Los temores del testigo estrella en el caso de Aída Merlano

La “nauseabunda” compra y venta de votos en Barranquilla, denunciada así por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se sustenta en parte por el testimonio de Francisco Palencia Borrero, quien declaró ante la Corte Suprema de Justicia cómo operaba el entramado de compra y venta de votos organizado por el grupo político de la electa senadora Aída Merlano.

El pasado 11 de marzo, tras la jornada electoral para escoger al nuevo Congreso de la República, agentes de la Sijín allanaron la sede de campaña de la entonces representante a la Cámara y aspirante al senado por el partido Conservador. Logró una votación cercana a los 73.250 votos, lo que le alcanzaba para asegurar una curul en la cámara alta.

Las pruebas recogidas por los investigadores en la ‘casa blanca’ –una gran casa en El Golf, un elegante barrio en el norte de la ciudad- incluían al menos 260 millones de pesos en efectivo y varias armas de fuego, algunas sin salvoconducto.

Así mismo hallaron cajas con los registros de los sufragios comprados y un sofisticado sistema digital para llevar el control de las voluntades presuntamente amañadas y los respectivos pagos que incluían ‘subsidio de transporte’. Así, el costo de cada voto rondaría los 50.000 pesos.

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Las amenazas

Palencia, considerado el testigo estrella en el proceso, entregó su testimonio el pasado 16 de abril al magistrado Francisco Acuña, de la Sala Penal. Su versión es clave para la corte porque permite desentrañar cómo funcionaba esta supuesta empresa electoral ilegal.

Su declaración involucró, entre otros, a Lilibeth Llinás, fórmula de Merlano a la Cámara de Representantes, los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Ballén, los concejales de Barranquilla Aissar Castro y Juan Carlos Zamora, así como los excabildantes Aissar Castro (padre) y Vicente Támara. Ellos fueron llamados a imputación de cargos el 30 de julio.

En diálogo con SEMANA, Palencia dijo que ante la corte detalló “paso por paso cómo fue el intríngulis de todo esto, cómo fue que se movió todo”. Por lo critico de su testimonio, fue incluido por la Fiscalía en el Programa de Protección a Testigos.

Sin embargo, el 4 de julio del 2018 decidió abandonarlo luego de que el organismo le negara el subsidio para la educación para su hijo menor de 5 años (después de esa edad sí lo otorga) y porque fue inscrito a un servicio de salud deficiente, según dijo esta revista.

El declarante, antes de volver a su vivienda, estableció que “personas extrañas” habían estado indagando por él y su familia a sus vecinos. Ya en casa, su esposa notó seguimientos de hombres en motocicleta, sobretodo cuando llevaba a su hijo al colegio.

“Un amigo mío que tiene familia en un sector con presencia de bandas criminales me advirtió la presencia de ‘gente dura’ que andaba preguntando mucho por mí y que yo ya estaba ‘pago’. Incluso le advirtieron que la muerte de mi hijo sería lo que más me dolería”, afirmó.

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Quiso retractarse

Ante la situación de inseguridad, el testigo afirma que intentó desdecirse. “Si a mí me toca retractarme de lo dicho para salvar mi vida y, sobre todo, la de mi hijo, voy concejo y a la asamblea para hablar con esos concejales y esos diputados que tienen su imputación el día 30 (de julio)”.

En efecto, estuvo en esos sitios este martes, tal y como lo registra un portal barranquillero bajo el título “Testigo clave del caso Aida Merlano ‘merodea’ el recinto del Concejo y la Asamblea del Atlántico”. 

Dicho portal asegura, además, que Palencia tiene en su haber seis denuncias por estafa ante la Fiscalía entre 2006 y 2016 “en las cuales aparece como presunta víctima una empresa importadora de vehículos residenciada en Barranquilla”. Cuatro de esos procesos aparecerían aún como vigentes y en etapa de indagación.

En su defensa, Palencia se declara inocente de dichas acusaciones, que siente como ataques, y manifiesta desconocerlas puesto que asegura no haber sido notificado.

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Acusaciones

Ya en el recinto del Concejo, el testigo logró brevemente ponerse en contacto con el cabildante Aissar Castro y le envió un papel en donde le pide ponerse en contacto con él y le dejó un número telefónico. El funcionario se limitó a señalarle que no hablaría con él y que debía dirigirse a su abogado.

En declaraciones a medios locales, Assar Castro (padre, también llamado a imputación) manifiesta que Palencia lo que buscaba era “negociar su silencio”. Afirmó también que ni él ni su familia son delincuentes y que no atentarán contra nadie. SEMANA intentó buscar su testimonio y el de otros de los implicados, pero no respondieron a los llamados.

“Yo lo que buscaba era ponerle el cascabel al gato, encararlos. Era yo de carne y hueso, no envié a un abogado ni a un tercero”, dice por su parte Palencia, que ya ha responsabilizado a varios de los posibles imputados de cualquier cosa que pueda sucederle a él o a los suyos.

Ante la pregunta de si insistirá en su retractación, el testigo lo niega y dice que mantendrá su versión de los hechos entregada a la Corte Suprema. “Yo no pensé en retractarme porque faltara a la verdad. Lo hice por temor”, aseveró. Agrega que su abogado prepara aun escrito para ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de que “este caso se conozca internacionalmente”.

Por lo pronto, lo dicho por el antiguo coordinador de la campaña de Merlano al Senado ha causado que se dictara la medida de prisión preventiva de la parlamentaria y que fuera recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

Corrupción al sufragante, concierto para delinquir, porte de armas, y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula son los cuatro cargos por los que el alto tribunal investiga a la parlamentaria, que aún busca afanosamente la manera de lograr su excarcelación antes de que se cumpla este primero de agosto el plazo para posesionarse y que su curul se pierda para siempre.