Uribe, al banquillo

En un auto de 98 páginas aparecen los argumentos por los cuales la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió mantener en firme el proceso contra Álvaro Uribe Vélez.

Los magistrados también se negaron a excluir una serie de interceptaciones telefónicas cuestionadas y, lo más trascendental, llamaron al exmandatario a rendir indagatoria. La diligencia judicial, que estuvo en suspenso por más de un año, finalmente se realizará el 8 de octubre. Uribe deberá comparecer acompañado de su abogado.

¿Por qué Álvaro Uribe es llamado a indagatoria?

La corte investiga si el senador y líder del Centro Democrático manipuló testigos. El caso se remonta a febrero de 2018. Como se recuerda, luego de varios años de investigación la corte absolvió al senador Iván Cepeda, a quien Uribe había denunciado precisamente por fabricar testigos. Con esa determinación dio un giro completo: Uribe pasó de denunciante a investigado, y en su nueva posición lo llamaron a rendir indagatoria.

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Los abogados del exmandatario, al oponerse a la apertura de esa investigación, la cuestionaron duramente. Alegaron que la corte mantuvo el expediente en reserva sin posibilidad de controvertirlo, que no recibió la versión libre de Uribe y que trajo interceptaciones provenientes de otro caso. Todo eso ocurrió mientras la alta corporación sufría un ajuste estructural. En efecto, empezó a funcionar la Sala de Instrucción y la Sala de Juzgamiento, que se ocupan de los procesos en primera instancia, mientras que la Sala Penal tradicional quedó como segunda instancia. Los defensores de Uribe también objetaron el proceso alegando que el llamado a indagatoria era improcedente porque la Sala Penal no tenía competencia. 

La corte indagará sobre el abogado Diego Cadena, quien visitó al testigo Juan Guillermo Monsalve.

La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, resolvió en febrero pasado todas esas controversias. La togada determinó que el trámite que tuvo el expediente fue totalmente legal en medio de un periodo de ajustes en la corte. De otra parte, dejó en firme una serie de escuchas hechas al expresidente Uribe. La controversia allí radica en que la corte, en una investigación contra el representante Nilton Córdoba Manyoma, ordenó al CTI interceptar un número celular que resultó ser de Uribe. El entonces magistrado José Luis Barceló ordenó trasladar esa evidencia desde aquel expediente al de Uribe.

Para la magistrada esas interceptaciones fueron legales porque la ley no exige interceptar únicamente al indiciado y los actos reservados de una investigación sirven precisamente para buscar pruebas a fin de esclarecer un hecho. Además, es válido trasladar evidencias de un proceso a otro. Por todo ello la magistrada avaló las pruebas y las consideró relevantes. Pero luego la defensa de Cepeda la recusó porque hace parte de las Fuerzas Militares. Por eso el expediente pasó a manos del nuevo magistrado ponente, César Reyes.

Jaime Granados y Jaime Lombana, abogados principales del expresidente, interpusieron recurso de reposición insistiendo en la nulidad del proceso y en la ilegalidad de las interceptaciones. Pero el magistrado Reyes –con otros tres togados y mediante el auto de 98 páginas– acaba de refrendar cada uno de los argumentos de Lombana, con lo cual el caso y sus evidencias quedan en firme.

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Reyes, además le fijó fecha a la indagatoria de Uribe y ordenó un centenar de pruebas adicionales, muchas solicitadas por los abogados de Uribe.

Investigadores de la corte se desplegarán en los próximos meses para ejecutar estas pesquisas. La clave del asunto gira en torno al preso Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que paga condena en La Picota y es el testigo estrella contra Álvaro Uribe. Monsalve asegura que creció a finales de los ochenta en la finca Guacharacas, en Antioquia, de propiedad de la familia Uribe Vélez y que puede dar fe que allá operaba un grupo paramilitar. Pero eso no es lo que importa en el proceso que llevará a Uribe a indagatoria. Lo relevante para este proceso es que Monsalve asegura que entre febrero y abril de 2018 el abogado Diego Cadena, en nombre de Álvaro Uribe, lo visitó al menos en tres oportunidades supuestamente para pedirle grabar un video o firmar un documento para retractarse de su testimonio contra el expresidente. Y que culpara al senador Iván Cepeda de ofrecerle prebendas a cambio de rendir las declaraciones iniciales. Monsalve señala que lo asediaron por varias vías para lograr este propósito y que por eso decidió usar un reloj grabadora y recopilar chats y demás evidencias que le remitió a la corte.

