¿Objetar o reformar? El dilema en el que Uribe sale a respaldar al fiscal

El expresidente Álvaro Uribe cruzó en reversa la línea radical que trazó hace una semana. En medio de la incertidumbre que desató la posibilidad de que el presidente Iván Duque objete la ley estatutaria de la JEP, Uribe dijo que lo mejor era eliminar esta jurisdicción. 

Pero el pasado viernes, en una intervención en Armenia dio su brazo a torcer: “Nosotros en el Centro Democrático queremos que no hubiera JEP, la realidad del país muestra que hoy no es posible eliminarla, pero sí es posible reformarla, por eso hemos venido hablando de una reforma”.

La idea de reformar la JEP es recurrente. No en vano, en plena campaña a la presidencia, Iván Duque escribió una columna de opinión en El Colombiano en la que aseguró que la JEP no es inmodificable y que se podía reformar a través de un acto legislativo, un referendo o una constituyente. El uribismo ha emprendido varias batallas para lograrlo y en su camino ha conquistado en el Congreso pequeñas victorias. Pero no han alcanzado los cambios estructurales anunciados; los mismos, que la oposición cuestiona por hacer trizas la paz. 

Ahora en el poder, Duque tiene en sus manos la ley estatutaria de la JEP y el país está en vilo pues hay plazo hasta el 11 de marzo para decidir si la sanciona o confirma los rumores que alertan de lo que sería una objeción por inconveniencia frente a algunos artículos. No obstante, la intervención de Uribe allana otro camino: que el presidente proponga un gran pacto político alrededor de la JEP para que se modifiquen los aspectos fundamentales. Este ejercicio podría ser parecido al que se dio con los proyectos anticorrupción después de la consulta, sin embargo, como ocurrió en el pasado, se corre el riesgo de no ser tan exitosos como se propone. 

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Mientras Duque decide, el senador conservador Juan Diego Gómez, anunció que radicará un acto legislativo para reformar la JEP, específicamente para que los delitos sexuales no puedan ser amnistiados así estén relacionados con el conflicto. Según el parlamentario, de darse la reforma constitucional esta no afectaría a quienes ya se acogieron a la JEP, porque no se podrían cambiar las reglas a mitad de camino, es decir, hacerlas retroactivas.

Paralelamente, Uribe propone una reforma más profunda a la JEP que incluye el artículo de los menores y otros más. Ningún aspecto es nuevo, en días pasados los manifestó por medio de siete trinos en los que hacía observaciones sobre temas como la extradición y los beneficios para reincidentes. Además, las reformas que plantea Uribe guardan estrecha relación con las que ha hecho el fiscal general Néstor Humberto Martínez.

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1. "La JEP solamente sea competente para delitos que se hubieran cometido hasta el 1° de diciembre de 2016"

El acto legislativo que le dio vida a la JEP dejó claro que la justicia especial solo tendrá competencia sobre los casos de los miembros de esa guerrilla que hayan sido condenados, procesados o investigados antes del primero de diciembre del 2016, aunque no aparezcan en las listas que presente el grupo insurgente sobre los hombres y mujeres que se encuentran en las cárceles.

Sin embargo, se extrae de la sentencia de la Corte Constitucional que la JEP podría mantener su competencia sobre delitos de ejecución permanente como el narcotráfico por hechos ocurridos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Al respecto la corte señala: "A diferencia del delito instantáneo en el cual la consumación tiene lugar en un momento específico, (...) en el delito permanente la consumación se prolonga en el tiempo hasta cuando cesa el atentado al bien jurídico objeto de tutela".

Este aspecto ha venido ocasionando choques con el fiscal Martínez. Uribe lo retoma con la intención al parecer de volver a la fórmula que aprobó el Congreso y tumbó la Corte Constitucional. Esta es que todos los delitos sobre los cuales se hayan realizado actos de ejecución después del 1 de diciembre de 2016 deben quedar cobijados por la justicia ordinaria. 

