Análisis: implicaciones del archivo de la CPI a investigación preliminar por violaciones de derechos humanos

Colombia recibió una noticia muy importante en materia de derechos humanos. Luego de reunirse con el presidente Iván Duque, la Fiscalía, la Procuraduría, las altas Cortes e incluso la Jurisdicción Especial para La Paz, el fiscal Karim Khan, de la Corte Penal Internacional, informó la decisión de archivar la investigación preliminar por violaciones de Derechos Humanos en Colombia.

Según dijo Khan, esto se da de manera condicionada a temas como la garantía en el cumplimento efectivo de la justicia y el respeto por las instituciones.

La noticia es muy importante, pues la vigilancia de la CPI es un asunto que deja en entredicho la legitimidad de todo el aparato de justicia del país y ponía a Colombia a la altura de países en los que las dictaduras se apropian de lo que le compete a la rama o que está simplemente no tiene garantías. Por el contrario, con la de archivar de forma preliminar la investigación se le da un espaldarazo al Gobierno, aunque no es total. La Corte Penal Internacional tomó una decisión temporal que estará revisando.

Para entender mejor la decisión SEMANA habló con el profesor y abogado penalista, Francisco Bernate, quien explicó que significa que los mecanismos de justicia en Colombia están funcionando en temas como Justicia y Paz, justicia ordinaria y la JEP. Según el abogado la Corte Penal Internacional interviene cuando hay asuntos de su competencia y la jurisdicción interna no funciona. Considera además que estos crímenes no tienen vocación de impunidad y es un respaldo a la justicia Colombia.

Y sí se convierte en un respaldo al sistema de justicia del país que ha sido cuestionado incluso por sectores afines del Gobierno que la han emprendido contra tribunales como la JEP, nacido del proceso de paz con las Farc, en el que están compareciendo exguerrilleros, militares y terceros involucrados en el conflicto. Ahí han emergido temas como los falsos positivos, de los cuales el tribunal transicional hizo un primer balance de 6.402 hechos, lo que abrió el debate y generó cuestionamientos que hoy pierden peso con el respaldo de la CPI.

De otro lado, constitucionalistas como el profesor Alejandro Magaldi, de la Universidad Externado de Colombia, explica que es una gran noticia para el país la decisión que toma la CPI. Aunque señala que esto no significa que la Corte Penal Internacional cese en su tarea de observar el desarrollo de las investigaciones y del juzgamiento de las graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario, en el marco del conflicto armado en Colombia, es un hecho que es un voto de confianza.

“La CPI actúa bajo la idea de la complementariedad y de la subsidiariedad, es decir que solamente es competente cuando en Colombia no se responde a las exigencias de justicia. Y lo mismo en el caso de que haya un cambio sustancial en las instituciones que tiendan a dejar de investigar de manera adecuada, pues entonces la Corte recobrará competencia para volver a investigar lo que esté sucediendo en el país”, explicó el constitucionalista Magaldi.

Así las cosas, y pese a las críticas o puntos a mejorar en el sistema de justicia del país, en el que está pendiente una profunda reforma que ha sido imposible de tramitar en el Congreso de la República, el Colombia la justicia opera y sus diferentes instancias cuentan, según la decisión, con garantías procesales y independencia.

Para el abogado penalista y analista, Óscar Sierra: “Esto significa un claro espaldarazo tanto a la Justicia Ordinaria como a la Justicia Especial para la Paz. Sin embargo, sobre esta última se debe decir que, si bien se entiende que es una jurisdicción relativamente nueva, la verdad es que no hay expedido una sola decisión y de seguir así la competencia de la Corte Penal Internacional puede volver a intervenir para asegurar que los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz como son contar la verdad y asegurar la no repetición se cumplan de manera efectiva.”

En síntesis, Colombia estaría en la capacidad de procesar y juzgar casos que se consideran graves en el marco de violaciones de derechos humanos, un asunto que justamente se está tratando hoy en los tribunales, no los de la JEP, también desde hace varios años en Justicia y Paz que ha venido arrojando resultados y sobre el sistema penal ordinario donde también se llevan proceso de este tipo.

Precisamente, el martes de esta semana el presidente de la república, Iván Duque, sostuvo una crucial reunión de alto nivel con Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional, encuentro que se desarrolló en la Casa de Nariño. El mandatario colombiano reveló detalles sobre ese evento.

El jefe de Estado calificó como productiva la reunión que tuvo con Khan al señalar que se profundizaron varios temas. Duque indicó que se dejó claro que su gobierno tiene cero tolerancia con la impunidad en casos relacionados con crímenes de lesa humanidad.

“Tuvimos una reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, que está en una visita en nuestro país, se ha reunido también con miembros de la sociedad civil y otras instituciones, yo creo que el fiscal tiene un testimonio claro y hemos podido también conversar sobre los avances que ha tenido Colombia en todos el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición”, sostuvo Duque.