La respuesta de los abogados de Uribe a Human Rights Watch

La defensa de Álvaro Uribe Vélez envió una extensa carta en la cual responde a la serie de afirmaciones que José Miguel Vivanco le envió a los expresidentes del mundo que respaldaron al exmandatario colombiano ante la decisión de casa por cárcel. El director de Human Rights Watch había dicho en una misiva que el comunicado que fue enviado en su momento por los exmandatarios "contiene numerosos errores fácticos y jurídicos que incentivan una campaña en contra de la independencia del poder judicial en Colombia".

Conforme a respuesta dada por @JMVivancoHRW, en relación al caso @AlvaroUribeVel, evidenciamos que efectivamente no no quiere verificar violaciones a garantías judiciales quedándose con el relato oficial que pretende encubrirlas. Por ello acudimos a las pruebas. Abrimos hilo: pic.twitter.com/jmqfNe0Lu6

— Victor Mosquera Marin (@VictorMosqueraM) August 25, 2020

Vivanco sostuvo en ese documento que no compartía las afirmaciones alrededor de que Álvaro Uribe no contaba con garantías ante la Corte Suprema. El director de esa organización puntualizó en puntos específicos que ha sostenido la defensa del expresidente como el giro que dio la Corte Suprema con Iván Cepeda, la comparación con Jesús Santrich y el calificativo al proceso como ‘político‘.

En la respuesta del abogado Mosquera hace aclaraciones a cada uno de los puntos de Vivanco. Para comenzar, asegura que sí hubo un ocultamiento del proceso al senador Uribe que se evidencia en que ese organismo no lo llamó a versión libre, que suele ser un paso inicial antes de formular la indagatoria.

Frente a eso, Mosquera agrega un elemento. "El 4 de mayo de 2018, el ex residente Uribe Vélez, mediante derecho de petición, solicitó a la Sala de Casación Penal que le informara cuáles investigaciones estaba adelantando dicha Sala en su contra. No obstante, el 8 de mayo de 2018, la referida Sala respondió adjuntando una relación de 32 procesos, pero ocultando el proceso número 33, que correspondía al radicado 52.240. Todos estos procesos están en etapa preliminar, por lo cual no resulta cierta su afirmación al decir que se encontraba reservado y que por eso no se dio la información".

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La Corte abrió la investigación el 24 de julio de 2018 y el presidente fue citado a indagatoria el 8 de octubre de 2019, luego de un extenso debate judicial entre su defensa y la Corte Suprema de Justicia. En su momento, los abogados del exmandatario, al oponerse a la apertura de esa investigación, la cuestionaron duramente. Alegaron que la Corte mantuvo el expediente en reserva sin posibilidad de controvertirlo, que no recibió la versión libre de Uribe y que trajo interceptaciones provenientes de otro caso. Todo eso ocurrió mientras la alta corporación sufría un ajuste estructural. En efecto, empezó a funcionar la Sala de Instrucción y la Sala de Juzgamiento, que se ocupan de los procesos en primera instancia, mientras que la Sala Penal tradicional quedó como segunda instancia. Los defensores de Uribe también objetaron el proceso alegando que el llamado a indagatoria era improcedente porque la Sala Penal no tenía competencia. 

Sobre este último argumento, Mosquera señala en su carta que los magistrados José Luis Barceló Camacho, Luis Antonio Hernández Barbosa
y Fernando Alberto Castro Caballero realizaron actuaciones procesales cuando, para la defensa, en derecho esto le correspondía a la nueva sala de instrucción. El abogado reseña en el documento 11 hechos que sucedieron en el expediente, entre ellos la toma de varias pruebas. Mosquera asegura que solo cinco meses después, el 17 de octubre de 2018, dieron traslado a la nueva sala creada. 

Frente a eso, el director de Human Rights aseguró que "los abogados de Uribe dicen que debido al Acto Legislativo 1 de 2018 la Sala de Casación Penal no tenía competencia para iniciar el proceso contra Uribe en febrero de 2018 y la competencia correspondía a la Sala de Instrucción".

