“Perdí un ojo, no la memoria”: exfiscal del caso Odebrecht

SEMANA: ¿Le quitaron el caso Odebrecht porque era incómoda o porque, como dijo el Fiscal general, no dio resultados? 

Amparo Cerón: He sido incómoda toda mi vida y ahora más. Para mí es inexplicable la decisión que tomó el fiscal general Francisco Barbosa. Él habló de cosas por fuera de la realidad. Lo primero, que el proceso que yo tenía estaba estancado, sin diferenciar que había más procesos en cabeza de otros fiscales. Los resultados del grupo que yo manejaba, el de delitos trasnacionales, son contundentes. Logré siete condenas, cuatro principios de oportunidad, un preacuerdo y teníamos audiencias de imputación y solicitud de medidas programadas hasta el mes de mayo. Esto último hace parte de uno de los reportes que le entregué al fiscal y que él me pidió que le dejara en un sobre sellado con su secretaria. 

SEMANA: Vayamos al comienzo de todo. ¿Cómo llegó al caso Odebrecht?
A.C.: Llegué el 22 de diciembre del 2016. Acababa de ser trasladada a la Unidad Nacional contra la Corrupción, la cual estaba a cargo del exfiscal Gustavo Moreno. Se me entrega un plea agreement, o sea, el preacuerdo que había suscrito la empresa Odebrecht con la justicia de Estados Unidos. 

SEMANA: ¿Por qué Moreno la pone en este caso? ¿Usted lo conocía? 
A.C.: No lo conocía. Yo llego a la Dirección Anticorrupción a principios de diciembre de 2016, cuando acababa de ser trasladada al tribunal de Bolívar. Había resultado en Bolívar por una orden de la entonces delegada ante el tribunal de Bogotá, pero esta fue revocada y me ubicaron en la dirección a cargo de Gustavo Moreno. Pensaría que ellos tuvieron la percepción que era una funcionaria regular y que no iba a hacer nada.

SEMANA: Qué tanta autonomía tuvo respecto a la coordinación de Gustavo Moreno, hoy extraditado
A.C.: Gustavo Moreno jamás me pidió un informe de esa investigación. Esa información se canalizaba directamente con el despacho de la señora vicefiscal María Paulina Riveros y del fiscal general.

SEMANA: ¿Se conocía con Néstor Humberto Martínez, cómo fue su relación con él?
A.C.: Lo conocí días antes de mi traslado a Anticorrupción, estuvo en las oficinas de los delegados ante tribunal. La relación era la de jefe-subalterna.

SEMANA: ¿Hasta cuándo tuvo el control único de ese proceso?
A.C.: El caso inició en enero del 2017 con la captura del exviceministro Gabriel García y el señor Otto Nicolás Bula. Estas dos personas querían acercamientos con la justicia para contar sus actividades de corrupción. A raíz de la información, a mediados del 2017 se creó un apoyo a mi grupo de delitos trasnacionales con una resolución que suscribió Gustavo Moreno, en la que destacó a dos fiscales más (Daniel Hernández y Álvaro Betancourt). Ellos iniciaron casi que un caso paralelo al de nosotros. Para sorpresa mía aparecen unas capturas de otros personajes dentro del mismo ámbito corrupto. En esos casos no tuve manejo alguno. Solo me enteraba por las distintas reuniones que se hacían con los otros dos fiscales que tuvieron otras líneas de investigación.

SEMANA: ¿Un caso de esta complejidad debía ser dividido?
A.C.: En mi experiencia de 32 años es inusual. Dentro de los casos de Ley 906 que he manejado es la única oportunidad en donde me tropiezo con un manejo así. 

SEMANA: ¿Qué era exactamente lo que tenía su grupo, y qué Daniel Hernández y Álvaro Betancourt?
A.C.: Desde el comienzo se estableció que mi grupo investigaba los 6,5 millones de dólares que se le pagaron a Gabriel García Morales y que el asunto de los 4,6 millones restantes, que eran supuestamente los de Otto Bula, pasaban a ser manejados por Daniel Hernández.

