Uribe habla de los contratos de los magistrados que ordenaron su detención

Dos trinos de Álvaro Uribe generaron una fuerte ola de reacciones políticas este miércoles. El expresidente publicó un mensaje que habla de dos contratos que tuvieron antes de ser magistrados dos de los juristas que llevaron su caso y que ordenaron su detención preventiva: César Reyes y Javier Farfán. 

El exmandatario habla de un contrato que Reyes firmó con el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el 148 de 2016, por un monto de 575.674.360 pesos, para un plazo de solo cuatro meses. El objeto del contrato tenía que ver con asuntos relacionados con el seguimiento al Proceso de Paz. Entre ellos, recolectar información pertinente de cada una de las personas que aparecen en la lista de las Farc-EP a efectos de determinar su idetificación, el frente o columna, condiciones de aprehensión, delito imputado, estado procesal de la investigación, así como realizar visitas a establecimientos carcelarios y juzgados a efectos de la recolección de la información, consultar bases de datos y analizar la información recolectada, verificada y cruzada.

¿Quiénes son los magistrados de los que habla Uribe? 

Al quedar Cristina Lombana apartada de los casos contra Álvaro Uribe, César Reyes se convirtió en el encargado de investigar los procesos más delicados contra el expresidente. En su despacho no solo reposa el proceso por manipulación de testigos, sino el que investiga su responsabilidad como exgobernador de Antioquia por la muerte del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle y la masacre de El Aro. Un proceso penal que se convirtió en la sombra de Uribe y que fue impulsado durante la fiscalía de Eduardo Montealegre. 

Recientemente, Reyes también se quedó con el proceso que investiga a Uribe preliminarmente como supuesto beneficiario de las chuzadas del ‘hacker‘ Andrés Sepúlveda. Esta investigación estaba en manos de Cristina Lombana, magistrada que consiguió en un allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá evidencias de los perfilamientos a periodistas, defensores de derechos humanos y abogados. 

La bancada del Centro Democrático, después de la publicación del expresidente Uribe, critica que los magistrados hayan apartado del caso a Lombana, pero que Reyes no haya puesto de presente que tenía un contrato con el gobierno Santos, un antagonista político del expresidente. "César Reyes debía declararse impedido para llevar su caso por haber firmado contratos con gobierno Santos", señaló la congresista María del Rosario Guerra. Los senadores Ernesto Macías y Paloma Valencia publicaron opiniones en el mismo sentido.  

Antes de llegar a la Corte Suprema, Francisco Javier Farfán ya tenía una larga trayectoria en el sector público. Fue director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, magistrado auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, director de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, procurador delegado para la Moralidad Pública (e), procurador delegado para la Casación Penal y conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Farfán fue recibido en la Sala de Instrucción con la investigación contra el jefe guerrillero y ahora jefe de disidencias Jesús Santrich. Llegó a su despacho en momentos en que la Corte Suprema acababa de ordenar la libertad de Santrich y, aunque su primera decisión fue citarlo a indagatoria, Santrich no acudió y se esfumó para la justicia. Su encargo en el caso Santrich fue temporal porque en realidad le correspondía a un despacho que duró interino hasta mediados del año pasado y que después ocupó el magistrado Misael Rodríguez.

El expresidente Uribe aseguró que Farfán tenía un contrato con la Contraloría de Edgardo Maya, pero no entregó detalles del mismo.

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