Alta tensión en el sector de gas: al déficit y a la polémica importación desde Venezuela se suman ahora presiones laborales

Cuando el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que a partir de 2025 se produciría un déficit en el balance de oferta y demanda de gas, las alarmas se encendieron.

“Un escenario de desabastecimiento de gas natural no puede ser una opción porque pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad del aire y el bolsillo de más de 36 millones de colombianos que usan gas natural todos los días para cocinar sus alimentos”, dijo Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás.

Además, la compleja situación en la oferta de gas y en algunas limitaciones de transporte coincidió con la negociación de la convención colectiva en la Transportadora de Gas Internacional (TGI), que representa más de la mitad del sistema de transporte nacional de gas.

Como le confirmó una fuente a SEMANA, el pasado jueves el sindicato de TGI anunció la huelga y empezaron a correr diez días para lograr un acuerdo; sin embargo, no será una tarea fácil. Primero, porque en lugar de ir a una negociación con arbitramento, el sindicato notificó la huelga, pero en un escenario en el que los paros en servicios públicos son ilegales. Allí estará la discrecionalidad del Ministerio del Trabajo, que, al final, es el que declara si es ilegal o no.

Y, segundo, porque las peticiones abren una puerta para adelantar una agenda propia de la reforma laboral, como llevar al país a las negociaciones sectoriales, escalafón en las empresas, participación en utilidades, tener salarios mínimos por sector, convenciones colectivas de sector y no de empresa. “En pleno fenómeno de El Niño, si llegan a parar el gas, apagan el país”, aseveró la fuente.

A esta profunda tensión laboral se suma un preocupante panorama del ramo. Un informe conocido por SEMANA advierte que la incorporación de reservas en 2022 cayó 78 % con relación al promedio de los siete años anteriores. Además, los recursos contingentes del offshore aún tienen un alto grado de incertidumbre de convertirse en reservas probadas y de iniciar su comercialización, que se calcula en no menos de siete años. Por si fuera poco, la regulación actual levanta barreras para comercializar la totalidad del gas natural disponible, al tiempo que las señales de escasez produjeron incrementos en los precios de comercialización de suministro. Por su parte, el consumo de gas natural se ha estancado, la tasa de crecimiento anual compuesto entre 2017 y 2023 ha sido de 0,7 %.

Para el exministro Amylkar Acosta, el impacto mayor de un desabastecimiento es tener que importar gas natural a un precio mucho más alto que el de la producción doméstica, afectado, además, por las oscilaciones de la tasa de cambio. “Y ese mayor precio terminarían pagándolo los consumidores, empezando por los millones de usuarios domiciliarios”, aseveró.

Con este panorama, las alertas están encendidas. Al exministro Juan Camilo Restrepo lo que le inquieta “es que Naturgás ha dicho que hace dos años le vienen presentando al Gobierno fórmulas para evitar las fallas existentes y que de solucionarse podrían cubrir esta posibilidad, pero no han tenido respuesta”.

Naturgás construyó el Plan Integral de Seguridad Energética (Pise) para priorizar y analizar la exploración y el desarrollo de los descubrimientos realizados en el país, así como habilitar todas las fuentes viables de suministro externo.

El gremio identificó proyectos que en el corto plazo pueden sacar al país de esta situación: la perforación de pozos en áreas con descubrimiento de gas ubicados en tierra firme, en la costa Atlántica y en el piedemonte llanero; la ampliación de la capacidad de transporte de Barranquilla al interior; la construcción de infraestructura de transporte para el desarrollo de hallazgos costa afuera en el mar Caribe y la ampliación de la importación. En este punto, por ejemplo, se abre la puerta con la planta de regasificación ubicada en el Caribe y que atiende a los jugadores térmicos. Tiene una capacidad adicional que hoy no está contratada.

Para sacar adelante estas iniciativas, es esencial el papel del Gobierno con las autorizaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la celeridad en los permisos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y que los ministerios de Minas y Energía e Interior ayuden en el trámite de consultas previas. “Hay yacimientos y expectativas grandes de gas en el país, pero eso requiere una serie de medidas proactivas del Ejecutivo que no se han tomado por negligencia y por una posición obtusa del Gobierno”, aseguró Restrepo.

La importación se ha convertido en un tema polémico, pues, al advertir el déficit para el año entrante, el presidente de Ecopetrol dijo que avanzan los acuerdos con la petrolera PDVSA para comprar gas a Venezuela. Sin embargo, el vecino país está sancionado por Estados Unidos.

Juan Carlos Echeverry, exministro y expresidente de Ecopetrol, anticipó que PDVSA no es confiable: “Ojalá les cumplan, PDVSA nos quedó mal en 2017”. Pero fue más allá: “¿Por qué hacer depender la economía, el gas de 11 millones de hogares colombianos, de la industria y los taxis, de un Gobierno en el que hay influencias de Cuba, Rusia e Irán? Parece un tremendo error. A no ser que no sea un error, sino un plan para arrodillarnos”.

Otros piensan que puede ser una idea acertada la negociación con el vecino país, pero insisten en que Colombia debe seguir explorando. “Creo que está bien que Venezuela nos venda gas. Es una parte del acuerdo establecido hace años en el marco de la reciprocidad. Sin embargo, Colombia debe continuar buscando la autosuficiencia”, dijo el exministro Mauricio Cárdenas.

Roa, de Ecopetrol, en entrevista con SEMANA, explicó que hasta abril están levantadas las sanciones. Además, señaló que Ecopetrol en septiembre de 2022 le solicitó a la Ofac (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos) el levantamiento de esas restricciones. “Seguimos pendientes de la respuesta. Pero hay unos conceptos jurídicos según los cuales, tratándose de gas natural, esas restricciones no serían de aplicación. Y podría darse, si no directamente, a través de privados”, añadió.

Algunos piensan que la importación de gas desde Venezuela, en este momento y en el corto plazo, no es viable. “Estados Unidos flexibilizó temporalmente (hasta abril próximo) sus sanciones, que impiden cualquier trato o contrato con PDVSA, que permanece en la Lista Clinton, así como con Venezuela, condicionándolo al cumplimiento por parte de Maduro de los acuerdos de Barbados. Y no solo no los ha honrado, sino que en una actitud desafiante los ha pisoteado. Y Biden, en pleno proceso electoral y ad portas de las elecciones presidenciales, no puede dar muestras de debilidad frente al sátrapa. De modo que es muy remota la posibilidad de contar con la importación de gas desde Venezuela”, sentenció el exministro Acosta.

Murgas insistió en que las fuentes externas tienen que ser viables jurídica, económica y operativamente. “En la posibilidad de importar gas de Venezuela, lo primero es: ¿tiene viabilidad jurídica?”.

Para Restrepo, la sombra de duda jurídica es muy grave. “Sobre PDVSA existe la posibilidad de sanciones de Estados Unidos. Entonces, en el momento de estar embarcados en un contrato con esa empresa y que las sanciones sobrevengan, el socio que esté firmando contratos con PDVSA va a tener dificultades”, dijo. Además, explicó que hay grandes incertidumbres sobre el estado real del gasoducto Antonio Ricaurte, que une a los dos países.

Pero la coyuntura del gas tiene una preocupación adicional: la situación actual de la Creg, entidad estratégica para destrabar los procesos, que solo tiene un director en propiedad y acaban de terminar los encargos de otros tres.

El escenario es gaseoso. Al tema operativo se suman ahora presiones laborales que podrían afectar antes la prestación del servicio. Es hora de tomar definiciones para no lamentarse en el futuro cercano por la erosión de un servicio fundamental para la productividad del país.