SEMANA: El rumor de la pérdida de unos celulares de Otto Bula dejó en evidencia las diferencias entre usted y Hernández. ¿Qué fue lo que ocurrió?
A.C.: A mi oficina en varias oportunidades llegaron fiscales delegados ante la corte que me solicitaron inspeccionar un teléfono celular de Otto Bula. Yo manejé el  celular que le fue incautado a Bula el día de la captura. Cuando los fiscales me dijeron que buscaban otro celular fue una gran sorpresa, no tenía ni idea, a estas alturas no conozco el contenido. Cuando hice seguimiento efectivamente el otro grupo de fiscales habían incorporado esa evidencia dentro del radicado que yo manejaba.

SEMANA: ¿Está tranquila con la forma en que terminó la negociación con Otto Bula?
A.C.: Yo llegué hasta la imputación e imposición de medida de aseguramiento, basada en datos que aportaba Antonio Martorelli a través del abogado Yesid  Arocha. Luego de ello, nos fue retirado el proceso para que lo adelantara Hernández. La historia se encargará de revelar qué pasó con el caso, cómo se manejó y por qué se decidió que el caso fuera asumido por otro fiscal.

SEMANA: El fiscal ad hoc Leonardo Espinosa asumió temporalmente los casos de Hernández y lanzó fuertes críticas por varias cosas, entre ellas, el manejo de las negociaciones con cuatro de los implicados...
A.C.: Con el fiscal ad hoc tuvimos una muy buena interlocución laboral e institucional. Los asuntos la Corte Suprema le asignó a Espinosa estaban relacionados a los impedimentos de Néstor Humberto Martínez. Seguramente, a esos se debió referir el fiscal Barbosa cuando dijo que se encontraban estancados o en la impunidad. El conocimiento de los detalles de cada unos de los procesos y de la gestión de cada uno de los despachos fiscales se hubiera podido entender sencillamente preguntando a quienes han estado empapados, haciendo las reuniones institucionales respectivas. Es un caso de connotación nacional e internacional que amerita ese nivel de interlocución. El fiscal debe tener comunicación con sus subalternos, como reiteradamente lo he señalado públicamente.

SEMANA: Pero estos casos –puntualmente las negociaciones Gabriel Dumar, Federico Gaviria, Gustavo Torres y Eduardo Zambrano– pasaron a sus manos recientemente... 
A.C.: Sí, cuando me reintegré de vacaciones el 13 de enero de este año el fiscal general encargado Fabio Espitia me había asignado algunos de los procesos del otro grupo de fiscales. Quiero dejar claro que tengo plena convicción de justicia. No me caso con los procesos, no me vuelvo su dueña. Así que recibo alrededor de seis procesos que nunca se quedaron quietos. Y ahora les estoy haciendo entrega de los mismos a los delegados ante la corte.

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SEMANA: ¿Usted validó esas negociaciones?
A.C.: El único principio de oportunidad que yo adelanté fue el de Eduardo Zambrano. De estos cuatro, el único que tramité fue ese.

SEMANA: Zambrano pone en duda las conclusiones de la Fiscalía frente a esos 4,6 millones de dólares, la forma en que fueron introducidos al país por parte de Odebrecht y cuál fue su destinatario final. ¿Usted qué opina?A.C.: Preferiría no referirme a ese punto porque el principio de oportunidad de Zambrano está en modalidad de suspensión (impone ser testigo de cargo y mientras no declare en juicio no se puede acreditar la renuncia a la acción penal). Este es un procedimiento que asumirán los fiscales delegados ante la corte.

SEMANA: ¿Lo que se dijo sobre los 4,6 millones de dólares es mentira?
A.C.: Seguramente, los fiscales delegados ante la corte que recibieron el caso precisarán estos espesos asuntos.

SEMANA: ¿Quién falta por responder?
A.C.: Muchos. En mi particular criterio, falta por lo menos un 60 por ciento de gente.

SEMANA: Entre los faltantes está el abogado Yesid Arocha, que a pesar de los anuncios, hasta el sol de hoy no tiene una imputación en Colombia... 
A.C.: Esa parte la estaba manejando Daniel Hernández, lo asumí en reasignación hasta el 7 de febrero, cuando se hizo la entrega material y material en Colombia.

SEMANA: ¿Arocha está buscando una negociación con la justicia?
A.C.: No me puedo referir a eso y menos ahora que no soy la fiscal del caso.

