La encrucijada de Uribe

Todo empezó cuando un paramilitar llamado Juan Guillermo Monsalve acusó a tres grupos de hermanos ganaderos de fundar el bloque Metro de las autodefensas, al cual él perteneció. Los identificó como los hermanos Santiago Gallón Henao y Pedro Gallón Henao; Luis Alberto Villegas y Juan Guillermo Villegas; y Álvaro y Santiago Uribe Vélez. Los Gallón fueron los autores intelectuales del asesinato del futbolista de la Selección Colombia Andrés Escobar y uno de ellos está en la cárcel. Los Villegas han estado envueltos en líos judiciales de narcotráfico y paramilitarismo. Por su parte, Santiago Uribe afronta un juicio por presuntos nexos con los paras y su hermano el expresidente acaba de ser llamado a indagatoria.

La indagatoria de Uribe no tiene relación con acusaciones de paramilitarismo. Sobre este tema hay desde hace años investigaciones en curso en la Corte Suprema, pero sin resultados. Su actual llamado a la Justicia tiene que ver con episodios de manipulación de testigos.

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Monsalve, el exmiembro del bloque Metro que inició todo este revuelo, es hijo del administrador de la finca Guacharacas de la familia Uribe Vélez. Antes de volverse paramilitar, trabajó al lado de su padre y, según su testimonio, en esa propiedad nació y se entrenó esa estructura de las autodefensas.

Monsalve, luego de ser capturado y procesado por paramilitarismo, declaró sobre los hermanos Gallón, Villegas y Uribe y el bloque Metro ante la seccional de la Fiscalía en Medellín. Ese relato pasó sin pena ni gloria hasta que años después lo descubrió Iván Cepeda. El congresista del Polo sostiene que tuvo acceso a ese testimonio por su trabajo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, por la cual recorrió todas las cárceles del país para establecer el estado de hacinamiento y documentó 271 testimonios de internos que recopiló a lo largo de dos años.

Lo que sucedió de ahí en adelante es bien conocido. Cepeda se entusiasmó con el descubrimiento de Monsalve y lo volvió una cruzada personal. Lo visitó 21 veces y le ofreció el apoyo de algunas ONG y seguridad personal si ratificaba su denuncia para que el país la conociera. El paramilitar preso aceptó y Cepeda hizo un debate en el que proyectó un video con su testimonio. Ante esto el expresidente Uribe lo denunció por manipulación de testigos y aportó sus propios testigos que aseguraron desde la cárcel que el congresista del Polo trató de manipularlos y que les había ofrecido prebendas y hasta 100 millones de pesos a cambio de que vincularan a Uribe con el paramilitarismo.

Pero la gran sorpresa vino cuatro años después, cuando la Corte Suprema decidió archivar el proceso de Cepeda y, por el contrario, abrir investigación preliminar contra Uribe precisamente por manipulación de testigos. La corte concluyó que el testimonio de Monsalve era real y el de los testigos de Uribe libreteado. El exmandatario pasó de denunciante a investigado.

Como parte de la investigación la corte ordenó interceptar el teléfono de Juan Guillermo Villegas, uno de los hermanos acusados por Monsalve. De ese modo llegó a grabar conversaciones del controvertido ganadero con el expresidente Uribe e inclusive a hacerles un seguimiento físico para registrar que se habían reunido en una frutería de Medellín. Uribe, enterado de esas interceptaciones, se indignó y las denunció en su cuenta de Twitter. Las conversaciones grabadas se hicieron públicas en los medios, pero son confusas y no dan pie para ninguna conclusión definitiva.

En una decisión sin precedentes la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Uribe. La pregunta ahora es si el máximo tribunal tendrá que trasladar el proceso a la Fiscalía si Uribe concreta la renuncia a su curul. 

En esa investigación la corte determinó que el día en que el papá de Monsalve, el exmayordomo de Guacharacas, se presentó para declarar ante la Corte Suprema contra su propio hijo y a favor del expresidente recibió en solo 20 minutos 10 llamadas de Villegas, el otro acusado. Misteriosamente todas esas charlas desaparecieron del laboratorio de interceptaciones de la Fiscalía General. Sin embargo, aunque se esfumó el contenido, en el sistema quedó la huella del número, precisamente el de Villegas. Hasta donde se sabe, ese es el único caso de desaparición de evidencia en los sofisticados y herméticos softwares de interceptación que operan en ese recinto.

