JUSTICIA.
Álvaro Leyva, ¿rebelde?
Durante décadas el ex ministro sostuvo contactos con las Farc. Varios gobiernos utilizaron sus oficios, ahora tendrá que probar que no pertenece a la guerrilla.
El ex ministro y candidato presidencial Álvaro Leyva Durán empieza una nueva batalla contra la justicia colombiana. El viernes pasado la Fiscalía lo llamó a indagatoria por el delito de rebelión y lo citó para que se presente el 21 de octubre.
Pero la noticia no toma por sorpresa a este experto en procesos judiciales. Esperaba escuchar el anuncio desde el día que el fiscal general, Mario Iguarán, meses atrás, dijo que el ente acusador había empezado a investigar el capítulo de la farc-política con base en material que le había sido remitida por los organismos de seguridad, provenientes del computador del abatido jefe guerrillero 'Raúl Reyes'.
Leyva es experto en preparar su propia defensa, la experiencia le enseñó cómo moverse entre códigos, jurisprudencias y legislaciones internacionales para luchar porque sus argumentos lleguen hasta las últimas instancias. Así fue como salió inocente del proceso relacionado con dineros del narcotráfico que afrontó en los 90 y que lo mantuvo en el exilio durante varios años.
Y seguramente está preparado para moverse ahora que llegó la hora de responderle a la Fiscalía. SEMANA supo que Leyva pasó un tiempo en Ecuador, país donde fue abatido 'Reyes', y allí, entre otras gestiones, esculcó los acuerdos de cooperación judicial entre los dos países para verificar los procedimientos que le darían solidez a la prueba de los correos electrónicos. Después, viajó a Europa.
La diferencia de las acusaciones del pasado con las de ahora es que no se trata de un lío comercial, como el proceso anterior. Este está relacionado con la actividad a la que Leyva ha dedicado buena parte de su vida: los contactos con los grupos armados. La tarea de Leyva ha sido pública, hasta montó su candidatura presidencial sobre la promesa de tener la 'llave' de la paz. Sin embargo, para las autoridades, en los correos adjudicados a él hay temas y referencias que les hacen creer que Leyva participaba en actividades propias del grupo guerrillero.
De lo mismo sindican a Carlos Lozano Guillén, director del periódico del Partido Comunista y uno de los más conocidos facilitadores en los acercamientos con las Farc en los últimos años. Lozano ya rindió indagatoria ante una fiscal de la Unidad Antiterrorista que a partir de esta semana empieza a tener poco tiempo para tomar la decisión, o de dictar resolución de acusación o abstenerse de hacerlo.
Lozano fue interrogado durante más de 30 horas. En ese tiempo la Fiscalía le preguntó por correos que se le atribuyen a él y que están firmados por varios nombres o seudónimos como 'Toledo' o 'Cielo', o 'Carlos L' y que aparentemente lo involucran directamente con las Farc. Pero la defensa de Lozano definió como estrategia no reconocer las pruebas que provienen de los computadores tras alegar que fueron incautados en una operación ilegal, y porque, según el, fue violada la cadena de custodia.
Pero además, dice la defensa que nunca han visto las copias reales de los correos, sino que las acusaciones son resúmenes de las mismas que hicieron las autoridades encargadas de los computadores. A los mensajes se le suma un informe de inteligencia de la Policía, que dice que basados en la información de los computadores, Lozano es parte orgánica de las Farc.
Para desmentir esta acusación, Lozano le pidió a la fiscal que llame a declarar al menos a 100 personas, entre las que están los ex presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana, los ex comisionados de Paz, sacerdotes y obispos de la Iglesia católica, y un listado de personas que para Lozano conocen de cerca la actividad de facilitación a la que se ha dedicado los últimos años.
Otro de los argumentos que le ha planteado la Fiscalía a Lozano es la supuesta colaboración económica que, a través de sus abogados, él les brindó a 'Simón Trinidad' y a 'Rodrigo Granda' cuando cayeron presos. Lozano niega tal acusación, y pidió también escuchar los testimonios de los abogados de los guerrilleros.
Dentro del proceso conocido como la farc-política ya está detenida Liliana Patricia Obando, sindicalista de Finsuagro, y está llamado a indagatoria el periodista William Parra, quien pidió aplazar de la diligencia alegando falta de garantías. También la Corte Suprema de Justicia lleva el proceso a tres congresistas, las senadoras Piedad Córdoba y Gloria Inés Ramírez, y el representante Wilson Borja. Igualmente cuatro extranjeros están siendo investigados.
Queda un poco menos de un mes para que llegue la hora para la indagatoria de Álvaro Leyva, quien hasta el momento no ha comentado el caso. Habrá que esperar para saber si se presenta o si, como en la ocasión anterior, busca refugio fuera de las fronteras.
La investigación de la farc-política camina por un sendero muy delgado. Se trata de definir penalmente conductas que durante muchos años fueron públicas y permitidas y, aun más, alentadas por el Estado. Personas como Leyva y Lozano sirvieron de puente con la guerrilla y ahora son acusados de rebelión, un delito político según la Carta. El problema para ellos será demostrar que nunca cruzaron ese difuso límite que separa a las buenas intenciones de la ilegalidad.