¿Renunciará Uribe al Senado buscando ser juzgado por la justicia ordinaria?

En las casi tres horas de entrevista, Álvaro Uribe se despachó sobre decenas de detalles de su proceso. Habló de lo que él llamó su “secuestro” en casa por cárcel, de Iván Cepeda, de los magistrados de la Corte Suprema, de los vericuetos de sus testigos, de Diego Cadena, de Eduardo Montealegre y hasta de lo que ha vivido en lo más íntimo con su esposa, sus hijos y sus nietos. 

Vea la entrevista completa de Vicky Dávila y María Isabel Rueda 

Podría decirse que los ejes centrales de su defensa son cuatro. El primero, sustentar que su proceso no tuvo garantías por cuenta de lo que él describe como violaciones al debido proceso. El segundo, la supuesta falta de simetría que existe en su juicio, frente a la forma como la justicia ha tratado a sus enemigos, incluido el senador Iván Cepeda, a quien la Corte Suprema le archivó el proceso por la denuncia que el mismo exmandatario interpuso. El tercero, sostener que nunca fue proactivo en la búsqueda de los testimonios, que hoy lo tienen enredado en este proceso penal y privado de la libertad. El expresidente se presenta siempre como un sujeto pasivo que solamente respondió ante las movidas contra él que sus allegados le iban contando. Y el cuarto, plantear que todo forma parte de un plan con miras a las próximas elecciones presidenciales. "Cuidado con 2022, que aquí estamos viviendo una especie de prechavismo”, dijo. 

Por esa falta de garantías y esa desconfianza en la Corte Suprema, Uribe abrió una puerta que puede ser clave en lo que viene para su proceso. En el diálogo que sostuvo con las periodistas Vicky Dávila y María Isabe Rueda, el presidente no confirmó, pero sí dejó entrever que su defensa está pensando —o al menos no descarta— que él renuncie al Senado. 

Esa posibilidad siempre ha sido polémica porque surgen varias preguntas. ¿Cómo sustentar este giro en el proceso? ¿Qué pasa con el fuero? ¿La Corte Suprema podría mantener su caso? ¿Podría pasar a la justicia ordinaria? 

Los argumentos de Uribe contra la imparcialidad de la Corte Suprema 

El expresidente ha expresado, tanto en la entrevista con SEMANA como en los múltiples comunicados que ha publicado su defensa, sus argumentos frente a que la Corte no es imparcial. Además de violaciones concretas a sus garantías, por ejemplo el hecho de que no se han llamado testimonios clave para su defensa, el exmandatario hizo un ataque frontal a la imparcialidad de los magistrados. 

Sus principales críticas se centraron en un magistrado que ya no está en la Corte Suprema: Jorge Luis Barceló. Se trata del togado que fue ponente del archivo del proceso contra Iván Cepeda y que a su vez compulsó copias contra el expresidente. Sobre él, aseguró que tenía un “sesgo político en su contra”.  

Según Uribe, Barceló les habría contado a varias personas que estaba preparando una orden de detención contra él. “En otro país del mundo eso no se acepta, es un prevaricato”, señaló. El exmandatario agregó que Barceló dejó esa línea ideológica en su contra, pues en el sistema de elección los magistrados pueden influir para dejar a sus reemplazos. Y en esa categoría ubicó al nuevo ponente, el magistrado César Reyes. Lo mismo dijo del resto de los magistrados de la Sala de Instrucción, la que hoy lleva su caso. Mencionó específicamente a dos: Ariel Torres y Jorge Caldas. También se refirió al “sesgo ideológico” de Luis Antonio Hernández, quien sería parte del grupo de magistrados que decidirán en segunda instancia sobre su proceso. 

Frente a sus actuales jueces, afirmó que la esposa del sustanciador del caso, el magistrado Reyes, trabajó con el senador Iván Cepeda, quien es sujeto procesal dentro del mismo expediente, y para el presidente Uribe su principal persecutor. Después de la entrevista, el senador Cepeda anunció que demandará al expresidente por injuria y calumnia. “Es un rabioso ataque en mi contra y una afrenta a los magistrados de la CSJ”, dijo sobre sus declaraciones en SEMANA. 

