¿Cómo Uribe pasó de ser acusador a investigado?

En febrero pasado la corte decidió archivar la investigación que adelantaba por manipulación de testigos en contra de Iván Cepeda y comenzó las indagaciones en contra de Uribe por presunta manipulación de testigos. Ese es el antecente clave para entender por qué ahora el exmandatario es llamado a indagatoria por hechos ocurridos desde febrero.

El caso comenzó cuando Iván Cepeda, en septiembre de 2014, anunció un debate sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia a mediados de los años noventa, es decir, por la época en que Uribe fue gobernador. En su exposición el senador de la izquierda presentó dos testimonios explosivos, el de Pablo Hernán Sierra García y el de Juan Monsalve Pineda, ambos presos y condenados por paramilitarismo y responsables de masacres.

Estos testigos aseguran que hicieron parte del bloque Metro y que esa estructura fue creada en la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe Vélez, poco después de que el ELN asaltó la propiedad, quemó la casa principal y robó cerca de 600 reses. Específicamente, los testigos aseguran que tres parejas de hermanos fundaron ese grupo paramilitar: Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez; Santiago Gallón Henao y Pedro Gallón Henao; Luis Alberto Villegas Uribe y Juan Guillermo Villegas Uribe.

Durante el debate, el senador Cepeda dijo que ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía las graves afirmaciones de esos testigos, pidió protección para ellos y concluyó que una de las cunas del paramilitarismo había sido la hacienda Guacharacas. Pero a su turno el senador Álvaro Uribe se defendió con vehemencia. Denunció que Cepeda había ido por las cárceles del país ofreciendo dádivas a cambio de conseguir falsos testimonios en su contra, les restó validez a los dos declarantes que lo salpicaban y puso sobre la mesa una nueva carta: dos contratestigos también en la cárcel por paramilitarismo. Ramiro Henao Aguilar, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda.

Estos aseguraban que Cepeda les habría ofrecido plata y salir del país con sus familias bajo el programa de testigos protegidos, a cambio de rendir declaraciones que enlodaran al expresidente Uribe. Dijeron que rechazaron la propuesta y aseguraron que como exparamilitares conocían a los dos testigos originales –es decir, a Sierra y Monsalve– y que estos mentían, pues Uribe nada tenía que ver con la creación del bloque Metro.

El debate de Cepeda y Uribe se comentó durante varias semanas y lo retomaron muchos columnistas de lado y lado. Sin embargo, aunque el tema luego desapareció de la discusión pública, no pasó así en los despachos judiciales. Uribe denunció a Cepeda por fabricar testigos tanto en la Procuraduría como en la Corte Suprema de Justicia, e incluso aportó las declaraciones de sus contratestigos antes de exponerlas en el Congreso. De ese modo los magistrados de la Sala Penal empezaron las indagaciones.

La corte llamó a declarar tanto a Uribe como a Cepeda en varias oportunidades, e hizo lo propio con todos los testigos en cuestión. En palabras del propio tribunal, se inició “una ardua y dispendiosa actividad probatoria, de oficio y a solicitud de las partes”, acompañada de varias “actuaciones reservadas” que incluyeron interceptaciones a los testigos así como seguimientos a varios personajes.

En sus descargos el senador Cepeda dijo que no había ido a las cárceles del país a buscar testigos, sino que las visitó durante un par de años como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para observar problemáticas como el hacinamiento, y que al respecto hizo debates de control político recopilando 270 testimonios de los internos. Explicó además que realizando ese trabajo muchos reclusos le presentaron graves denuncias de otra índole, que él trasladó a la Fiscalía.

Por su parte, Uribe insistió ante la corte que Cepeda era el jefe de un cartel de falsos testigos y señaló, concretamente, que este había visitado al recluso Juan Monsalve Pineda 21 veces para ‘libretearlo’ en contra de él.

Monsalve asegura que conoció los intríngulis del bloque Metro y de su origen en Guacharacas porque creció allí, ya que su padre, Óscar Monsalve Correa, administró la hacienda entre 1986 y 1996. Para desvirtuar esa afirmación la defensa del expresidente Uribe presentó a la corte una declaración escrita del antiguo administrador en la que este desmiente a su hijo pues asegura que nunca hubo un robo de ganado por parte del ELN. Y además niega haber visto en la hacienda alguna vez a Álvaro Uribe, dice que solo observó algunas veces a su hermano Santiago y a Juan Guillermo Villegas, cuando iban a pagarles a los trabajadores.

En concordancia con ese testimonio Álvaro Uribe le dijo a la corte que no había ido a Guacharacas desde que su padre murió asesinado allí en 1983 por la guerrilla. El expresidente argumentó que los testigos de Cepeda eran resentidos porque fueron capturados por su gobierno. Cuando la corte le preguntó qué relación tenía con los hermanos Villegas Uribe, el jefe del Centro Democrático dijo que los conocía desde la juventud y negó tener vínculos o negocios con ellos, así como con los hermanos Gallón Henao.

