Alto comisionado de paz deberá explicar a la JEP medidas para proteger excombatientes FARC

La Jurisdicción Especial para la Paz citó al alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, para que le entregue a ese tribunal los avances y detalles de las medidas que se han tomado para garantizar la protección de excombatientes de las FARC en todo el territorio nacional.

De igual manera, para el próximo 15 de febrero fueron citados por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Alfonso Campo, para que respondan por el asesinato de 35 firmantes del Acuerdo de Paz en el año 2016.

La JEP evaluará en dicha diligencia reservada el estado y las circunstancias en las que perdieron la vida los 35 exguerilleros de las FARC, y si se presentaron omisiones por parte de la ruta de protección que activó la UNP, la cual era la encargada de brindarles seguridad.

Esta información es clave, puesto que la Sección buscará establecer la relación “con los hallazgos que hoy arrojan las indagaciones de la Unidad Especial de Investigación, para el desmantelamiento de las organizaciones”, de la Fiscalía General sobre presuntas omisiones en los protocolos de protección y seguridad para los excombatientes.

La Sala ya le envió un cuestionario a los dos funcionarios y hará lo propio con el alto comisionado. En el caso de los primeros, para que aclaren cómo se activó la ruta de protección que solicitaron los exintegrantes de la guerrilla de las FARC que firmaron el Acuerdo, y si existe una relación con los hechos de violencia y la efectividad de la ruta de protección en estos casos.

Las cifras hablan por sí solas. Tras la firma del Acuerdo de Paz, 323 excombatientes han sido asesinados entre 2017 y 2022 en todo el territorio nacional. De ellos, 301 eran comparecientes ante la JEP. Esta información fue confirmada por el Mecanismo de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En la citación, la JEP pone de presente que el 18 de enero de 2021 ese mismo tribunal le había dado órdenes expresas y precisas a la UNP de garantizar la sostenibilidad de las medidas de protección individual y colectiva de los excombatientes, así como la resolución de 101 soluciones de medidas que estaban sobre la mesa y no se habían tramitado.

La citación se da un mes después de que la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, encargada de hacer el seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, encendiera las alarmas frente a las condiciones de violencia que se vive en varias zonas del país, lo que se ha convertido en el principal obstáculo para implementar lo pactado en Cuba.

En su informe trimestral sobre la implementación del acuerdo, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que le alientan los beneficios de la paz de los que fue testigo durante su visita a Colombia, pero reiteró su preocupación por las condiciones de seguridad que enfrentan los excombatientes.