Masa, el restaurante Abasto, la hamburguesería Pecado Capital, Primates Pub & Grill, y cervecerías, entre otros. Eso, sin contar con los que no son denunciados en los medios o las redes sociales. Y, para completar, el pasado 21 de febrero fue asesinado en Bogotá el empresario Hernán Roberto Franco, en hechos que quedaron registrados en videos y que empeoraron la angustia de los habitantes de la capital.Por otro lado, en Medellín, la situación tampoco es la mejor.

SEMANA conoció que la Alcaldía de esa capital y la Fiscalía General de la Nación encendieron las alarmas por los escenarios de violencia que podría desencadenar el asesinato de Edison Rodolfo Rojas, hasta el jueves pasado considerado como uno de los principales cabecillas del grupo delincuencial organizado la Terraza.

Su muerte se dio el 7 de marzo, cuando se encontraban dialogando en un parqueadero del barrio El Poblado. Fue atacado a disparos por sicarios y, en medio de la confrontación, uno de sus escoltas también perdió la vida. De inmediato, una unidad del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió el estudio del caso.

Fuentes del ente de acusación le confirmaron a este medio que hay tres hipótesis que podrían explicar el crimen: una disputa interna de la banda que comandó Rojas, un ajuste de cuentas entre grupos ilegales o las ampollas que han levantado los acercamientos de paz con el Gobierno Petro en el interior de la cárcel La Paz de Itagüí. Esto podría desatar una ola de violencia en el Valle de Aburrá, por lo que representaba entre la criminalidad Edison Rodolfo Rojas y que, en una posible confrontación entre los bandos, movería la línea de mando de su grupo.

Todo eso, sumado a la situación de Cali y municipios intermedios como Jamundí, fortalece las estructuras que se cimientan en un mercado de sicarios y armas en Colombia.