AMNISTIA: UN NUEVO PROYECTO

Diecisiete meses después de que las cámaras legislativas se convulsionaron con el primer Proyecto de Ley de Amnistía de los últimos 30 años, y a 24 horas de instalado el nuevo período de sesiones parlamentarias oficialistas intentó, por segunda vez, la salida política para la subversión.
19 senadores pretenden lograr lo que los 10 miembros de la fallida Comisión de Paz no pudieron: que los alzados en armas las depongan y retornen a la vida legal, mediante un acuerdo reglamentado.
Pasado el fragor electoral y en medio de la tregua del levantamiento del estado de sitio, la iniciativa está en mejores condiciones para salir adelante.
Una ley parlamentaria, tres decretos gubernamentales, las recomendaciones de la Comisión de Paz y una evidente modificación de la posición guerrillera --que pasó del anuncio del saboteo electoral al respaldo del establecimiento--, en el lapso de año y medio, anteceden al proyecto liberal.
De aprobarse, los jueces que tengan a su cargo procesos deberán dictar, en el término de tres días, 1) libertad provisional para quienes estén vinculados a procesos por delitos de rebelión, sedición y asonada. 2) suspensión condicional de la pena para los sentenciados --y no detenidos-- por delitos atroces: extorsión, secuestro y homicidio fuera de combate.
Los guerrilleros que se acogieron tendrían plazo de un mes para presentarse, entregar las armas y suscribir un acta donde se comprometen a no trasladarse de su actual domicilio y, a presentarse semanalmente a las autoridades.
Los presos políticos se beneficiarían de la ley si sus dirigentes manifiestan públicamente acuerdo, y si juran que no volverán a ser subversivos.
El telón de fondo del nuevo proyecto resultó ser un extenso comunicado guerrillero, de nueve páginas, en el que el M-19 afirma que la próxima presidencia de Belisario Betancur es "un destello de esperanza".
En un abierto llamado a los parlamentarios, los interlocutores clandestinos del debate sobre la amnistía, pidieron respaldo al programa de gobierno belisarista a fin de "buscar salidas para una paz verdadera y concentrar el diálogo entre las fuerzas políticas que aspiramos a construir una democracia"
A juzgar por las afirmaciones del documento que está suscrito por el Comando Superior de la más activa organización guerrillera, su legalización está de nuevo sobre el tapete.