Escándalo en la JEP: el momento político que Uribe plantea aprovechar

A pocos días de que se cumpla el plazo para que el presidente Iván Duque tome una decisión sobre la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, el expresidente Álvaro Uribe, explicó cuál es su apuesta para lograr reformar la JEP, y eventualmente tumbarla. 

“Estos hechos bochornosos que se denuncian en la JEP puede que cambien la ecuación política. Lo que hace pocos días parecía que no tenía condiciones para ser derogado uno no sabe hasta dónde estos hechos bochornosos, previsibles por el origen de la JEP, lleguen a decirle a los políticos y nuevamente a la opinión pública: hay que derogarla”, aseguró Uribe.

El expresidente se refiere al escándalo de corrupción en el que resultó involucrado el fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo, el exsenador Luis Alberto ‘el Tuerto‘ Gil, y tres personas más también detenidas. Según la Fiscalía, juntos realizaban una maniobra ilegal que involucraba el pago de 500.000 dólares a cambio de incidir en el trámite de extradición del exguerrillero Jesús Santrich.

La participación del exlíder guerrillero en ese entramado, sin embargo, está todavía en discusión. El fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que en el despliegue judicial que logró esas capturas participó un agente encubierto que entregó la suma de dinero a Bermeo y facilitó la realización del operativo. Relató, además, cómo esa maniobra quedó en evidencia por las labores de ese personaje que tuvo como misión conducir una entrega controlada de ese dinero, que además era proporcionado por la misma justicia. 

En el entretanto, la presión sobre la JEP aumenta. Uribe ha liderado ese rechazo contra la jurisdicción especial para la paz. El expresidente prevee que se dé un momentum político, es decir una coyuntura que puede propiciar una decisión política y que esta debe responder a la solicitud de la ciudadanía. 

Esta no es la primera vez que Uribe habla de derogar la JEP. El exmandatario ha sido uno de los mayores críticos de ese nuevo tribunal. En las discusiones sobre el tema durante las negociaciones de paz, esa colectividad propuso crear una sala alterna en la justicia ordinaria y no un nuevo organismo. El rechazo a la JEP, de hecho, fue el punto más duro en las conversaciones que tuvieron con el Gobierno Santos, luego de que el No se impuso en el plebiscito. Antes del escándalo de corrupción, sin embargo, Uribe desistió de su idea y aseguró que había que limitarse a reformarla.

"Yo hasta hace unos días decía que políticamente no veo condiciones para derogarla, que reformarla así no estemos de acuerdo con ella. Por eso el Centro Democrático va a insistir en unas reformas. Pero empieza uno a sentir un malestar de opinión pública, que de pronto esto que ocurre en la JEP crea las condiciones de su derogatoria", dijo Uribe a la FM. 

En contexto: ¿Objetar o reformar? El dilema en el que Uribe sale a respaldar al fiscal

La vía de la "derogatoria" es bastante díficil. Como se trata del corazón de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno, la vía institucional para tumbarla es política y jurídicamente muy compleja. En el país se pueden derogar leyes o decretos, pero no instituciones completas. Por eso, el escenario de arrasar con la JEP solo se podría dar cambiando la Constitución, un proceso muy largo que requiere unas amplias mayorías en el Congreso que el expresidente hoy no tiene. A eso se suma, que ese acto legislativo tendría que pasar a un examen en la Corte Constitucional que ya dio su aval a la nueva jurisdicción y que muy posiblemente rechazaría su eliminación. 

El expresidente Uribe y el presidente Iván Duque han sido fuertes críticos de la JEP desde que esa jurisdicción se estaba planteando en La Habana. 

El momento político tampoco está con el sentir del uribismo.  Por ejemplo, la aprobación de las objeciones está sujeta a que Cámara y Senado las voten positivamente. Si el presidente objeta la ley estatutaria, tendría seguro el apoyo de los partidos de su coalición (Centro Democrático, movimientos y partidos cristianos y Conservador). No obstante, en las toldas azules tampoco está el 100 por ciento del apoyo asegurado. Senadores conservadores como Efraín Cepeda, por ejemplo, se la jugaron a fondo por la paz y han sido consistentes en ello. En cuanto al Partido de la U, la situación también es incierta. Aurelio Iragorri, presidente de la colectividad, envió una carta en días pasados al presidente pidiéndole no objetar.  Figuras como Armando Benedetti, Roy Barreras o Roosvelt Rodríguez no acompañarían una eventual objeción.

El caso de los liberales también le enreda el panorama al Gobierno si llega a objetar. No en vano, el suyo fue uno de los partidos que más protagonismo tuvo en términos de respaldo a la política de paz de Juan Manuel Santos.  Duque se ha ganado apoyo entre los representantes a la Cámara, pero sobre ellos hay una figura que tiene más ascendencia: la de César Gaviria. Desde hace dos semanas el expresidente asumió como bandera la defensa de la JEP e incluso, en compañía de Humberto de la Calle y Rafael Pardo, visitó las instalaciones de la Justicia Transicional para ofrecer su apoyo y clamar por la sanción de la Estatutaria.

En sus entrevistas, Uribe ha reconocido esa realidad. Para él, todavía no se ha visto la “posibilidad política de tener mayorías para derogar la JEP”. Por eso, su apuesta es a una reforma en el Congreso. El presidente explicó en Blu Radio que existen al menos ocho puntos estructurales en esa apuesta. “Nosotros insistiremos en las reformas a la JEP, que se podrán introducir si el presidente objeta artículos”, aseguró el exmandatario.

El camino de objetar parcialmente la estatutaria también la propuso en una carta un grupo de congresistas del Centro Democrático, académicos, exmagistrados y empresarios, entre los que se encuentran Hernando Yepes Arcila, exconstituyente; Samuel Hoyos, exrepresentante; José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y Luis Camilo Osorio, ex fiscal general.

“Consideramos que en el proceso de sanción presidencial al proyecto de la ley estatutaria para la administración de justicia en la JEP resultaría relevante un análisis a los criterios con base en los cuales se definen la procedencia del otorgamiento de las amnistías e indultos, así como a las formas de verificación de los presupuestos de concesión de estas”, explican en la carta, que cuenta con 36 firmas.

Consulte: Pinochómetro a la carta del fiscal que pide objetar la ley de la JEP

Esa vía de la objeción parcial tampco está clara. Aún en el caso de que se devuelvan al Congreso puntos sensibles como los delitos contra los niños y las niñas, el tema ya fue estudiado y avalado por la Corte Constitucional, organismo al que tienen que volver nuevamente esas normas. Por eso, algunos juristas plantean que esas objeciones parciales son un acto más político que jurídico, pues resultarían inocúas. A eso se suma que los principales malestares que existen contra la normatividad ni siquiera están en la ley estatutaria, sino en la interpretación que en su sentencia le dio la Corte Constitucional. Es decir, que son imposibles de objetar.   

Los puntos que quiere reformar el expresidente no han variado. Uribe ha insistido en que los reincidentes pierdan todos los beneficios, que no se prohíba a la Fiscalía seguir investigando mientras la JEP toma decisiones, que se clarifique lo relacionado a la extradición y que los delitos sexuales cometidos contra menores sean investigados y sancionados con penas ordinarias.

El desarrollo del caso de Bermeo esta semana en los estrados seguramente resolverá unas dudas, pero también abrirá otras. En el entre tanto, hay decisiones muy importantes que tendrán que darse: la extradición de Santrich y la decisión de Duque de objetar la JEP. En ambas, por ahora, el resultado es bastante incierto.