Pero no paró allí. El expresidente también recordó la grabación en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la que Leonidas Bustos hizo afirmaciones sobre la conveniencia política del juzgamiento de funcionarios del gobierno de Uribe, lo cual —para él— terminaría cuestionando también a varios magistrados actuales que participaron en esas decisiones y a los que fueron nombrados por ellos. Paradójicamente, esas grabaciones se conocieron en uno de los peores escándalos de su mandato: las chuzadas que el DAS le hizo a la Corte Suprema y que hicieron cerrar esa entidad y tienen a varios exfuncionarios presos. 

“Magistrado Reyes no quiso oír testigos indispensables”: Uribe

Por todo esto, en la entrevista Uribe aseguró: “Yo en la Corte no tengo garantías. Esta semana mis abogados estudian todas las opciones”. ¿Es viable el camino de buscar jurisdicción en otro lado? 

El antecedente de 2018 

Hay un momento en el mismo caso de Uribe en el que se planteó la misma pregunta. En el año 2018, cuando la Corte Suprema lo llamó a indagatoria, Uribe aseguró que se retiraría del Senado. El expresidente relató que lo hizo porque este Alto Tribunal no le permitió dar una versión libre, como sucede en muchos de estos casos, sino que lo llamó directamente a indagatoria. “Yo renuncié en el año 2018 cuando me notificaron”, recordó Uribe. La polémica fue enorme en este momento, pues muchos interpretaron que esa era una fórmula para quitarle a la Corte Suprema la competencia en su proceso. 

En la entrevista, el expresidente también relató por qué finalmente no se fue del Senado y decidió continuar con su proceso en la Corte Suprema. Según afirmó, el magistrado Jorge Luis Barceló supuestamente les habría dicho a varias personas, panelistas de un programa radial, “que lo que quería yo era irme de la Corte... imagínese usted”.  

¿Qué pasa si renuncia? 

La renuncia de un congresista para no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia no es un caso nuevo. A raíz de las investigaciones por parapolítica, decenas de parlamentarios renunciaron a su curul para no ser juzgados por la Corte. Algunos de ellos fueron: Álvaro Araújo Castro, Antonio Valencia Duque, Luis Guillermo Vélez, Jairo Enrique Merlano, Zulema Jattin Corrales, Carlos García Orjuela, Luis Alberto Gil, Álvaro Alfonso García y el primo del expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe Escobar. La mayoría de estos congresistas también alegaron la falta de garantías, especialmente por ser juzgados en una única instancia y en un proceso en el cual el organismo que los acusaba era su mismo juez.  

Los congresistas se basaron en los artículos 235 de la Constitución y 75 del Código de Procedimiento Penal, que le dan la competencia a la Corte de investigar y juzgar a los miembros del Congreso, por lo cual, si ya lo eran, por su renuncia decaería esa posibilidad. Sin embargo, en el año 2009 una decisión de la Corte terminó restringiendo esta vía. 

En una providencia emitida en el caso de Alvaro Araújo Castro se dijo que: "La Corte reasume todos los procesos que tengan que ver con la relación funcional, y en cada caso se estudiará esa relación funcional antes de optar por captar competencia". La Corte fundó su decisión en el inciso 2 del artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, que establece que “cuando los funcionarios a los que se refieren los numerales 6 y 7 anteriores hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos, el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”. Esta decisión hizo que varios de los casos regresaran a la Corte Suprema de Justicia, organismo que consideró que la parapolítica también podría estar relacionada con las funciones de los congresistas. 

A raíz de ese precedente, lo que antes de 2009 era una decisión muy fácil, ya no lo es tanto. 

Uno de los temas más delicados que tendrá que analizar el expresidente con sus abogados es si eventualmente la Corte podría llegar a considerar que los presuntos hechos que le imputa pudieron haber tenido una relación con sus funciones. Antes de 2009 se entendía que la relación con las funciones se daba únicamente cuando el acto incriminado era directamente consecuencia del cargo como, por ejemplo, votar una ley como consecuencia de un soborno, tal como sucedió con Yidis Medina. Con la tesis aplicada por la Corte en el caso de Álvaro Araújo debe analizarse si puede existir alguna relación de conexidad o incluso si se pudo haber abusado del cargo para la comisión del delito.

Por esto la decisión del expresidente no es sencilla. Si renuncia y la Corte considera que los hechos imputados tienen una relación con sus funciones por ser consecuencia de un abuso de su condición de senador, quedará en un mundo muy difícil: con una decisión política que puede restar su credibilidad por no someterse al máximo tribunal penal de Colombia y, además, quedando atrapado en un proceso en el cual considera que no se le dan garantías.