Uribe renunció al Senado: ¿qué viene ahora?

El expresidente Uribe renunció al Senado. Asegura que no tiene garantías en la Corte Suprema para seguir su proceso. En una carta que envió al presidente del Senado, Arturo Char, el exmandatario esgrime una serie de puntos que para él demuestran que no tiene un debido proceso en ese Alto Tribunal. El hecho abre un enorme y complejo debate sobre si el expresidente pierde su fuero y, por lo tanto, el caso debe pasar a la justicia ordinaria. Los antecedentes de este Alto Tribunal harían díficil ese camino para Álvaro Uribe, pero las opiniones están divididas. En todo caso, es la misma Corte Suprema la que deberá decidir la suerte del expediente del expresidente. 

Vea la transmisión con la noticia

La carta de Álvaro Uribe al presidente del Senado

Doctor
Arturo Char Chaljud
Presidente del
Senado

Apreciado señor Presidente:

Me dirijo a usted para presentar renuncia al
Senado de la República.

El Magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron.

La medida de aseguramiento con detención domiciliaria, con la violación de ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contra interrogar, con el magistrado que advertía de posible auto incriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes, anulan cualquier expectativa de poder regresar al Senado, institución en la cual procuré ser cumplido y aportar con estudio a los diferentes temas.

Anhelo que Colombia se recupere de tantas dificultades sin poner en riesgo las libertades, con seguridad democrática y eliminación del narcoterrorismo.

Insisto en la necesidad de una economía fraterna, sin odio de clases y sin egoísmo, que lleve de la mano un gran apoyo a la empresa privada y a la política social.

Reitero la creencia en un estado de austeridad burocrática, con más recursos para la educación y la salud, y con más espacio para la creatividad del emprendimiento privado.

Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política.

Los actos y decisiones de individuos ayudan al respeto por las instituciones en las que actúan o generan todo lo contrario.

La lucha por la defensa de la libertad de Colombia es un imperativo irrenunciable.

Me suscribo con la mayor consideración,

Álvaro Uribe Vélez

En video: Álvaro Uribe lee su carta de renuncia

¿Qué pasa ahora tras la renuncia? 

La renuncia de un congresista para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia no es un caso nuevo. "Renunciar al fuero es un derecho", explicó el exmagistrado Jaime Arrubla. 

A raíz de las investigaciones por parapolítica, decenas de parlamentarios renunciaron a su curul para no ser juzgados por la Corte. Algunos de ellos fueron: Álvaro Araújo Castro, Antonio Valencia Duque, Luis Guillermo Vélez, Jairo Enrique Merlano, Zulema Jattin Corrales, Carlos García Orjuela, Luis Alberto Gil, Álvaro Alfonso García y el primo del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar. La mayoría de estos congresistas también alegaron la falta de garantías, especialmente por ser juzgados en una única instancia y en un proceso en el cual el organismo que los acusaba era su mismo juez.  

Los congresistas se basaron en los artículos 235 de la Constitución y 75 del Código de Procedimiento Penal, que le dan la competencia a la Corte de investigar y juzgar a los miembros del Congreso, por lo cual, si ya lo eran, por su renuncia decaería esa posibilidad. Sin embargo, en el año 2009 una decisión de la Corte terminó restringiendo esta vía. 

En una providencia emitida en el caso de Alvaro Araújo Castro se dijo que: "La Corte reasume todos los procesos que tengan que ver con la relación funcional, y en cada caso se estudiará esa relación funcional antes de optar por captar competencia". La Corte fundó su decisión en el inciso 2 del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, que establece que “cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6 y 7 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”. Esta decisión hizo que varios de los casos regresaran a la Corte Suprema de Justicia, organismo que consideró que la parapolítica también podría estar relacionada con las funciones de los congresistas. 

A raíz de ese precedente, lo que antes de 2009 era una decisión muy fácil, ya no lo es tanto. 

Uno de los temas más delicados que enfrentará el expresidente es si eventualmente la Corte podría llegar a considerar que los presuntos hechos que le imputa pudieron haber tenido una relación con sus funciones. Antes de 2009 se entendía que la relación con las funciones se daba únicamente cuando el acto incriminado era directamente consecuencia del cargo como, por ejemplo, votar una ley como consecuencia de un soborno, tal como sucedió con Yidis Medina. Con la tesis aplicada por la Corte en el caso de Álvaro Araújo debe analizarse si puede existir alguna relación de conexidad o incluso si se pudo haber abusado del cargo para la comisión del delito.