SEMANA: En otros países, el caso Odebrecht tumbó hasta presidentes. ¿Por qué en Colombia no? 
A.C.: Hay que remitirse a las legislaciones de esos otros países en donde la figura del aforado no se maneja como en Colombia, yo no puedo atribuirme funciones o actividades que la norma superior prevé para aforados

SEMANA: ¿Usted conoció a Jorge Enrique Pizano que en paz descanse?
A.C.: Sí, porque lo cité a rendir una declaración jurada. No podría precisar si fue 10 o 20 días antes de irme a vacaciones, cuando tuve el siniestro en Chile… Él estuvo en mi oficina conversando y solicitando protección. Pudo ser a finales de septiembre, comienzos de octubre. Él creía que por ser testigo le podía generar riesgos. Es natural y humano. Yo alcancé a tramitar con la Unidad de Protección de testigos un estudio para que se revisara si era necesario darle un esquema de seguridad.

SEMANA: Pizano parecía ser un testigo que tenía más información para Daniel Hernández, por su conocimiento en los contratos ficticios, que para usted. ¿Por qué va a su despacho?
A.C.: Podría decirse que tiene razón, pero él era el controller de la Concesionaria Ruta del Sol II y nosotros lo teníamos citado para el caso de José Elías Melo.

SEMANA: ¿Por qué solicitó protección?
A.C.: Normalmente la gente que va a ser testigo de la Fiscalía le expone a uno motivaciones de riesgo. Él creía que por ser testigo de la Fiscalía esto le podía generar inseguridad. Es natural y humano. Yo alcancé a tramitar con la Unidad de Protección de testigos un estudio para que se revisara si era necesario darle un esquema de seguridad.

SEMANA: ¿Pizano le entregó información?
A.C.: Dio su testimonio como controller de la Concesionaria. También entregó una relación de los contratos ficticios. En este momento hay varios de esos procesos sobre estos temas que pasaron a manos de los delegados ante la corte. 

SEMANA: En la carta que usted le envió al fiscal general, habló por primera vez sobre lo que le pasó en Chile. ¿Por qué dice que fue un atentado?
A.C.: En Chile, se inició una investigación y tengo entendido que la archivaron. En la carta expliqué y seguramente, si se inicia una investigación aquí, tendré que ampliar. Yo cuento con fotografías y un informe de un técnico chileno automovilístico que sustentan mi afirmación.

SEMANA: ¿Qué tan concluyentes son las evidencias para llevarla a afirmar que no fue un accidente en carretera?A.C.: Los elementos los pongo yo como una investigadora de 30 años de trayectoria. Y eso tendría que evaluarlo la autoridad a la que le corresponda.

SEMANA: ¿Usted dónde estaba cuando se entera de la muerte de Pizano?
A.C.: Tuve el accidente el 12 de octubre. Estuve 10 días en estado de coma. Volví solo a mediados de diciembre y cuando llegué me enteré de lo de Pizano. Quedé supremamente sorprendida por el deceso.

SEMANA: ¿Qué fue lo que ocurrió allá?
A.C.: Iba con mi hija, mi sobrina y los dos hijos de mi sobrina. Todos los ocupantes tuvimos traumas, el mío fue el más grave. Tuve un trauma craneoencefálico grave. Tuvieron que inducirme a estado de coma. Si en 10 días no reaccionaba había que recurrir a una traqueotomía. Gracias a Dios recobré el conocimiento. 

SEMANA: ¿Usted dice que sacándola del proceso lo que buscan es su retiro del ejercicio profesional?
A.C.: Si a mi me quitan toda la carga laboral, pues uno piensa a renglón seguido viene la renuncia. Tengo estatus de pensionada. Yo lo único que perdí en el accidente fue el ojo izquierdo, no la memoria. Y las capacidades para pensar y tomar decisiones tampoco. No puedo permitir que públicamente que se me haga este tipo de señalamientos. Mi familia ha tenido que soportar mucho. 

En contexto:

SEMANA: Sospecha un atentado en su contra tenía relación con lo que estaba conociendo dentro del proceso de Odebrecht?
A.C.: Tal vez

SEMANA: ¿Lo que acababa de escuchar sobre Pizano?
A.C.: No, Pizano no. Solo tengo elementos básicos.