Todo lo anterior suena misterioso y muy complicado, pero no llega a ser suficiente para construir un caso sólido contra los implicados. Las conversaciones interceptadas que se conocen son ambiguas y el contenido de las desaparecidas nunca se sabrá. Muchos de los hechos arriba mencionados eran de conocimiento público y ahora muchos los asocian con el llamado a indagatoria al expresidente Uribe. Pero no es así. En realidad la corte lo vinculó formalmente a un proceso por lo que sucedió después. Un nuevo capítulo que comenzó el 16 de febrero pasado y del cual hasta ahora se sabe poco.

Hay un complot

El nuevo episodio del que se desprende el llamado a indagatoria tiene que ver con soborno y fraude procesal. Ese día empezó a correr la cuenta regresiva para que el exmandatario y su defensor titular, Jaime Granados, presentaran el recurso de reposición contra la providencia judicial adversa que le dio la razón a Cepeda y ordenó abrirle investigación a Uribe. Una semana después el expresidente, en las escalinatas del Palacio de Justicia y con micrófono en mano, lanzó una perorata contra los magistrados de la corte, y anunció que aportaría nuevos testimonios con los que se podría probar que Cepeda era el cerebro de un complot en su contra.

El expresidente sostuvo que el fallo de la corte confirmó que Cepeda sí visitó las cárceles, sí habló de él con los presos y que a algunos “les pagó”, asociando el apoyo financiero de algunas ONG para proteger a Monsalve y su familia con el soborno por su testimonio. Uribe lamentó que la corte no considerara todo eso ilegal. “Lo que asegura la corte es que ese pago se hizo por razones humanitarias. ¿Qué tal que apareciera que yo le pago a algún testigo?”, cuestionó Uribe.

Granados radicó la reposición de 125 páginas y antes de irse dijo: “Esperamos que la corte pueda leer serenamente nuestros argumentos y que corrija el camino”. Finalmente Uribe convocó a sus seguidores para que le ayudaran a recaudar más testimonios contra el senador del Polo, y anticipó que próximamente haría llegar a la Corte Suprema nuevas evidencias. Así fue, y precisamente esas nuevas evidencias lo tienen hoy en mayores apuros.

En esta segunda etapa el reconocido penalista Granados ha pasado a un papel menor y otro abogado ha asumido el protagonismo: Diego Javier Cadena Ramírez. Aunque es poco conocido a nivel nacional, ha defendido a personajes como Don Diego, el capo del norte del Valle, quien llegó a estar en la lista de los diez más buscados por el FBI, y a Diego Pérez Henao, el fundador de los Rastrojos. Cadena logró cierta ascendencia en el uribismo luego de que trajo al país la historia de que un grupo de narcos supuestamente habrían hecho una ‘vaca’ de 12 millones de dólares para pagar los servicios del polémico JJ Rendón para que asesorara la campaña de Juan Manuel Santos en 2010. Uribe ha denunciado e insistido sobre este tema una y otra vez.

Sin embargo, Diego Cadena terminó por complicar la situación judicial de Álvaro Uribe. La Corte Suprema en el auto de llamado a indagatoria se refiere a él en los siguientes términos: “En la actualidad, el senador Uribe Vélez continúa utilizando los servicios del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, quien, con la colaboración de otras personas, ha contactado en diferentes cárceles –y por fuera de ellas– a exmiembros de grupos paramilitares para que –a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero– elaboren escritos y videos a favor de Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago”.

En otras palabras, Uribe ha sido acusado dos veces por manipulación de testigos. La primera por supuestamente intentar revertir los señalamientos de Cepeda, pleito que perdió en la corte y le costó la apertura de una investigación. El expresidente rechazó este fallo y anunció que aportaría nuevos testimonios. Estos últimos, manejados por el abogado Cadena, produjeron el llamado a indagatoria por supuesto soborno y fraude procesal.

La Corte Suprema tiene decenas de horas de interceptaciones en las que Cadena habla en el último semestre sobre su misión de obtener testigos favorables a Uribe que incriminen a Iván Cepeda. Los resultados de ese trabajo, “videos y escritos supuestamente realizados de manera voluntaria” por testigos a favor del expresidente, han sido presentados a la corte para integrarlos al expediente.

La actuación de Cadena ha sido clave en dos episodios: el primero relacionado con el testigo Monsalve, recluido en La Picota, y el segundo con la también detenida exfiscal Hilda Jeaneth Niño.

El reloj espía

El abogado Cadena se reunió varias veces con Monsalve en la cárcel para pedirle que cambiara su testimonio. El testigo Monsalve registró uno de esos encuentros con un reloj que grababa voz y video. En la secuencia se ve a Cadena pidiéndole al testigo retractarse y acusar a Cepeda. Le propone redactar un documento en el cual cambie su versión, para presentarla al día siguiente en el recurso de reposición a nombre del expresidente Uribe ante la Corte Suprema. Mientras eso sucedía, en la mesa de al lado estaba Jaime Lombana, también abogado de Uribe, dialogando con el detenido Enrique Pardo Hasche sobre un asunto que no tenía nada que ver ni con Cadena ni con Monsalve.