Finalmente, la defensa de Uribe insistió en que la corte oyera de viva voz al antiguo administrador de Guacharacas, para que ratificara su declaración escrita y les contara a los magistrados que Cepeda les había ofrecido plata a él y a toda su familia. El máximo tribunal accedió, pero al mismo tiempo adelantó otras investigaciones reservadas. Y ahí empezaron a surgir grandes sorpresas.

Las interceptaciones

Las interceptaciones telefónicas le fueron encomendadas a la Sala Esperanza de la Fiscalía General, un moderno laboratorio que es la joya de la corona del búnker operado por el CTI, entonces bajo la batuta de Danny Julián Quintana. Uno de los teléfonos interceptados fue el de Óscar Monsalve, el papá del acusador de Uribe, quien había desmentido a su hijo. Inicialmente el campesino se negó a atender el llamado de la corte. Decía que estaba lejos y que no tenía posibilidad de ir a declarar. Pero esas afirmaciones eran falsas. Por el monitoreo la corte estableció que en ese momento estaba en Bogotá, a pocas cuadras del Palacio de Justicia y no en las montañas de Antioquia como decía.

El temor que revelaba la voz de Monsalve hacía pensar que ciertamente estaba bajo amenaza. “Como resultado de las interceptaciones telefónicas ordenadas, se obtuvieron miles de llamadas, cuyo análisis, y el de los múltiples testimonios y documentos acopiados, ponen de presente una serie de intríngulis detrás de todo este asunto, lo cual, por supuesto no solo demandó tiempo importante, sino que tornó compleja la decisión que corresponde tomar en derecho”, dice la corte en el fallo.

Las escuchas de varios meses prueban que la familia Monsalve estaba en una encrucijada. El padre no quería declarar porque sentía que pondría en peligro a toda la familia, incluyendo a su hijo Óscar preso. Pero también temía meterse en un lío si no asistía al llamado de la corte. Finalmente –el 24 de marzo de 2015– Óscar Monsalve rindió declaración a través de videoconferencia desde el juzgado de Supía, Caldas. Y su teléfono, así como el de su hija, registró una atípica ráfaga de llamadas totalmente inusual para un campesino. Según el informe del CTI a la corte “con la fatal casualidad de que el sistema NO permitió la escucha de las comunicaciones”.

Ese informe del CTI indica que Óscar Monsalve recibió 10 llamadas entre las 2:18 y las 2:40, es decir, en un lapso de apenas 20 minutos “lo que denota interés, o cuando menos una marcada urgencia del usuario del teléfono originador”. Pero dado que el sistema de interceptación falló, el contenido de esas conversaciones es un misterio. En la corte causó particular extrañeza que el informe sí registró que la persona que llamó tenía una voz masculina. Para la corte era algo extraño que los técnicos del CTI no lograron escuchar el contenido de las conversaciones pero sí pudieron concluir que se trataba de un hombre. Con esa inquietud la corte empezó a investigar esa misteriosa línea telefónica y pronto estableció que “fue Juan Guillermo Villegas Uribe, quien con tanta insistencia quería comunicarse con Óscar luego de que este cumpliera su cita con la corte para rendir declaración”. Pero ese fue apenas el primer gran hallazgo.

El expediente muestra decenas de llamadas en las que se oye a Villegas dando instrucciones a miembros de la familia Monsalve. Hay también una interceptación en la que la hermana y el hermano de Juan Monsalve –detenido en La Picota– hablan sobre la declaración de este y la encrucijada de su papá: “Yo le dije a Ud. Laura y a mi papá que se quedaran callados, si les llegaban a preguntar alguna cosa se quedaran callados”. Y Laura Monsalve, con llanto desesperado responde: “Pero es que mi papá es un testigo clave Óscar (...) es que mi papá vio todo lo que Juan está diciendo, si es que mi papá era el encargado de la finca”. Para los investigadores la hija de Monsalve estaba diciendo que efectivamente en Guacharacas se había presentado un ataque de la guerrilla y un robo de ganado.

El antiguo administrador de la hacienda Guacharacas, en su declaración ante la corte, se mostró “nervioso y dubitativo”, dijo no saber de ninguna irregularidad y aseguró que “hacía mucho tiempo” no tenía ninguna comunicación con Juan Guillermo Villegas. Pero como ya se vio, eso resultó falso.

Las interceptaciones también dan cuenta de que hubo comunicación de Jorge Mario Gallón –familiar de los hermanos Gallón Henao, detenidos por narcotráfico– con el padre de Juan Monsalve. Pero extrañamente tampoco eso quedó grabado en la sala de interceptación.