Por esto, la decisión del expresidente no es sencilla. Si ante su renuncia la Corte considera que los hechos imputados tienen una relación con sus funciones por ser consecuencia de un abuso de su condición de senador, quedará en un mundo muy difícil: con una decisión política que puede restar su credibilidad por no someterse al máximo tribunal penal de Colombia y, además, quedando atrapado en un proceso en el cual considera que no se le dan garantías. 

La falta de garantías, según Álvaro Uribe 

El expresidente Uribe ha expresado, tanto en la entrevista con SEMANA con María Isabel Rueda, como en los múltiples comunicados que ha publicado su defensa, sus argumentos frente a que la Corte no es imparcial. Además de violaciones concretas a sus garantías, como el hecho de que no se han llamado testimonios clave para su defensa, el exmandatario hizo un ataque frontal a la imparcialidad de los magistrados. 

Sus principales críticas en la entrevista con SEMANA se centraron en un magistrado que ya no está en la Corte Suprema: Jorge Luis Barceló. Se trata del togado que fue ponente del archivo del proceso contra Iván Cepeda y que a su vez compulsó copias contra el expresidente. Sobre él, aseguró que tenía un “sesgo político en su contra”.  

Según Uribe, Barceló les habría contado a varias personas que estaba preparando una orden de detención contra él. “En otro país del mundo eso no se acepta, es un prevaricato”, señaló. El exmandatario agregó que Barceló dejó esa línea ideológica en su contra, pues en el sistema de elección los magistrados pueden influir para dejar a sus reemplazos. Y en esa categoría ubicó al nuevo ponente, el magistrado César Reyes. Lo mismo dijo del resto de los magistrados de la Sala de Instrucción, la que hoy lleva su caso. Mencionó específicamente a dos: Ariel Torres y Jorge Caldas. También se refirió al “sesgo ideológico” de Luis Antonio Hernández, quien sería parte del grupo de magistrados que decidirán en segunda instancia sobre su proceso. 

Frente a sus actuales jueces, afirmó que la esposa del sustanciador del caso, el magistrado Reyes, trabajó con el senador Iván Cepeda, quien es sujeto procesal dentro del mismo expediente, y para el presidente Uribe su principal persecutor. Después de la entrevista, el senador Cepeda anunció que demandará al expresidente por injuria y calumnia. “Es un rabioso ataque en mi contra y una afrenta a los magistrados de la CSJ”, dijo sobre sus declaraciones en SEMANA. 

Pero no paró allí. El expresidente también recordó la grabación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que Leonidas Bustos hizo afirmaciones sobre la conveniencia política del juzgamiento de funcionarios del gobierno de Uribe, lo cual —para él— terminaría cuestionando también a varios magistrados actuales que participaron en esas decisiones y a los que fueron nombrados por ellos. Paradójicamente, esas grabaciones se conocieron en uno de los peores escándalos de su mandato: las chuzadas que el DAS le hizo a la Corte Suprema y que hicieron cerrar esa entidad y tienen a varios exfuncionarios presos. 

“Magistrado Reyes no quiso oír testigos indispensables”: Uribe

Por todo esto, en la entrevista Uribe aseguró: “Yo en la Corte no tengo garantías. Esta semana mis abogados estudian todas las opciones”. ¿Es viable el camino de buscar jurisdicción en otro lado? 

El antecedente de 2018 

Hay un momento en el mismo caso de Uribe en el que se planteó la misma pregunta. En el año 2018, cuando la Corte Suprema lo llamó a indagatoria, Uribe aseguró que se retiraría del Senado. El expresidente relató que lo hizo porque este Alto Tribunal no le permitió dar una versión libre, como sucede en muchos de estos casos, sino que lo llamó directamente a indagatoria. “Yo renuncié en el año 2018 cuando me notificaron”, recordó Uribe. La polémica fue enorme en ese momento, pues muchos interpretaron que esa era una fórmula para quitarle a la Corte Suprema la competencia en su proceso. 

En la entrevista, el expresidente también relató por qué finalmente no se fue del Senado y decidió continuar con su proceso en la Corte Suprema. Según afirmó, el magistrado Jorge Luis Barceló supuestamente les habría dicho a varias personas, panelistas de un programa radial, “que lo que quería yo era irme de la Corte... imagínese usted”.  

Finalmente este martes, con su carta al presidente del Senado, el exmandatario decidió tomar ese camino que se planteó hace dos años cuando su proceso apenas comenzaba. Pero la Corte Suprema tiene la última palabra.