2. "Una persona que reincida pierda todos los beneficios":

Según la estatutaria de la JEP, en caso de reincidencia un excombatiente podría quedar con un pie en la JEP y otro en la justicia ordinaria. Esto en razón a que la justicia especial continuaría su proceso en relación a los delitos cometidos en el conflicto mientras que paralelamente la justicia ordinaria asume competencia para investigarlo y sancionarlo por el nuevo hecho. 

En este sentido, la norma pendiente de ser sancionada deja claro que el incumplimiento más grave es la deserción, por lo tanto se sanciona con la exclusión de todos los beneficios de la JEP. A partir de esta máxima sanción, la Corte Constitucional le pide a la JEP graduar las sanciones a aplicar a quienes reinciden en delitos, ya que todos no pueden ser considerados de la misma gravedad. Dentro de esta gradualidad, la justicia especial también podrá contemplar la aplicación de penas de cárcel hasta de 20 años, la sanción más alta que tiene dentro de su sistema sancionatorio. 

El fiscal cuestiona que delitos como el secuestro, narcotráfico y homicidio no impliquen la pérdida automática de todos los beneficios. Y en este sentido, Uribe propone reabrir la discusión en el Congreso de la República. 

3. "Que no se prohíba a la Fiscalía seguir en investigaciones y diligencias mientras la JEP ha tomado decisiones":

De ser sancionada la ley estatutaria, la Fiscalía quedaría habilitada para continuar con las investigaciones pero no podría citar a los implicados, que estén respondiendo ante la JEP, a ninguna diligencia de interrogatorio o judicial. Para la corte, esta circunstancia no implica que los responsables de las conductas objeto de los informes remitidos por la Fiscalía y demás órganos judiciales a la JEP queden liberados de obligaciones frente a las referidas investigaciones, pues estos quedan a disposición del Sistema de Verdad Justicia y Reparación de la JEP. 

Sin embargo, esta restricción levantó ampolla en la Fiscalía. Uribe pretende subsanarla con la reforma devolviéndole la facultad a la Fiscalía de citar a diligencias.

4. "Que se clarifique lo relacionado a la extradición":

Según el expresidente, "cuando uno lee toda esa literatura del Acuerdo, del Acto legislativo del 2017, de la sentencia, encuentra que aquí no hay extradición. Nosotros aceptamos, así estemos en desacuerdo, que extradición por delitos anteriores al 1° de diciembre del 2016 no debe haber, así estemos en desacuerdo, lo aceptamos. Pero debe haber extradición sin dilaciones, sin cortapisas para delitos posteriores”.

La ley estatutaria aclaró ciertos puntos álgidos frente a la extradición de excombatientes que sean requeridos por hechos posteriores a la firma del acuerdo de paz. El procedimiento no dejó contentos a muchos que ven el nuevo trámite lleno de baches y obstáculos. Un punto álgido de esta discusión tiene que ver con que la ley estatutaria crea la obligación para que la Corte Suprema de Justicia pondere los derechos de las víctimas en Colombia a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas en Colombia por encima del deber de cooperación que tenga con cualquier país extranjero. También, le da la facultad a la JEP para que solicite pruebas al país requiriente con el fin de estudiar si los hechos presuntamente delictivos se cometieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. 

Ambos puntos fueron polémicos y quedaron en firme después de que la ley pasó por la Corte Constitucional. Ahora Uribe pretende que se reabra este estudio. 

5. "Qué tiene que ver el conflicto con la violación de un niño?

Para el expresidente, los delitos sexuales cometidos en contra de menores de edad se deben condenar y sancionar con las penas ordinarias, "no con las inocuas sanciones alternativas de la JEP". Con la ley estatutaria, estos delitos quedarán de competencia de la JEP siempre que tengan relación directa o indirecta con el conflicto, y serán sancionados con penas establecidas dentro del sistema transicional. En caso de que hayan sido cometidos por fuera del conflicto quedarán a cargo de la justicia ordinaria.

Políticamente, la idea de un pacto nacional para modificar el proyecto reglamentario de la JEP le dificultaría menos la gobernabilidad a Duque pues varios partidos han dicho que rechazan cualquier modificación a la justicia transicional. Entre ellos, La U y el Partido Liberal. Sin embargo, en ese, como en otros temas, Duque le ha dicho a su equipo que el es quien tiene la última palabra.