En tres escenas: Uribe, una larga estela de investigaciones y polémicas

Aunque la decisión de la Corte Suprema sobre Álvaro Uribe Vélez tiene que ver con un proceso puntual por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, el expresidente y senador ha tenido una vida política que no ha estado exenta de polémicas y señalamientos. Desde sus primera etapa en el Congreso en los años noventa, hasta su periodo como Gobernador de Antioquia y posteriormente como presidente de la República.

Senador en los noventas

Solo hace un par de años, el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos desclasificó una serie de cables diplomáticos en los que se mencionaba a Uribe Vélez, donde funcionarios estadounidenses lo acusaban de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90.

Según reveló la agencia EFE en su momento, uno de los cables de 1993 entregaba la versión  del entonces senador del Partido Liberal Luis Guillermo Vélez Trujillo quien aseguraba que Uribe había recibido "financiación" para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vásquez, miembro del Cartel de Medellín, además de haber sido el contacto entre el gobierno del entonces presidente César Gaviria y la familia de Pablo Escobar, esto según la versión de Vélez Trujillo a la embajada gringa.

En video: cinco efectos de la detención de Álvaro Uribe: 

Según otro cables, en enero de 1992, la embajada estadounidense en Bogotá recopiló una lista de políticos colombianos “sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico". Uribe apareció reseñado un “posible narco-político”, además de ser reconocido como “una joven estrella de la escena política colombiana”.

Las comunicaciones diplomáticas decían: “Sus lazos familiares con narcotraficantes (es primo de los Ochoa), además de rumores provenientes de contactos creíbles le enturbian, aunque sus declaraciones en el pasado en contra de los traficantes así como sus protestas vehementes ante la embajada dicen lo contrario”.

Gobernador de Antioquia

Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia entre el primero de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1997. Fueron tiempos difíciles en los que la guerrilla de las Farc se expandía por el oriente, norte y Urabá antioqueños, y detrás de ellas las Autodefensas Unidas de Colombia. En este periodo se cometieron numerosas masacres, entre ellas la de El Aro, caserío del municipio de Ituango, ocurrida el 22 de octubre de 1997.

En 2015, un fallo del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que iniciara un proceso de investigación en contra de Álvaro Uribe por dicha masacre en la que fueron asesinados 15 campesinos después de ser torturados brutalmente. Como elemento de juicio, el tribunal tomó el testimonio de varias víctimas que aseguran que un helicóptero amarillo, propiedad de la Gobernación hasta hoy, sobrevolaba el caserío mientras los paramilitares asesinaban.

Vea en gráficas la linea del tiempo del proceso de Álvaro Uribe:

La sentencia señalaba: “Cabe precisar que el conocimiento acerca de la ejecución de la masacre, por parte de la administración departamental, no sólo se restringía a la información previa suministrada a Pedro Juan Moreno Villa, quien para la época se desempeñaba como Secretario de Gobierno departamental, sino que el helicóptero adscrito a la Gobernación de Antioquia, fue observado sobrevolando la zona durante la ejecución de la incursión y que en dicho helicóptero, según le informó por radio el comandante Carlos Castaño Gil, se encontraban el Gobernador de Antioquia y dos miembros de la Cruz Roja”.

En junio de 2018, un fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, compulsó copias al expresidente Uribe Vélez por otra masacre cometida durante su gobernación, pero en el corregimiento La Granja, también en Ituango.  

El fallo dice: “La gobernación de Antioquia y sus funcionarios más altos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas, es decir, las ayudaron con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y juzgar… al no compulsar las copias el Tribunal puede ser responsable de una omisión de denuncia en el entendido que existen suficientes elementos de juicio conforme lo expresado en esta decisión que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas como el gobernador de Antioquia de ese entonces Dr. Álvaro Uribe Vélez, del comandante de la Cuarta Brigada de la época el general, Carlos Alberto Ospina (...) al igual que el comandante de la policía de Ituango, Carlos Emilio Gañán”.

Presidencia de la República

El símbolo de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez fue la lucha contra la guerrilla. En sus ocho años de gobierno el Estado recuperó las carreteras —asediadas de retenes ilegales que terminaban en secuestros— y la seguridad en cientos de municipios que estaban bajo el azote de las Farc, además fueron perseguidos y bombardeados los principales comandantes de la guerrilla, como Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Martín Caballero y muchos otros.

Sin embargo, durante esa época el gobierno fue señalado de violar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Se conoció de ejecuciones extrajudiciales en las que militares asesinaban a civiles haciéndolos pasar como guerrilleros, en un hecho que ha documentado más de cinco mil casos; además se ha comprobó la connivencia de muchas escuadras de las Fuerzas Militares con grupos paramilitares.

En video: Álvaro Uribe no podrá seguir en el Senado tras decisión de la Corte:

El gobierno de Uribe Vélez también sufrió serios cuestionamientos por el uso que se le dio al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que un periodo persiguió a políticos de oposición, periodistas, defensores de Derechos Humanos y hasta magistrados de altas cortes.

Álvaro Uribe cuenta  con 29 procesos en la Corte Suprema, además de más de 200 en otras instancias, incluida la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por delitos que van desde injuria hasta su presunta vinculación con masacres, apoyo o creación de grupos paramilitares y falsos positivos.