NACIÓN

Mocoa: Cuando el agua se rebela

El ambientalista Carlos Lozano Acosta pide que la preocupación por Mocoa se traduzca en un revolcón de las Corporaciones Autónomas Regionales y en un llamado al gobierno para trabajar en la gobernanza del agua.

4 de abril de 2017
| Foto: Carlos Julio Martínez

En el encuentro de la Corte Constitucional en Ibagué en 2014, que tuvo por tema la protección del ambiente, el profesor Gustavo Wilches Chaux habló del “derecho al libre desarrollo de la personalidad del río”, para referirse a la “memoria” que tienen los cauces. Lo que pasó en Mocoa es exactamente eso: cuerpos de agua que recuperan tenazmente el espacio que, sin mayor planeación, les ha sido tomado.

De acuerdo con el Ideam, Colombia tiene seis veces más agua que el promedio mundial y tres veces más que América Latina. Sin embargo, esta se distribuye de forma muy desigual por el país, por lo que también aumentan las posibilidades de sequías y por supuesto de inundaciones y avalanchas.

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Tanto la escasez como el exceso de agua golpean con fuerza los asentamientos humanos, en particular, los de comunidades vulnerables. Pero las tragedias como la de Putumayo no son del todo inesperadas. Antes bien, son la punta del iceberg en un largo proceso de decisiones que toman distintos actores y que, literalmente, pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Detrás del súbito crecimiento de los ríos, pueden estar años de determinaciones aplazadas, mala gestión de cuencas, debilidad de las instituciones y falta de coordinación entre quienes tienen en sus manos moldear un pacto de convivencia con las aguas.

Según la Universidad Nacional de Colombia, desastres como el de Mocoa se podrían replicar en otros 385 municipios –casi la tercera parte de los que tiene el país-. Con frecuencia, se ubican en abanicos aluviales, una expresión técnica para referirse al área donde se extienden los cauces cuando el agua entra a una zona más plana y pierde velocidad. El riesgo es inminente.

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En las últimas décadas ha surgido un enfoque -no exento de polémica- que se propone encarar los retos de los recursos hídricos: gobernanza del agua. Básicamente consiste en un modelo que, partiendo de la importancia, complejidad y finitud de ese recurso, lo gestione de manera participativa, informada y en últimas, democrática. Un aspecto clave es que debe involucrar no solo al Estado sino también a la sociedad civil, con toda su diversidad. Es un engranaje entre lo técnico y lo político, adaptado al contexto de cada país o región.

La gobernanza es importante no solo para prevenir desastres, sino también para proteger los ecosistemas, ordenar los territorios y asegurar el suministro para el consumo humano y las actividades económicas. En muchos sentidos, el hilo conductor de todos estos procesos es el agua.

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En esa gobernanza juegan un papel fundamental, además del gobierno nacional, las corporaciones autónomas regionales y los gobiernos locales. La razón es que, mientras por un lado las primeras protegen los recursos naturales, los segundos tienen funciones sobre el uso del suelo, y según el Ideam, estos son indispensables para el ciclo del agua y para la resiliencia frente a sequías e inundaciones, a pesar de que el 40 % de ellos en Colombia presentan algún nivel de erosión. Esto sin mencionar que la gestión separada del suelo y del subsuelo obedece a razones jurídicas y económicas, pero es artificial desde el punto de vista ecosistémico. La gobernanza del agua debería convocar a una adecuada articulación entre todas esas instancias. La gestión del riesgo es, antes que nada, política ambiental.

En muchas culturas, desde los aztecas hasta los zenúes, se ha comprendido la importancia de ordenar el territorio en torno al agua. Para ello, más que domarla con ingeniería, se necesita entenderla: cuál es su dinámica, por dónde transcurre, cómo nos puede impactar y cuáles son los límites de lo que puede soportar. Y por supuesto, tomar decisiones coherentes con ese conocimiento. El agua es una fuerza viva, no solo en los ecosistemas, sino también en las sociedades.

*Miembro de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente