PAZ

¿Por qué ahora Uribe sí quiere con la Corte Suprema?

El tribunal con el que protagonizó duros enfrentamientos durante su gobierno es, paradójicamente, con el que se la juega el expresidente para una justicia transicional con las Farc.

10 de octubre de 2016
Expresidente Álvaro Uribe. | Foto: León Darío Peláez

El acuerdo de justicia y, en especial el Tribunal especial para la Paz, fue el punto más álgido en La Habana. Generó el rechazo rotundo de los partidarios del No y serios reparos en algunos de los que apoyaron los acuerdos, como la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

Ahora, ante la derrota del Sí en las urnas, este punto parece que terminó acercando lo que fueron viejos e irreconciliables enemigos: el expresidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia.

Fueron años de una pelea casada. El escándalo de las chuzadas dejó heridas irreconciliables, pues nunca antes una acusación tan grave como espiar a los magistrados había caído en el Palacio de Nariño.

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Esto fue lo más grave, pero no lo único. Uribe polemizó sobre las decisiones de la Corte Suprema que condenaron a varios de sus ministros como Andrés Felipe Arias, Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega, entre otros.

El expresidente se ha referido a los magistrados de mentirosos y a la corte como un tribunal selectivo; incluso, hace apenas unos meses se volvió a declarar un perseguido de esta alta corte y de la Fiscalía.

A través de Twitter aseguró: "¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono?"; "En diciembre publiqué seguimientos de que fui objeto por autoridades, irrebatibles; me confirman que Corte Suprema tiene interceptado mi tel". 

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Por eso, cuando el domingo pasado el expresidente sacó su lista de deseos para ajustar los acuerdos de La Habana, muchos se sorprendieron de la última propuesta de su intervención.

Pese a este acérrimo enfrentamiento, el expresidente incluyó a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia como parte del plan B para impartir justicia en el marco del acuerdo de paz con las FARC.

"Hicimos múltiples observaciones al Tribunal Transicional, que entre sus facultades exorbitantes tiene aquella de definir qué conductas son delitos. Estamos de acuerdo con el fiscal general de aplicar la Ley de Justicia, Paz y Reparación. O proponemos crear en la Corte Suprema la Sala Transicional y la doble instancia, retroactiva por cierto”, señaló Uribe.

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¿Por qué Uribe acude a la Corte Suprema? En principio, la Corte Suprema con la que tanto rivalizó en el pasado ya no es la misma. De hecho, de los magistrados que sacaron la parapolítica adelante no queda ninguno. 

Darle este espaldarazo a la corte que más reparos ha manifestado a los acuerdos de justicia lo acerca a quienes representan y defienden a la justicia ordinaria. Da una imagen de respeto institucional en un momento en que reúne adeptos para la renegociación de los acuerdos de paz.  

En cabeza de la Corte Suprema está su presidenta, la magistrada Margarita Cabello Blanco, quien en su momento fue ternada por Uribe para ser fiscal general de la Nación. Precisamente, el viernes pasado, Cabello Blanco se reunió con el expresidente Andrés Pastrana y con el excomisionado de paz Camilo Gómez, quienes la buscaron para darle a conocer el trabajo que comienzan a hacer alrededor de los acuerdos.

Cabello Blanco, por su parte, aseguró que como corte están “a un lado” y que tienen congelada cualquier acción en la revisión que habían pactado con el Gobierno de los proyectos de Ley que implementarían los acuerdos de paz. Expresó que está presta a ofrecer la experiencia y el conocimiento en estos temas de justicia.  

Lo cierto es que además de este guiño a la Corte, la propuesta de Uribe sobre el tema de justicia recoge inquietudes de otros sectores que entregaron su sí condicionado al acuerdo de paz. Por ejemplo, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien pidió aplicar a los guerrilleros la Ley de Justicia y Paz, y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que cuestionó las excesivas facultades de la Jurisdicción Especial para la Paz por tener competencia sobre las FARC, los miembros de la fuerza pública y civiles. 

La propuesta de Uribe, sin embargo, no tendría viabilidad desde el punto de vista de las FARC, quienes precisamente negociaron una justicia que garantizara independencia de un Estado al que llevan 52 años combatiendo. Además de buscar que cobije, en las mismas condiciones, a todos los actores del conflicto armado y no como lo deja ver esta propuesta de Uribe: una justicia transicional sólo para las FARC.