POLÍTICA

“La persecución política en Colombia no ha terminado”: Uribe sobre Arias

Antes de la reunión Trump-Santos, Uribe aboga -en un artículo escrito por él- para que su  exministro de Agricultura pueda obtener asilo en ese país. 

17 de mayo de 2017
Andrés Felipe Arias y Álvaro Uribe Vélez | Foto: Presidencia de la República

A pocas horas de la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, prevista para la tarde de este jueves en la Casa Blanca, en Washington, el expresidente y senador Álvaro Uribe publicó un texto en el que acusa al mandatario de persecución política por el sonado caso del exministro Andrés Felipe Arias.

El escrito apareció este miércoles en The Hill, uno de los portales de análisis e información más reconocidos de Estados Unidos, pues se ha convertido en consulta habitual de la propia Casa Blanca y de los congresistas de ese país.

Allí, el expresidente  Uribe asegura que serán muchos los asuntos en los que Santos “esquivará su responsabilidad” en la reunión con Trump. Desde el acuerdo de paz, que para Uribe es “acuerdo de impunidad” frente al financiamiento de las FARC mediante el tráfico de drogas, hasta la persecución a la oposición política en Colombia. Dice que antiguos miembros de su gobierno han sido víctimas de fallos judiciales politizados, como ha sucedido en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

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Uribe se refiere principalmente al caso de Andrés Felipe Arias, quien está en libertad bajo fianza en Estados Unidos, donde ha tramitado una solicitud de asilo. Mientras tanto, recuerda, el presidente Juan Manuel Santos ha recurrido a un tratado de extradición en desuso para conducirlo a Colombia. Dice que el caso de su exministro es el “más flagrante” de persecución política, y se refiere a él en el documento como uno de los funcionarios que más resultados entregó en la lucha contra el narcotráfico.

“Como ministro, Arias encabezó la reducción de los cultivos de coca a niveles históricamente bajos en Colombia, para el 2010, y siempre fue uno de los críticos de las FARC. En el momento en que decidió postularse a la presidencia en 2010, en defensa de la política de mi administración contra el narcoterrorismo, se convirtió en el blanco de la persecución judicial politizada que continúa hasta nuestros días”.

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El senador del Centro Democrático relata que su exministro “fue acusado injustamente” por el programa de subsidios de riego que fue operado con cooperación técnica de la Organización de Estados Americanos. Se refiere a Agro Ingreso Seguro. Pagó cárcel dos años mientras estaba en juicio. Y asegura que ninguno de los beneficiados en el presunto fraude  lo incriminó como responsable, y negaron haber contribuido con recursos a su campaña presidencial.

El expresidente señala a Santos de haber resucitado un extinto tratado entre Colombia y Estados Unidos para extraditar a Arias, pero asegura que tiene doble rasero, pues recuerda como negó la solicitud de extradición contra el señalado narcotraficante venezolano, Walid Makled, a los Estados Unidos, y en su lugar lo envió a Venezuela con el argumento de que el tratado de extradición con los Estados Unidos no estaba en vigor. “Ahora Santos ha afirmado que el tratado es válido para que pueda se pueda extraditar a Arias e impedir su solicitud de asilo en los Estados Unidos. Veremos lo que Santos tiene que decir sobre el tratado cuando el Presidente Trump solicite la extradición de un cabecilla de las FARC”.

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Para Uribe, Arias no es la única víctima de la persecución política en Colombia. “Más de una docena de líderes de la oposición han caído presa de las mismas tácticas del gobierno Santos. Varios miembros de mi gabinete también han sido perseguidos y condenados por ex magistrados de la Corte Suprema, que decidieron sus casos de forma política, y no de acuerdo con la ley”.

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En la columna, Uribe finaliza diciendo que la “persecución política” en Colombia “pone en peligro la perspectiva de paz a largo plazo. El pueblo colombiano no puede entender por qué los líderes de la oposición son silenciados y perseguidos, mientras que los capos de las FARC reciben amnistía completa y una plataforma política privilegiada que les permite postularse a cargos de elección popular.