SEMANA: Si usted dice no se casa con los procesos, por qué escribirle esa carta vehemente a Barbosa cuando se los quitó... 
A.C.: Intenté hablar muchas veces con el fiscal. Quería enterarlo de los pormenores del proceso. Solicitamos reuniones que nunca se dieron. A través de su secretaria me pidió un informe en sobre cerrado. Lo entregué pero no me citaba a ninguna reunión. Y yo no podía parar los procesos, tenía que continuarlos. En uno de los casos que llevaba Daniel Hernández, más conocido como “Carta Presidentes”, ordené que los exmandatario declararan. Eso se lo informé a José Salomón Strusberg, al que fue director de Anticorrupción por dos días. También me reuní con la nueva directora Myriam Medrano. Y solicité hablar con la vicefiscal el 3 de marzo a las 11:30 am, estaba presente el nuevo coordinador de la delegada ante la corte, Gabriel Jaimes. La reunión fue repentinamente suspendida para las horas de la tarde. Pero pasaron unas horas, abrí el computador y vi la resolución del señor fiscal general disponiendo que Odebrecht sería instruido por Jaimes. 

SEMANA: ¿Qué fue en concreto lo que les dijo en esa reunión?
A.C.: Les dije que básicamente uno de los procesos que recibí de Daniel Hernández había que activarlo. Mencioné que había elementos para solicitar una audiencia de imputación e imposición de medida y que necesitábamos las declaraciones de los expresidentes para sustentar  el asunto.

SEMANA: En su carta también dice que había decidido llamar a declarar a Luis Carlos Sarmiento Angulo...
A.C.: Lo llamé porque es elemental, las empresas de él son socias de la Concesionaria Ruta del Sol y de Consol, de donde hacía parte Odebrecht. No es la primera vez que lo llamó, era un tema que siempre conversabamos con el grupo de trabajo porque no hacerlo era omitir un deber legal.

SEMANA: ¿A usted la allanaron?
A.C.: Ese día llegó en la mañana el coordinador, el doctor Jaimes, diciendo que entregue los procesos. Le dije, hay que hacer trámite administrativo, llenar formatos. Yo así no le puedo entregar así no más, entonces con él acordamos que fuera a las dos de la tarde. Yo me paro en la puerta y le dije, esto tiene cara de allanamiento. Creo que esa era la intención. Pero yo tengo mi genio. Y cuando vi a ese montón de gente les dije: no soy ninguna delincuente.

SEMANA: ¿Por qué solo hasta, cuando le quitan el caso, habla de todo esto?
A.C.: Para serle sincera yo me quería reservar todo. Alguien me dijo que para seguir viviendo con tranquilidad era mejor no hacer ninguna referencia a lo sucedido en Chile. Se trató de un evento drástico que afectó mi vida, sentí temor, físicamente miedo, yo me desplazaba con tres menores de edad dentro de los cuales estaba mi hija. Perdí la visión de mi ojo izquierdo. Seguramente usted se preguntará por qué no me retiré de la Fiscalía y le puedo responder que lo pensé muchas veces. Pensé que había llegado el fin de mi vida laboral a raíz del ataque contra mi vida. Pero decidí seguir porque definitivamente este trabajo ha sido punto fundamental de mi recuperación, por eso sigo aquí, aún con la advertencia de este ataque. Escuché a un periodista decir que escribí la carta en un momento de efervescencia. No fue así, lo hice de manera pausada, tranquila. Es más, esa carta debió tener más aspectos. 

SEMANA: Cómo cuáles...  
A.C.: De todo el devenir del proceso. Realmente me queda muy complicado decirlo. 

SEMANA: ¿A qué le teme?
A.C.: Me voy a referir a algunas declaraciones del fiscal general. Yo a él lo conocí cuando fue efímeramente fiscal de la Unidad de Derechos Humanos. No recuerdo cuántas condenas he obtenido a lo largo de mi vida profesional como para que el señor fiscal diga que llevo muchos años sin hacer nada. Quiero preguntar cuántas condenas obtuvo él siendo fiscal. Que me nombre una. Yo fui fiscal seccional, fiscal regional sin rostro, especializada y delegada ante tribunal. En esta trayectoria obtuve sentencias en casos como La Rochela, la masacre de Segovia, Mapiripán, Puerto Alvira, Jesús María Valle, La Granja, me condecoraron con la medalla Low Murtra en el 2017. Mi reacción no es porque me crea dueña de un proceso. Es porque un funcionario habló mal de mi gestión sin conocerla.