Bogotá: el riesgo palpable para los excombatientes

Claudia* llegó de 14 años al monte y salió de 32, cuando se firmó el Acuerdo de Paz de La Habana. Las amenazas han sido la regla en su vida y ni siquiera dejar las armas le devolvió la tranquilidad. En octubre de 2017, después del lanzamiento del partido Farc, recibió la primera advertencia. Se encontraba en un paradero de bus en Ciudad Bolívar, en Bogotá, cuando un hombre empezó a gritar: “Guerrillera, no crea que se van a salvar, los tenemos ubicados, los vamos a matar a todos”. Lo dijo a plena luz del día, y otra señora que se sintió aludida y ofendida se enganchó a discutir. Claudia aprovechó la algarabía y se escabulló. “Ahí la única guerrillera era yo, ¿a quién más le iban a decir?”.

De Ciudad Bolívar huyeron rápidamente hacia otra zona, donde lograron estar tranquilos un buen tiempo. En Bogotá los peligros para los excombatientes están sobre todo en tres localidades: Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, en toda la medialuna sur. De hecho, fue en Kennedy donde asesinaron el pasado seis de marzo a Astrid Conde cuando caminaba cerca de su casa y fue abordada por dos hombres en una moto, le dispararon a quemarropa. Es el segundo asesinato de un excombatiente en la capital y el número 198 en la lista de asesinatos después de la firma del Acuerdo, que ya alcanzó las 224 víctimas.

Justamente a lo que Claudia le teme es a engrosar la lista de asesinados. En su caso, un atentado podría resultar más trágico, su pareja también es un excombatiente y su hijo es uno de los llamados ‘niños de la paz’, porque nació después de la firma del Acuerdo. La amenaza más reciente la recibió al inicio de la cuarentena, en abril, se encontraba en su apartamento, en un barrio de Bogotá. La llamaron al celular para decirle que bajara a recibir un domicilio que su pareja le había enviado. Ella no accedió, desconfió por el “tono”, y porque su compañero, que también anda con cautela, nunca le envía nada sin avisarle. “¿Pero entonces qué, si va a bajar?”, le decían. Estaban al frente del conjunto y para dejarlo muy claro le leyeron la nomenclatura y los avisos pegados en la entrada. Claudia colgó el teléfono, era un “número privado”, lo que no permite ver el remitente.

Después de ese episodio ha recibido más llamadas amenazantes de “números privados” o minuteros, preguntan por su nombre de pila o por su nombre de guerra, su alias. Ella cuelga. Así que además de cuidarse del virus, Claudia y su familia deben hacerlo de quienes merodean por su casa. Al ver que ya la tenían ubicada, Claudia decidió denunciar en la Fiscalía, a finales de abril. “No han dado respuesta de nada y el último correo de la UNP (Unidad Nacional de Protección) es que están cortos de personal, que están analizando los casos de riesgo, que la plataforma de trabajadores de la UNP no se ha cubierto con todos los empleados que debe tener, entonces que eso también dificulta y atrasa que se investiguen nuestros casos”, dice Claudia.

Según la Fiscalía tienen reporte de 248 afectaciones en contra de los excombatientes, entre homicidios, tentativa de homicidio y desaparición forzada, de las cuales 116, es decir el 46,77 por ciento, "registran avances investigativos que corresponden a 29 sentencias, 21 personas en juicio, 19 en investigación y 45 con orden de captura a corte 8 de julio de 2020". Sin embargo, con respecto a la cantidad de amenazas específicamente prefirieron no referirse.

Sentir que denunció “en vano” ante la Fiscalía representa para Claudia una derrota, porque al tomar la decisión de acudir a la institucionalidad puso en riesgo al resto de su familia, que vive en la ruralidad. Su historia es, como la de muchos otros, un círculo vicioso de violencia, en 1998 decidió unirse a las Farc porque su familia ha sido perseguida por los paramilitares, según cuenta. En ese momento, su familia quedó en la mira, por 14 años fueron amenazados, hasta que en un punto desistieron, tal vez porque la dieron por muerta en medio del conflicto. Pero con la dejación de armas tuvieron noticias de ella, y volvieron los armados a la casa de su mamá a amenazarla. “Les estaban dizque pagando guardia en la casa porque supuestamente yo iba a llegar allá y me iban a matar. Entonces no he podido regresar a mi pueblo ni nada. Nadie en mi casa sabe dónde vivo. Pero al fin se enteraron y llegaron las amenazas”, cuenta Claudia.

Las amenazas llegan a las bases y también a los dirigentes, el senador Antonio Lozada cuenta que en Bogotá recibió información de que un miembro de la UNP quería atentar en su contra, acudió a la Fiscalía, denunció sin éxito. La persona fue desvinculada de la UNP y, según cuenta Lozada, solo en ese momento la Fiscalía “lo llamó a preguntarle si era verdad que quería atentar contra mí, pusieron en riesgo a mi fuente y no abrieron ninguna investigación”. Ese fue el quiebre, desde ese momento no cree que los casos avancen.

“Estuve haciendo un seguimiento permanente sobre el adelanto de esas investigaciones de los asesinatos con la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía hasta que me convencí que al interior de esa unidad no hay decisión de avanzar en profundidad ni tampoco hay tampoco voluntad, como hubo en un principio”, dijo Lozada a SEMANA.