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El senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el caso, también tendrá que declarar.

Sobre eso está probado que Cadena visitó al testigo en prisión. Pero el abogado asegura que acudió porque Monsalve mandó mensajes de querer confesar la verdad. Los defensores principales de Uribe, Lombana y Granados, explicaron así la actuación: “Monsalve se había inventado la historia de Guacharacas y luego buscó a alguien cercano al entorno de Uribe. Este se sorprendió y mandó a Cadena a ver de qué se trataba. Se trató de una trampa con el reloj grabadora. Pero a pesar de horas de conversación, Cadena no cayó. Sin embargo, hay una frase que, sacada de contexto, ha dado pie a la situación que enfrentamos”, dijo Granados.

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Por su parte, el abogado Lombana explicó que Monsalve le expuso su situación judicial a Cadena y le dijo que injustamente le negaron su paso a la Jurisdicción de Justicia y Paz, la de los paramilitares. “Cadena le contestó: ‘Voy a echar una mirada a su caso para ver si cabe una revisión’. Eso es todo lo que hay y ha sido interpretado como manipulación de testigos. Cada vez que un abogado, estudiante o el penalista más experimentado visita una cárcel, los presos piden que si le revisan su caso”.

Nuevas pruebas en caso Uribe

La corte deberá establecer si el asunto se reduce solo a eso. Por el nuevo cúmulo de pruebas que ordenó el magistrado Reyes se deduce que hay otros asuntos inquietantes. La corte, por ejemplo, tratará de develar los misterios en torno al abogado que visitó reiteradamente al testigo Monsalve. Se llama Diego Javier Cadena Ramírez, se trata de un joven y rico penalista, oriundo del Valle que constantemente visita narcotraficantes en cárceles de Colombia y Estados Unidos, algunas veces acompañado por agentes de la DEA.

Dentro de las pruebas ordenadas está la inspección a tres expedientes que cursan en la justicia colombiana contra Cadena, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, simulación de cargo o investidura y falta contra la administración de justicia. También, con la ayuda de las autoridades gringas, los investigadores rastrearán los pasos del enigmático abogado en Estados Unidos. El propio Cadena deberá rendir declaración ante la corte.

De otra parte, una veintena de paramilitares presos también deberán contestar preguntas. Entre estos Jesús Ignacio Roldán (alias Monoleche), Pablo Hernán Sierra (Alberto Guerrero), Ramiro Henao (Simón). Y en cárceles de Estados Unidos Daniel Rendón Herrera (Don Mario), Juan Carlos Sierra (El Tuso) y Salvatore Mancuso, entre otros.

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Los investigadores además revisarán las minutas de visitas a Juan Guillermo Monsalve e interrogarán a su compañero de celda Enrique Pardo Hasche, una de las personas a través de las cuales Cadena entró en contacto con el primero. El expediente también cita a indagatoria al representante a la Cámara por el Huila, Álvaro Hernán Prada, miembro del Centro Democrático e implicado en el supuesto asedio al testigo Monsalve.

También tendrán que declarar el exfiscal general Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo. Así mismo la capturada exfiscal Hilda Janet Niño, quien colabora con la justicia tras admitir que trabajaba para reconocidos narcos. La corte también citó a políticos como los senadores Rodrigo Lara e Iván Cepeda, este último contraparte del senador Uribe en el caso en cuestión. Igualmente llamó a la excongresista Piedad Córdoba, al exmagistrado Iván Velásquez y al periodista Juan Carlos Giraldo, que tienen en común haber visitado a paramilitares en prisiones de Estados Unidos para recopilar sus testimonios.

Iván Cepeda, el sábado en la mañana, emitió un comunicado en el cual explica la posición que va a tomar en lo que viene del proceso. "Con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte, a pesar de tener derecho a hacerlo, no concurriremos a las diligencias de indagatoria programadas para los días 8 y 9 de octubre de 2019". El senador agregó que registra que "las actuaciones judiciales en este caso no se están tomando en modo tendencioso o arbitrario" y que pide que el proceso pueda llevarse sin presiones mediaticas o políticas. 

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El expediente actual abarca 8 cuadernos principales y 6 cuadernos reservados, además de 137 discos compactos con interceptaciones y demás evidencias técnicas. Ese volumen aumentará día a día pues la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene proyectados dos meses de intenso trabajo antes de escuchar en indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez.