Amenazas y sobornos a los testigos del caso Centros Poblados

Para soportar la medida de aseguramiento contra Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, el representante legal de Centros Poblados, y Juan José Laverde, vicepresidente de Rave corredora de seguros, la fiscal del caso advirtió varios eventos que a su consideración se convirtieron en un intento de soborno y amenaza en contra de quienes se convirtieron en testigos de este proceso: Juan Carlos Cáceres y Jorge Alfonso Molina.

En el caso de Molina, quien era el intermediario para obtener las garantías bancarias que presentó Centros Poblados en el proceso licitatorio, le reveló detalles a la Fiscalía de cómo fue la participación de Emilio Tapia en todo este escándalo y de qué manera le hicieron varios ofrecimientos para que asumiera la responsabilidad a cambio de millonario pagos y seguridad para su familia.

“El señor Juan José Laverde contactó a Jorge Molina, le manifestó que por favor se inculpara en el sentido de admitir que ellos lo contrataron de buena fe para la obtención de garantías y que él los había engañado, y a cambió pagarían el abogado que él escogiera o ellos le designaban uno pero le ayudarían con todos los gastos y que también le cubrían los gastos de su familia”, dijo la Fiscalía sobre el interrogatorio que rindió el señor Jorge Molina.

La fiscal explicó que Molina se negó al ofrecimiento de Juan José Laverde, quien era “muy amigo” de Emilio Tapia, además de ser el vicepresidente de Rave Corredora de Seguros. Insiste la Fiscalía que el testigo fue abordado por un abogado identificado como Daniel González quien se encargó de repetir el ofrecimiento con una advertencia adicional “detrás de esto hay gente muy poderosa”.

“Donde el señor Molina se negó a dicha propuesta y después le enviaron un abogado, Daniel González se quedaron de ver y se encontraron en el centro comercial El Tesoro en Medellín, donde el señor Daniel González, y así quedó en el interrogatorio, le manifestó y le hizo la misma propuesta que le hizo el señor Juan José: de que aceptara porque él sabía que detrás de todo esto había gente muy poderosa y que le recomendaba que para él era mejor aceptar esa propuesta”, leyó la fiscal en la audiencia.

Juan Carlos Cáceres, el otro testigo, aseguró que hombres armados ingresaron a su vivienda una vez manifestó que pensaba colaborar con la Fiscalía, lo amenazaron con matarlo a él y a su hijo si continuaba con esa idea de hablar con la justicia. Las amenazas quedaron sustentadas en una denuncia que radicó el testigo ante la misma Fiscalía.

“Donde hombres fuertemente armados ingresaron a su vivienda, lo amenazaron con matarlo y a su hijo, que tiene problemas cognoscitivos, de qué si él hablaba lo mataban él y a su hijo”, señaló la Fiscalía al explicar que ese evento de seguridad se convierte en otro argumento para pedir que Emilio Tapia y los otros capturados deben estar en una cárcel.

Por estas razones la fiscal anticorrupción le dijo al juez de garantías que los ahora capturados representan un peligro para el proceso y la comunidad, que deben estar en una cárcel ya que pudo probar que su actividad criminal se ejecutó y se extendió a pesar de estallar el escándalo por la falsedad de las garantías bancarias presentadas en el proceso de licitación con el MinTIC.

“Al estar estas personas privadas de la libertad el Estado garantiza la protección de los derechos ciudadanos y se considera igualmente necesaria porque así lo establece en el ordenamiento jurídico, pues sería la medida procedente de acuerdo con los delitos que fueron imputados”, dijo la fiscal.

La audiencia en la que se definirá si los tres capturados son enviados a la cárcel terminó este martes con algunos impasses entre los abogados y el juez, que se negaba a ofrecer un espacio de tiempo adecuado para estudiar el material probatorio presentado por la Fiscalía. Al final intervino la Procuraduría, que consideró prudente dos días para ese trabajo, por lo que el próximo viernes se volverán a reunir para escuchar los argumentos de la defensa.