Álvaro Dávila, condenado a 19 años de cárcel por 'carrusel' de contratos

Después de nueve años, el abogado Álvaro Dávila fue encontrado responsable de diseñar entre 2008 y 2009 la estrategia judicial para dar apariencia de legalidad a las licitaciones que terminaron en poder de empresas direccionadas por la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas. Se le atribuye la estructuración de los pliegos de condiciones que luego el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) expuso en la apertura de licitaciones para las obras de malla vial y que habrían facilitado los actos de corrupción.

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Un juez de Bogotá lo condenó por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho. Este martes, la sentencia fue tasada en 19 años de prisión, al mismo tiempo del pago de una multa de 257 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 232 meses. 

Para la Fiscalía, Dávila lo hizo porque estaba interesado indebidamente en esos contratos. El contratista Manuel Nule aseguró que hubo una reunión en el apartamento de Dávila para concretar dos negocios millonarios, pero dejaron constancia de que se debía pagar una comisión para obtener los contratos. “Exigirles una suma de dinero para poder ser adjudicatarios de contratos, y que si no se accedía a esas sumas de dinero no había posibilidad de poder trabajar”, declaró Manuel Nule. En el proceso figuran en total medio centenar de testigos.

También indicó que existió una relación entre Dávila y los hermanos Samuel e Iván Moreno, y así lo podía concluir por el conocimiento que tenían de información privilegiada en entidades como el IDU.

“Se mostraba como consultor, pero para la Fiscalía, utilizaba su cercanía con el exalcalde Samuel Moreno y el excongresista Iván Moreno para estructurar contratos de prestación de servicios profesionales y convino las denominadas ‘comisiones de éxito’ con destino a los hermanos Moreno Rojas y demás funcionarios”, señaló la Fiscalía.

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Fue encontrado responsable por hechos de corrupción ocurridos entre el 2007 y el 2010. En este tiempo -dice la decisión- fue acordada la apropiación de recursos de Bogotá con los contratistas Emilio José Tapia Aldana y Héctor Julio Gómez González, así como con el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y exsenador Néstor Iván Moreno Rojas.

Este es el desenlace, por lo menos en primera instancia, para un jurista influyente que se codeaba con los poderosos del país. Su nombre salió a flote por una grabación entre Manuel Nule y el excongresista Germán Olano, con lo que se comenzó a destapar su verdadero papel en los negocios de contratación de Bogotá.