La gran preocupación de los excombatientes es que sienten que no tienen garantías ni en las grandes ciudades ni en los ETCR. Aunque el mayor baño de sangre se ha dado en la ruralidad, en las ciudades capitales también se cuentan casos: Cali es la capital que más tiene con 5 asesinados, seguida de Bogotá, Medellín, Cúcuta y Quibdó que tienen cada una dos casos, mientras que Villavicencio, Neiva y Barranquilla tienen un caso. El año más sangriento en las ciudades fue el 2019 con 11 casos. En Bogotá, por ejemplo, Jhon León, asesor del partido Farc y miembro de la Corporación Solidaridad Jurídica, cuenta que los procesos “avanzan muy lento” en los casos de asesinatos y más aún en amenazas. Según el reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU se han dictado 29 condenas por asesinatos y otros 20 casos se encuentran en etapa de juicio. León es el abogado defensor en el asesinato de Astrid Conde, hay un capturado y está pendiente la audiencia de preacuerdo. “La persona que fue capturada en el momento de los hechos aceptó los cargos, está inicialmente llamado a una pena de 32 años por homicidio agravado y homicidio en grave tentativa y porte ilegal. Se está en la averiguación de los otros responsables”, asegura.

El caso de Astrid, quien fue hasta los años noventa pareja del jefe de las disidencias Gentil Duarte, muestra varias aristas del problema en las ciudades. Ella acababa de salir de la cárcel El Buen Pastor, donde pagaba pena por su participación en la Toma de Miraflores perpetrada en 1998 contra la base antinarcóticos de Guaviare. Tras la firma del acuerdo, fue cobijada por la ley de amnistía e indulto. Lo grave, es que de los pocos patrones que permiten ver los asesinatos, es que al menos un 40 por ciento corresponden a excombatientes que estaban privados de la libertad. “No alcanzaron a llegar a los ETCR ni a ver a sus familias, los mataron”, dice el senador Lozada.

Según la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía el 36 por ciento de las víctimas en proceso de reincorporación (91) coincide con el lisado de las personas privadas de la libertad de las antiguas Farc, y estos hechos han ocurrido en 18 departamentos del país, no solo en Nariño, Cauca y Valle del Cauca donde hacia presencia el Bloque Occidental “Alfonso Cano” de las Farc-EP. Aunque es un fenómeno que se da a lo largo y ancho del territorio, las cifras dan cuenta que en el Cauca es donde más se han dado este tipo de afectaciones (15 por ciento), seguido de Antioquia y Putumayo, con un 10 por ciento cada uno.

Bogotá como refugio

Vivir en Bogotá ha blindado y expuesto a Claudia al mismo tiempo. Es artista y suele decir en los eventos abiertamente que es exguerrillera, por eso, cree que las amenazas que le llegan están directamente relacionadas a su actividad política. Como ella, hay 813 excombatientes en Bogotá, que al llegar se deben registrar en la Agencia Nacional de Reincorporación.

Llegan a la capital en busca de empleo, tratamientos de salud y mayor seguridad. “Tenemos un fenómeno de desplazamiento bastante fuerte. En el último año han llegado muchas personas que han huido de la violencia, tenemos esposas de los compañeros asesinados, familiares amenazados, familias enteras que han tenido que migrar hacia las ciudades en busca de refugio”, cuenta Manuela Marín de la agencia de excombatientes de la Farc.

Las familias que se refugian en Bogotá tienen miedo, no quieren denunciar ni siquiera hablar de su experiencia, ser visibles podría significar un riesgo. Ocurrió que un día después de una reunión con instituciones del Estado y organismos internacionales expusieron el caso de un excombatiente amenazado con nombre propio, minutos después recibió llamadas intimidatorias. “No confiamos en nadie”, dijo un excombatiente.

Este año, un excombatiente fue amenazado en el Huila, así que huyó para Bogotá, encontró una casa en Soacha, y cuando pensó que estaba a salvo, cuando recibió un atentado. “Muy pocas personas sabían dónde se encontraba, el partido lo tuvo que reubicar”, aseguró Diego Mendez, miembro de la Farc.

"De la mano de la ANR hemos hecho un seguimiento de los casos que se han presentado en Bogotá tanto de asesinato como de amenazas, un seguimiento en conjunto con la Secretaría de Seguridad, de Gobierno, de los casos que se encuentran en materia de investigación. Esta es una decisión política que ha tomado el Distrito, en cabeza de la alta consejería estamos trabajando en la construcción de una ruta de atención para prevención y protección de situaciones de riesgo a los excombatientes en Bogotá, conjuntamente con la Misión de Verificación de Naciones Unidas", aseguró a SEMANA Vladimir Rodríguez, alto consejero para los derechos de las víctimas y la paz y la reconciliación en Bogotá.

Los panfletos

El pasado 4 de febrero varios miembros del partido Farc y líderes sindicales recibieron un panfleto firmado por las “Águilas Negras”. Llegó físicamente a la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y después fue difundido virtualmente. “No hay deuda que no se pague ni plazo que no se venza. La deuda que ustedes tienen con el país por ser un hijueputas guerrillero al servicio del castro chavismo desde los medios de comunicación y desde las universidades está llegando a su fin (SIC)”, se leía en el papel.

Hasta el momento dos excombatientes han sido asesinados en Bogotá: Astrid Conde y Jhon Mariano Ávila. Sin embargo, lo que temen los militantes del partido es que la violencia se recrudezca también en las urbes. “La mayoría de los asesinatos están ocurriendo en la ruralidad, pero sentimos gran preocupación que se va a llevar a las ciudades la masacre. No queremos que nos pase como a la Unión Patriótica. Queremos salirle al paso para prevenir, aunque sabemos que nada lo va a lograr en su totalidad”, advierte Manuela Marín.