Y hay también llamadas entre Juan Guillermo Villegas y el expresidente Álvaro Uribe. Sobre estas el fallo de la corte analiza que inicialmente fueron conversaciones cifradas para concretar encuentros personales y hablar sobre los testigos, mientras que después pasan a ser charlas deliberadamente expresas sobre los mismos temas, como si supieran que los estaban grabando. Por ello “la corte no puede concluir nada diferente a que tenían conocimiento de la intervención de las comunicaciones, como lo tuiteó el doctor Álvaro Uribe Vélez, en un trino del 23 de diciembre de 2015”.

Entre el 20 y el 21 octubre Álvaro Uribe y Juan Guillermo Villegas se cruzaron varias llamadas, les urgía encontrarse. Este es un aparte de una de las conversaciones en las que la corte consideró que se hablaba en clave:

AU: ¿Es que ha habido nuevas declaraciones o qué…?

JAV: No, no, no, eso son los últimos hechos, lo de anoche y lo de antenoche…

AU: ¿Sí? ¿Y cómo ves eso?

JGV: No, no, no, bien pues no, no, pues es que… hummm, ehhhhh, no bien hummm… con este pues que jode tanto.

AU: sí…

JGV: ¿Sí, es que hay mucha gente que quiere hacer lo mismo, ah?

AU: Yo lo llamo apenas llegue.

JGV: ¿Sí me entiende? ¿Sí?

AU: ¿quiere hacer lo mismo de lo que hizo ese tipo?

JGV: Si, con esa barba de chivo.

Esa conversación solo demuestra que los interlocutores temían estar interceptados. La corte encuentra extraño que Uribe, quien había negado cercanía con Villegas, tenga permanente comunicación con él por medio de teléfonos distintos al suyo particular. Esa prevención no sirvió de mucho porque la línea interceptada era la de Villegas. Pero lo aún más inquietante pasó después de la llamada trascrita. Uribe y Villegas coordinaron la hora y el sitio del encuentro en un lugar público de Medellín “siendo del caso realzar que una tercera persona, José Humberto Gómez Garro, también asistió”. Como la corte investigaba a Villegas se ordenó seguirlo y fue así como se pudo registrar el encuentro. Como en las películas, se tomaron fotos que dan cuenta del encuentro y también hay audios. Lo más complicado es que, tras varias pesquisas, se estableció que el tercer asistente a esa reunión, Gómez Garro, había visitado en la cárcel de Itagüí a alias Simón y a alias Castañeda, en varias ocasiones antes y después de que Uribe los presentara como contratestigos en el debate en el Congreso y ante la Corte Suprema de Justicia.

Dos meses después de esa reunión Uribe se enteró de que la Justicia la tenía documentada y así se lo dijo al propio Villegas telefónicamente: “Me están investigando a mí con usted y tienen interceptado el teléfono… O sea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas (…) para que sepa yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con esto sin mencionarlo a usted”.

Al respecto la corte dice: “Tal como se lo aseguró a Villegas Uribe, al día siguiente, esto es, el 23 de diciembre de 2015, el doctor Álvaro Uribe trinó en su cuenta de Twitter lo siguiente: ‘He recibido informaciones sobre interceptaciones y seguimientos de la justicia en mi contra, ya tengo pruebas de los días 21 y 22 de octubre”. El tribunal concluye que luego de que Uribe y su entorno se enteraron de la investigación y de que estaban interceptados empezaron a hablar de forma abierta para proyectar una realidad inexistente.

En el fallo la Corte Suprema toma muchas otras determinaciones, además de ordenar el archivo en favor de Iván Cepeda y la apertura de investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos. Ordena también investigar qué ocurrió en la Sala de interceptación Esperanza de la Fiscalía por dos razones: 1) cómo se esfumaron algunas conversaciones clave y 2) establecer quién filtró la información reservada a Uribe.

Así mismo, impartió instrucciones para que el Inpec reforzara la seguridad de los presos testigos Juan Monsalve Pineda y Pablo Hernán Sierra, al mismo tiempo que ordena apertura de investigación por falso testimonio contra alias Simón y alias Castañeda, los contratestigos de Uribe.

Aunque el alto tribunal había ordenado reforzar la seguridad de otro de los testigos citados en este fallo, la de Carlos Areiza, este fue asesinado en abril de este año en las calles de Bello, Antioquia.

Por otra parte, la corte ordenó una inspección a todos los procesos en los que Monsalve y Sierra han rendido declaraciones, pues causa extrañeza que esos expedientes, luego de varios años, no tengan conclusiones. Uno de esos procesos está desde diciembre de 2014 en el despacho del cuestionado magistrado Gustavo Malo, sin que hubiera tenido avances. A comienzos de junio, la corte declaró delitos de lesa humanidad las masacres del Aro y La Granja, además del asesinato del líder social Jesús María Valle, quien había denunciado la omisión de las autoridades, entre esas la gobernación de Antioquia, para proteger a la población.