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Pardo Hasche es vecino de celda de Monsalve y le insinuó a Lombana que pasara a la otra mesa a hablar con este y con Cadena. El abogado rechazó categóricamente esa sugerencia.

Al día siguiente de ese encuentro en la cárcel, Cadena hizo otro intento por obtener un cambio de testimonio de Monsalve por medio de la esposa de este. La citó en una cafetería en el centro de Bogotá y le planteó el tema. Pero el abogado no sabía que la señora llevaba bajo la ropa micrófonos ocultos y que se trataba de un operativo planeado por la Corte Suprema de Justicia para grabar esa reunión.

De esas reuniones con espionaje salieron dos interpretaciones. La de la corte, según la cual queda claro que el abogado de Álvaro Uribe presionó a Monsalve para que cambiara su testimonio. Y la de Jaime Lombana, quien considera que hay un plan urdido por los enemigos de Uribe para organizar celadas con diferentes personas que se reúnan con Monsalve. El propósito de esa supuesta trampa es grabar con el reloj de este conversaciones que den la impresión de que amigos del expresidente presionan al testigo para cambiar su versión. Para él, la propuesta que rechazó de reunirse con Monsalve probaría esta conspiración.

Sobre el reloj grabadora ha habido todo tipo de especulaciones. Uribe y Lombana afirmaron que era un dispositivo de los servicios de inteligencia británica, que estarían trabajando con el presidente Santos para incriminar a Uribe. Al otro día se reveló que al menos 14 páginas de internet ofrecen enviar ese mismo artefacto a domicilio por alrededor de 100.000 pesos.

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El otro capítulo del abogado Cadena que la corte considera presión a testigos tiene que ver con la exfiscal Hilda Jeaneth Niño, detenida en el Buen Pastor acusada de recibir sobornos de los narcos. Según la corte “siguiendo instrucciones del doctor Álvaro Uribe” Cadena la contactó en la cárcel para pedirle declarar que el proceso contra Santiago Uribe no era más que una retorcida confabulación encabezada por el exfiscal Eduardo Montealegre. Le habría ofrecido sacarla del Buen Pastor y ponerla en mejores condiciones de reclusión, lo que efectivamente consiguió. La corte tiene interceptaciones telefónicas que demostrarían eso. La exfiscal Niño rechaza esta versión y aclara que su cambio de reclusión obedeció a que ganó una tutela.

Lo anterior es lo que se sabe públicamente hasta ahora. Es una historia que deja un mal sabor, con personajes sórdidos, testimonios de hampones y presiones extrañas. Pero a primera vista no da para una medida tan extrema como acusar de soborno y fraude procesal a un expresidente. Eso hace pensar que el acervo probatorio de la Corte Suprema, que aún no se conoce, basado en más de 100 horas de interceptaciones, debe tener evidencias mucho más comprometedoras. Lo contrario no solo sería muy grave para la credibilidad de la Justicia de Colombia, sino además un escándalo de dimensión internacional.

Hasta ahora hay algunas cosas sobre las que no hay discusión. Está demostrado que el abogado de Uribe trató de cambiar la versión de Monsalve y aportó al proceso nuevos testimonios a favor del exmandatario. Para que se haya producido el llamado a indagatoria hay que presumir que la corte consideró non sanctas esas evidencias.

Por su parte, Uribe y su gente afirman que se trata de un montaje con testimonios inducidos y falsos contra él. El truco consistiría en buscar personas cercanas al exmandatario e informarles que Monsalve tendría la intención de retractarse. Pero el verdadero propósito sería grabar a esas personas en conversaciones con el testigo para aparentar manipulación o soborno. Detrás de todo esto Uribe tiene un argumento de fondo: que Monsalve se retracte no significa que mienta, sino que decidió decir la verdad.

Tan pronto le informaron del llamado a indagatoria el expresidente anunció su renuncia al Senado alegando estar moralmente impedido. Sus críticos lo interpretaron como un ardid para desprenderse de su fuero de congresista y así salir de la órbita de la Corte Suprema para a cambio quedar en manos de la Fiscalía y de un juez de Paloquemao. Uribe rechazó esta acusación y aclaró que por tratarse de hechos cometidos cuando era senador su renuncia no implica un cambio de juez. Al cierre de esta edición no había oficializado la renuncia, y de llegar a concretarla, la propia Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en materia de competencia sobre el proceso.