Judicial
Álvaro García Romero, excongresista condenado por la masacre de Macayepo, seguirá en la cárcel. Corte Suprema ratifica detención
En contra del exsenador hay una proceso vigente por el delito de desplazamiento forzado.
El excongresista Álvaro García Romero, por ahora, seguirá detenido en la cárcel La Picota, de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida de aseguramiento que existe en contra del excongresista por el desplazamiento forzado generado tras la masacre de Macayepo, ejecutada por grupos paramilitares en octubre del 2020.
En la decisión, la Sala de Primera Instancia determinó que la medida de aseguramiento emitida el 7 de noviembre de 2012 en contra del exsenador sigue vigente. Por esto, el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, dispuso emitir la correspondiente boleta de detención contra García Romero.
García Romero está pendiente del inicio del juicio por el delito de desplazamiento forzado. En la acusación se señala que tras la masacre cerca de cuatro mil habitantes de la región de los Montes de María tuvieron que abandonar sus hogares por miedo a represalias de los grupos paramilitares que se expandían por la zona.
“Como consecuencia de la incursión paramilitar que creó un ambiente de angustia y zozobra colectivas consolidado con ocasión de los enfrentamientos entre paramilitares e insurgentes de las Farc y el ELN, que dejó como resultado varios homicidios y la incineración de viviendas en la zona”, precisó la Corte al dictar la medida de aseguramiento.
En este expediente, la Corte ya ha negado la práctica de varias pruebas, entre estas, escuchar las declaraciones de los excomandantes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino, así como a los ganaderos Humberto Vergara Támara y Gustavo Vergara Arrázola.
Con estas declaraciones la defensa del excongresista buscaba desvirtuar la existencia sobre la reunión que se realizó en la finca Las Canarias en el año 1997 para la creación del grupo paramilitar que cometió la masacre y en la cual habría participado García Romero.
En la petición, que fue revelada en su momento por SEMANA, la bancada de la defensa del excongresista era clave darle soporte a la versión entregada por el principal testigo del caso, Jairo Peralta, alias Pitirii, quien señaló que en la mencionada reunión nunca se habló de la conformación de un grupo paramilitar en el departamento de Sucre.
Igualmente, se buscaba declarar la nulidad de la interceptación telefónica en la que García Romero le da instrucciones a Joaquín García trasladar tropas de las AUC a Macayepo. La grabación es la columna vertebral de todo el expediente contra el exdirigente político.
García Romero se defiende asegurando que la grabación, que se convirtió en una prueba clave en su contra, fue obtenida ilegalmente y editada.
Sin embargo, la Corte negó todas las pretensiones de la defensa del excongresista y le pidió expresamente que en el futuro “se abstenga de realizar peticiones abiertamente impertinentes, repetitivas y carentes de fundamento”.
En la grabación, revelada en exclusiva por SEMANA en el 2000, se escucha a Álvaro José García Romero darle instrucciones a un hacendado en la zona de Tolú Viejo. “Nule (en referencia al exgobernador del Sucre, Miguel Nule Amín) quiere es meter la tropa a la finca y esa no es la idea. La idea es meter la tropa en la parte de atrás que es por donde se sacan el ganado, que es por El Aguacate por el lado de Pajonalito, por esos sectores (…) ¿Me entiendes? Yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en diez días”.
Según explicó García Romero a SEMANA hace 17 años, el hacendado le pidió ayuda para recuperar su ganado robado. “Los ganaderos ya están cansados de darle plata a la guerrilla e incluso tres meses antes de Macayepo los subversivos dinamitaron fincas de la zona”, dijo. Con el tiempo se comprobó que justamente por ese corregimiento de El Aguacate fue por donde ingresaron los paramilitares que cometieron la matanza en Macayepo. Además en la grabación, efectuada el 6 de octubre de 2000, el senador afirma que “…yo considero que esa decisión es una decisión que no es fácil tomarla hoy pero es fácil tomarla en diez días…”. Y diez días después, el 16 de octubre de 2000, ocurrió la matanza.