Las interceptaciones al expresidente Uribe también fueron mencionadas en la carta de Mosquera a Vivanco. El director de Human Rights Watch no hizo ninguna alusión en su documento, frente a esas escuchas. Pero la defensa de Uribe las recuerda siempre para poner de presente su argumento de que el expresidente no tuvo garantías.

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En su momento, la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, determinó que el trámite que tuvo el expediente fue totalmente legal. De otra parte, dejó en firme una serie de escuchas hechas al expresidente Uribe. La controversia allí radica en que la corte, en una investigación contra el representante Nilton Córdoba Manyoma, ordenó al CTI interceptar un número celular que resultó ser de Uribe. El entonces magistrado José Luis Barceló ordenó trasladar esa evidencia desde aquel expediente al de Uribe.

Mosquera cita una providencia del 10 de septiembre de 2018, en la que queda claro que "el expresidente Uribe no debía ser el destinatario de dicha interceptación de comunicaciones, pues la misma se dirigía contra el congresista Nilton Córdoba". También agrega el testimonio del analista del CTI, Óscar Álvarez, que ante la fiscalía aseguró que advirtió que esas escuchas se estaban realizando a otra persona, y sus superiores no le pidieron suspender la operación. 

En un tercer punto, Mosquera señala que al expresidente tampoco le permitieron aportar testigos en esta fase de la investigación. Asegura que la sala ha fundamentado el proceso y la detención del exmandatario en tres testimonios: Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez
Sarmiento, esposa de Monsalve, y Carlos López. Pero que la defensa había pedido muchos más y que no han sido llamados.

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"Estos testimonios resultaban de enorme importancia para la defensa, pues en más de 900 de las 1554 páginas que tiene la providencia que dispuso la detención preventiva del ex presidente Uribe, se hace referencia a los testimonios de Carlos López, Monsalve y Deyanira Gómez Sarmiento", agrega Mosquera. 

El abogado hace un listado de todos los testigos que pidieron y no han sido llamados. Algunos fueron agendados, pero no se realizaron como el de Mercedes Arroyave, Juan Carlos "el Tuso" Sierra y Salvatore Mancuso. Otros fueron decretados, pero están pendientes como la ampliación del testimonio de Juan Guillermo Monsalve y su esposa Deyanira López, o la toma de versión de Juan Guillermo Villegas y Carlos Eduardo López. Y otros que no han sido tenidos en cuenta como Roque Arismendy Juan Manuel Aguilar, Ricardo Williamson, José Miguel Gil, Nicolás Jurado y Luis Alipio Rodríguez.

La defensa del expresidente también pide "una inspección judicial a la investigación penal y disciplinaria que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra de ÓSCAR ÁLVAREZ MUÑOZ, técnico investigador del CTI, en atención a la interceptación telefónica realizada al abonado celular del ex presidente Uribe".

Por último, el abogado de Uribe se refiere a la supuesta destrucción de pruebas del congresista Iván Cepeda. Según Mosquera, el congresista "habría destruido pruebas fundamentales para el proceso". Mosquera se basa en una audiencia en la que él participó como abogado en la cual le preguntó al senador: “¿Usted destruyó el chat entre Monsalve y Usted?”. El parlamentario se negó a responder, luego de que el magistrado instructor del caso le advirtiera que cualquier cosa que dijera podría incriminarlo penalmente. 

En entrevista con María Isabel Rueda, el senador Iván Cepeda se refirió a ese episodio. "Los chats fueron entregados a la Corte. Comencé a recibir mensajes de Monsalve diciéndome que lo estaban buscando tanto un señor que se hace llamar ‘Caliche’, como también un emisario del senador Uribe, el señor Diego Cadena. Con esos elementos que entregué a la Corte, se inició la investigación", dijo.

Según Mosquera "el congresista Iván Cepeda únicamente ha aportado unos pantallazos y audios que posiblemente pudieron ser manipulados o editados, destruyendo prueba o indicios que pudieran comprometer su responsabilidad penal".

El director de Human Rights, José Miguel Vivanco, publicó este lunes un hilo en el cual también respondía a las afirmaciones de los abogados de Uribe.